Por una mayoría amplia de 6 a 1 (con la única oposición del presidente, José Luis Vargas) el Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de la candidatura de Félix Salgado Macedonio por considerar que durante el proceso de fiscalización actuó de manera “dolosa” y “deliberada” para negar su calidad de precandidato, su obligación de presentar de informes de gastos de precampaña y negar la realización de actos de proselitismo que fueron confirmados por la autoridad.
La gravedad de la sanción, argumentaron, pretende consolidar el modelo de fiscalización y rendición de cuenta de los actores políticos.
De igual forma, se determinó que la omisión de la entrega del informe de gastos de precampaña también se determinó -por 5 votos a 2 – cancelar la candidatura de Raúl Morón a la gubernatura de Michoacán.
Se consideró que aun cuando en este caso, sí hubo una entrega del informe de gastos de precampaña lo hizo el 22 de marzo, cuando ya el INE no podía realizar su tarea de fiscalización.
Se indicó que también hubo responsabilidad en ambos casos de Morena al negar que hubiera de precandidatos, aun cuando en ambos casos se confirmaron actos de proselitismo de los aspirantes sancionados.
Conforme a los proyectos aprobados, el TEPJF otorgó 48 horas al partido Morena a fin de que realice la sustitución de candidaturas.
Durante la sesión de la Sala Superior, al confirmar la sanción impuesta por el instituto Nacional Electoral, en el proyecto aprobado se determinó que el derecho de audiencia de Salgado Macedonio fue respetado en todo momento.
Sin embargo, el aspirante en todo momento negó tener la calidad de precandidato, lo cual, destacaron, fue confirmado desde que el propio TEPJF resolvió el recurso anterior de Salgado Macedonio
“Se confirmó que Salgado Macedonio si era precandidato; quedó probado que estuvo presente en diversos eventos, hizo recorridos e hizo llamados a obtener el respaldo de la ciudadanía, dijo que ganaría encuestas para la candidatura”.
Para los magistrados, Salgado incurrió en una “conducta dolosa porque conocía su carácter de precandidato, sabía de sus obligaciones que tenía, esta probado que se registró como precandidato.
Hizo actos de precampaña,pero cuando compareció ante la autoridad electoral negó tener obligación porque negó que era precandidato”.
Estimaron que salvaguardar el sistema de fiscalización y rendición de cuentas amerita imponer las sanciones más drásticas. Responsabilizan al partido de haber negado la realización de precampañas cuando se detectaron actos de proselitismo de los militantes interesados en obtener la candidatura. Con información de La Jornada
