Yucatán
Como se ha informado en otras entregas, Homún está siendo amenazado por la industria porcícola. Desde finales de 2016, se empezó a instalar, en dicho pueblo, una megagranja porcícola: Producción Alimentaria Porcícola, conocida como PAPO. El pueblo maya de Homún está ubicado en la reserva de agua dulce más importante en México, la reserva geohidrológica del “Anillo de los Cenotes”. Yucatán resguarda dos terceras partes del agua renovable de todo el país y Homún se encuentra en la “zona de recarga”, es decir, la que más fácilmente filtra el agua de la lluvia para su distribución subterránea natural. A pesar de ello, la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) aprobó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de la megagranja porcícola de PAPO, con una capacidad de 50 mil cerdos, incluso sin tener el Plan de Manejo Integral. La región es una de las más vulnerables de contaminación y que se sigue rigiendo con criterios ecológicos que no aplican para el tipo de suelo de Yucatán. En dicho municipio también se encuentra la reserva ecológica de Yalahau, cuando se decretó el área natural protegida con atribución de parque estatal, mismo que cuenta con certificado RAMSAR desde 2007, es decir que debe de estar protegida según los criterios de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. La granja PAPO es una aparcera de una empresa mayor, Grupo Porcícola Mexicano conocido principalmente como Kekén y que, a partir del caso de Homún, han aparecido di stintos pueblos con afectaciones ambientales debido a la presencia de las granjas porcícolas, como ha ocurrido en los pueblos de Kinchil, Tabi en Sotuta, San Fernando y Paraíso en Maxcanú, entre otros, que hoy se enfrentan a la industria porcícola la cual afecta un bien que es de interés, no sólo para dichos pueblos, sino para todos los mexicanos: el agua. Cuando el pueblo se enteró de la instalación de la megagranja se organizaron y conformaron, en 2017, Kanan Ts’ono’ot (guardianes de los cenotes) para defender como pueblo el modelo de vida y desarrollo que ellos mismos han construido, el cual tiene como una de las actividades económicas principales el ecoturismo en cenotes, amenazado por la granja porcícola. Desde dicha organización se han enfrentado contra la empresa PAPO y contra Kekén, en una lucha que ha dejado en evidencia las reiteradas violaciones a los derechos indígenas del pueblo maya, principalmente el derecho a la autonomía y a la libre determinación, pero también el derecho a un ambiente sano, a una vida digna y el derecho a un bien común como es el agua. Aunado a esto, en 2018, un grupo de niñas y niños del pueblo maya de Homún, junto con sus representantes legales, demandó a la granja PAPO alegando el derecho de la infancia a la salud, a una vida digna, al agua, a la autonomía y a un ambiente sano. Con ello, se logró obtener la suspensión por parte de Poder Judicial para paralizar el funcionamiento de la granja. En agosto de 2019, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en estos días se discutirá también la posibilidad de atracción de las violaciones a la suspensión realizadas por el gobierno. La Suprema Corte tiene la posibilidad de generar nuevos criterios sobre el principio precautorio en materia ambiental y establecer lineamientos para que se tome en consideración la precaución como base del derecho ambiental y la protección a la salud de la población ante los posibles daños de nuevas tecnologías. Es una oportunidad para que se revisen los criterios internacionales en materia de afectación y daño y derechos humanos. Este juicio es de importancia para la península de Yucatán ya que la reserva de agua dulce más grande de México está siendo amenazada y contaminada ante la industria porcícola, pero también saqueada ante diversos megaproyectos de extracción acuífera. El aumento de la demanda de carne de cerdo a nivel nacional e internacional, ha derivado en el incremento de la producción porcícola en la Península de Yucatán. La contaminación de agua y suelo que se produce principalmente, a través de los desechos de los animales es el principal problema que ocasiona la producción porcina y, en general, cualquier actividad pecuaria. En Yucatán, de acuerdo con los reportes obtenidos por la Conapo en 2010, la zona porcícola presenta una contaminación por desechos pecuarios seis veces mayor que la que puede producir la población humana asentada en ese lugar. Hasta la fecha son muy escasos los estudios sobre la cuantificación y análisis de la contaminación del agua subterránea relacionadas con las granjas porcícolas. Por lo que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) deben de actuar de manera urgente y realizar monitoreos periódicos a las descargas de agua de las granjas porcícolas, así como a la calidad del agua de pozos y cenotes aledaños a ellas. Ya que, los proyectos agropecuarios no pueden derivar de la destrucción de la naturaleza ni de la violación a los derechos humanos. Frente a esta situación de las granjas porcícolas, junto con otros megaproyectos que se están documentando y que afectan al agua y al medio ambiente, el gobierno federal tiene que garantizar que se respeten los derechos humanos y ambientales, frente a los intereses empresariales y extractivistas. Kanan Ts’ono’ot (Guardianes de los Cenotes) vía INDIGNACIÖN
