El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan para enfrentar la crisis económica mundial causada por el COVID-19 y el “modelo neoliberal”, que implica la aplicación urgente de medidas de austeridad en su Gobierno para aumentar el presupuesto en 622 mil 556 millones de pesos, que permitirá fortalecer el blindaje de los programas sociales y proyectos prioritarios.
Se pospondrán las acciones y el gasto del gobierno, con excepción de 38 programas prioritarios, entre los que se incluye el Tren Maya, el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, Jóvenes Construyendo el Futuro, apoyo a adultos mayores y construcción de la refinería de Dos Bocas.
López Obrador aseguró que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales materiales y suministros, esto incluye a los supuestamente comprometidos; además se cancelan 10 subsecretarias y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.
Explicó que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal, sólo se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores.
El jefe del Ejecutivo advirtió que se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa y los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. Esta medida aplica desde los subdirectores hasta el Presidente de la República.
La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrán utilizar sin autorización de la dependencia recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del poder Ejecutivo.
Reiteró que se otorgarán tres millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media.
Asimismo, se crearán dos millones de nuevos empleos, lo cual hará posible proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalente a 25 millones de hogares, todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos y sin endeudar al país.
El mandatario anunció que se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación hasta el primero de agosto y deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al pública y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.
Estas medias aplican para todo el Poder Ejecutivo federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.
El presente decreto entrará en vigor a partir de hoy y Hacienda tiene un plazo no menor a 180 días para llevar a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal.
El plan ecónomico de AMLO no incluye el llamado del Consejo Coordinador Empresarial a suscribir un “gran convenio nacional”, para los próximos 90 días, entre el gobierno federal, empresarios, trabajadores y el sector social, a fin de enfrentar la contingencia económica, el Presidente se limitó a explicar que las acciones no implican endeudarse como se hacia en administraciones pasadas para el rescate económico de México, luego de la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19.
