Policia

Pasará 6 años en la cárcel por abusar sexualmente de su ex esposa

Acusado del delito de violación, R.C.K. fue declarado penalmente responsable en un juicio abreviado y sentenciado a seis años de prisión por los hechos ocurridos en la localidad de Tixcancal, en el municipio de Tizimín.   Tras contar con la anuencia de las partes, se celebró un procedimiento abreviado donde la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso los datos de prueba reunido en la causa penal 57/2024, por lo que el sentenciado deberá cubrir una multa equivalente a 750 UMA’s y el pago de la reparación del daño. Además, le fueron suspendidos sus derechos políticos, recibirá una amonestación pública y tiene prohibido acercarse a la víctima. Los hechos reunidos por la Fiscalía, ocurrieron el 15 de julio del año 2024 cuando R.C.K. ingresó al predio de la víctima, quien era su ex pareja sentimental, para exigirle que tuvieran relaciones sexuales, a lo que ésta se negó por lo que el sentenciado recurrió al uso de la fuerza para someterla y agredirla sexualmente.     La audiencia se celebró en el Juzgado del Quinto Distrito, con sede en Valladolid, donde la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio y estableció las penas a cumplir del encausado.

Yucatán

Proponen iniciativas para garantizar que el sistema judicial actúe con perspectiva de género

En Sesión del Pleno del Congreso de Yucatán fue presentada esta mañana una propuesta para reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de garantizar que el sistema judicial actúe con empatía y perspectiva de género en casos donde las mujeres se defienden de sus agresores. Al presentar la iniciativa, la diputada de morena, Neyda Pat Dzul destacó que “vivir sin violencia es un derecho y defenderse no es un delito”, por lo cual propuso la llamada “Ley Alina” para establecer la presunción de legítima defensa para mujeres víctimas de violencia y ampliar las órdenes de protección con la finalidad de incluir atención médica, psicológica y anticoncepción de emergencia sin denuncia previa. Con esta iniciativa, dijo, no se considerará exceso cuando la mujer haya actuado bajo miedo, terror o desigualdad física, porque así son las agresiones: desiguales, asimétricas y cargadas de poder. Buscamos eliminar trabas históricas que revictimizaban, como exigir denuncias previas o antecedentes documentales, y ordenamos que el Ministerio Público y Personas Juzgadoras valoren el contexto, el miedo, el pánico o la desigualdad física al momento del hecho. En uso de la palabra, la diputada María Esther Magadán Alonzo (morena) presentó por su parte una iniciativa que busca tipificar como delito el incumplimiento del procedimiento de entrega-recepción por parte de los presidentes municipales al término de su gestión, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. La propuesta plantea adicionar el artículo 250 Bis al Código Penal del Estado de Yucatán, estableciendo penas de hasta tres años de prisión y multas para quienes, sin causa justificada, omitan cumplir con el proceso de traspaso de la administración conforme a la normatividad. La diputada Alba Cob Cortés (morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el delito de transhomicidio, con el objetivo de reconocer, sancionar y prevenir la violencia extrema contra personas transgénero en la entidad. La iniciativa, construida junto con colectivos, organizaciones civiles e instituciones estatales propone establecer penas de 40 hasta 80 años de prisión y visibilizar un fenómeno que, al no estar reconocido legalmente, ha permanecido en la impunidad y la invisibilidad institucional. Con el fin de garantizar atención médica inmediata y prevención en las escuelas, la diputada Aydé Verónica Interián Argüello (morena) presentó una iniciativa para implementar la Enfermería escolar, y que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud trabajen de manera coordinada para establecer los lineamientos técnicos, presupuestales y administrativos necesarios, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad. La diputada Sayda Rodríguez Gómez, del Partido Acción Nacional, propuso abrogar la actual Ley de Protección a la Flora y Fauna del Estado y crear una nueva ley en materia de Protección Animal de Yucatán; mientras que el diputado Rafael Montalvo Mata, también del PAN, presentó una iniciativa para crear una Ley Estatal de Protección y Atención Integral a Migrantes Yucatecos y sus Familias. La diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa denominada “Uniformes Neutros”, que promueve la igualdad en el ámbito educativo. El diputado Gaspar Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para otorgar permisos laborales a mujeres y personas menstruantes diagnosticadas con dismenorrea, endometriosis u otros padecimientos relacionados con el ciclo menstrual; y por su parte, el diputado Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado de Yucatán en materia presupuestal. Durante la sesión, se aprobó el acuerdo suscrito por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario autorizando que dicha Comisión pueda sesionar este viernes 7 de noviembre en el municipio de Tizimín. Esto en el marco de los trabajos legislativos sobre la iniciativa que expide la Ley de Ganadería para el Estado de Yucatán. Asimismo, por unanimidad se probó el dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, que avala 12 informes individuales de fiscalización de la cuenta pública 2024, correspondientes a 11 municipios y un organismo público descentralizado. Durante la sesión se recibieron diversos oficios, se turnaron a las comisiones correspondientes iniciativas presentadas con anterioridad y, en Asuntos generales intervinieron, la diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez de morena, los legisladores del PAN, Manuela Cocom Bolio y Roger Torres Peniche, y el diputado de MC, Osante Solís con diversos temas.  

Yucatán

Exigen juicio político al alcalde de Ucú por deuda superior a 1.4 millones de pesos

Tres ciudadanas del municipio de Ucú presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una denuncia ciudadana de juicio político en contra del presidente municipal, a quien acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial e incumplimiento de acuerdos de Cabildo, lo que ha derivado en un grave perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento. Las promoventes, Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, comparecieron mediante escrito formal en el que solicitan la intervención del Poder Legislativo conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, argumentando que el alcalde ha sostenido una conducta “ilegal y contumaz” que atenta contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Las ex trabajadoras, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado y con Elsa María Rodríguez Luna como su representante común, explicaron que fueron despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú, motivo por el cual promovieron un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Tras un proceso que concluyó en diciembre de 2021, el Tribunal dictó un laudo condenando al Ayuntamiento de Ucú al pago de $253,040.83 pesos a cada una de las tres demandantes, es decir, un total de $759,120 pesos. Sin embargo, a pesar de que se otorgó un plazo de quince días para el cumplimiento, el presidente municipal ignoró la sentencia y desobedeció la orden judicial, permitiendo que el adeudo creciera progresivamente hasta alcanzar $1,425,840 pesos, de acuerdo con los acuerdos judiciales más recientes. Según el documento presentado ante el Congreso, el propio Cabildo de Ucú acordó en sesión solemne del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda laboral; sin embargo, el alcalde no cumplió con el mandato del órgano colegiado y tampoco ejecutó las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. El texto denuncia que incluso el presidente municipal habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo, presentando oficios que carecen de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, entre ellas el Gobernador del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso del Estado, lo cual, sostienen, podría constituir una falsificación documental y fraude procesal. En la denuncia se detalla que, por la omisión e indolencia del alcalde, el monto original del laudo prácticamente se duplicó, generando un daño directo al erario municipal y afectando el prestigio y la solvencia del Ayuntamiento. “Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento. Ante esta situación, las denunciantes solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán que dé curso legal a la denuncia y determine la procedencia del juicio político en contra del presidente municipal, por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial. La denuncia, presentada este martes 4 de noviembre de 2025, fue recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde se turnará a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual resolución conforme a la normatividad vigente. Finalmente, las promoventes expresaron su confianza en que el Congreso del Estado actúe con imparcialidad y firmeza, pues consideran que la justicia no solo implica el cumplimiento de la ley, sino también el respeto a la dignidad de las personas y la defensa del patrimonio público.

Policia

Sentenciado a 12 años por violación equiparada agravada

En un procedimiento de juicio abreviado y en presencia de las partes involucradas, S.R.H. fue declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una menor de edad, por lo que fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de 4,500 días multa.   De acuerdo con la información contenida en la causa penal 82/2023, los fiscales de litigación de la Fiscalía General del Estado presentaron los datos de prueba suficientes ante la Juez de Control del Tercer Distrito Judicial, quien valoró los elementos expuestos y emitió el fallo condenatorio correspondiente.   Los hechos ocurrieron el último fin de semana de noviembre de 2020, cuando el acusado ingresó a un predio ubicado en la colonia Yucalpetén, en la ciudad y puerto de Progreso, donde se encontraba la víctima menor de edad, a quien agredió sexualmente.   Finalmente se dispensó la audiencia de lectura y explicación de sentencia, además de renunciar a los plazos, por lo que quedó en firme la pena señalada.

Policia

Una mujer se queda tras las rejas por intento de homicidio

Tras cumplirse el plazo constitucional que le fue otorgado durante la etapa inicial, D.M.L.H. fue sometida a una segunda audiencia en la cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los elementos de prueba suficientes para resolver su situación legal, tras ser acusada del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.   Durante la sesión realizada en el Juzgado Primero de Control de Valladolid, el Juez valoró la investigación realizada por esta representación social, por lo que decretó el auto de vinculación a proceso, fijó un plazo de tres meses para continuar con la indagatoria y ratificó la prisión preventiva como medida cautelar vigente durante todo el proceso.   Cabe recordar que, según la causa penal 90/2025, los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre en un departamento ubicado en la colonia San Juan de Valladolid, donde el agraviado se encontraba durmiendo, cuando la acusada se introdujo y aprovechó para atacarlo con un instrumento punzo cortante.   Lo anterior, provocó una herida en la víctima, quien por la agresión despertó y salió del lugar para pedir auxilio, mientras que la acusada intentó darse a la fuga.

Policia

A prisión por hacerle la vida imposible a sus padres

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara los datos de prueba en los que se le acusa de amedrentar a sus padres, M.C.M. fue imputado por el delito de violencia familiar, hechos que derivaron en la causa penal 92/2025.   Según la denuncia, el pasado 29 de octubre el encausado amenazó a sus progenitores con hacerles daño, hecho por el cual éstos se encerraron en una habitación del domicilio familiar, en la colonia Cenzotle de Tizimín.   Tras dañar la puerta de acceso e ingresar de manera violenta a la habitación, las víctimas se valieron de pedazos de leña para defenderse y salir de la casa para solicitar ayuda policiaca, pues no es la primera vez que los agredía y amenazaba.   Por ello, los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, misma que se resolverá el próximo cinco de noviembre tras la prórroga solicitada por la defensa.   Antes de dar por concluida la audiencia, el Juez Primero del Quinto Distrito concedió la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía como medida cautelar, misma que estará vigente por el tiempo que dure el proceso judicial.

Policia

Tres sujetos pasarán más de un año de prisión por golpear a su hermana

Acusados de ejercer violencia física en contra de su hermana, A.C.C., A.C.C. y C.M.C.C. fueron declarados penalmente responsable del delito de violencia familiar, por lo que fueron sentenciados a un año y 22 días de prisión por los hechos ocurridos en la colonia Fernando Novelo, en la localidad de Valladolid. Durante el proceso celebrado ante el Tribunal Unitario 1 de Enjuiciamiento, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas periciales que permitieron la sentencia privativa de la libertad, el pago por la reparación del daño moral, la suspensión de los derechos políticos de los acusados y la prohibición para acercarse a la víctima por un plazo de tres años luego de compurgar la sentencia. La investigación realizada por la FGE, que derivó en la causa penal 33/2022 que se desahogó durante su etapa inicial ante el Juzgado del Quinto Distrito, con sede en Valladolid, establece que el 16 de noviembre del año 2020, en horas de la tarde, los sentenciados propinaron golpes a la víctima, que le provocaron lesiones que tardan en sanar menos de quince días, determinó un perito del Servicio Médico Forense. Antes de finalizar la audiencia, la autoridad judicial convocó a las partes para el próximo nueve de noviembre realizar la lectura y explicación de sentencia.

Policia

Sentenciado a más de seis años de prisión por golpear a su cónyuge

Por el delito de violencia familiar y lesiones, A.S.M., fue sentenciado a más de seis años y 10 meses de prisión, por haber agredido de manera física y psicológica a su cónyuge en un predio de Umán.   Luego de los documentos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado (FGE) y con la anuencia de las partes involucradas, se dio paso a un juicio abreviado, luego de los hechos contenidos en la causa penal 17/2025 que se sigue en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito con sede en Umán.   El resultado de la audiencia se dictaminó luego de que la Juez evaluó los documentos de prueba expuestos por los fiscales de litigación, tras los hechos ocurridos en un predio ubicado en el fraccionamiento Piedra de Agua, Umán, en donde el encausado violentó a la víctima.   Además de la pena de prisión citada, también deberá cumplir con el pago de la reparación del daño, recibió amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos, además de la prohibición de acercarse a la víctima directa, así como al domicilio donde ésta habita de manera permanente y definitiva, finalizando con la dispensa de la lectura y explicación de dicha sentencia.

México

Simón Levy sí fue detenido en Portugal… pero lo soltaron, asegura

El caso de Simón Levy Dabbah, exsubsecretario de Planeación Turística del Gobierno de México, volvió a causar revuelo luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmara su detención en Portugal, pero el propio Levy afirmara que fue liberado. De acuerdo con el comunicado oficial difundido por la FGJ-CDMX el martes 29 de octubre, la aprehensión se realizó con ayuda de la Interpol y autoridades portuguesas, en cumplimiento de dos órdenes judiciales por los delitos de daño en propiedad ajena, amenazas y violaciones a la ley ambiental. “Fue detenido en cumplimiento de mecanismos de cooperación internacional, por la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos”, informó la dependencia. Los cargos que enfrenta Las investigaciones en su contra derivan de dos causas penales abiertas en la Ciudad de México. La primera está relacionada con irregularidades en obras de construcción y presuntos daños ecológicos, mientras que la segunda corresponde a amenazas y agresiones verbales hacia un particular, caso que se hizo público en 2021 tras difundirse un video donde el exfuncionario discutía con un vecino. Según la Fiscalía, Levy habría evadido audiencias judiciales en reiteradas ocasiones, motivo por el cual se solicitaron las órdenes de aprehensión y se emitió una ficha roja internacional. Su versión: “Estoy perfectamente bien” A pocas horas de que la noticia de su detención se viralizara, el propio Simón Levy utilizó su cuenta oficial en X (antes Twitter) para desmentir que estuviera bajo custodia. “Mexicanos: Estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud. Los quiero, voy a descansar hoy”, escribió. El exfuncionario también negó que existiera una ficha roja de Interpol en su contra y aseguró que las acusaciones responden a una campaña de desprestigio. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido una actualización sobre su supuesto traslado o liberación, aunque fuentes diplomáticas consultadas por Excélsior confirmaron que Levy fue liberado tras acreditar su situación migratoria ante las autoridades portuguesas. Reacción del Gobierno capitalino La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada sobre el caso durante una conferencia de prensa y confirmó que el exfuncionario sí había sido detenido. “Tenemos conocimiento de que fue localizado y detenido en Portugal. Es un tema de la Fiscalía capitalina que está siguiendo el proceso conforme a la ley”, afirmó la mandataria. No obstante, reconoció que la información sobre su liberación aún debía ser corroborada por los canales diplomáticos correspondientes.

Policia

Imputada por homicidio ocurrido en Caucel

Acusada de causar la muerte de su pareja sentimental, la ciudadana M.C.N.M. fue imputada por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de homicidio calificado, tras los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la localidad de Caucel Pueblo, comisaría de Mérida.   Durante la audiencia inicial celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Juez de Control calificó de legal la detención y la ratificó, para que a continuación los fiscales de litigación formularan la imputación del delito y argumentaran la vinculación a proceso, pero la acusada solicitó que su situación se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que se citó a las partes para definir la condición jurídica el próximo 30 de octubre.   Con relación a los hechos, reunidos en la causa penal 655/2025, se establece que ocurrieron en horas de la noche del pasado 25 de octubre, en el interior de un predio de la citada comisaría.   De acuerdo con la indagatoria realizada por los especialistas de la Fiscalía, la víctima estaba en el interior del predio, donde también se encontraba la imputada, quien presuntamente lo lesionó en el tórax, lo que a la postre le causó la muerte a consecuencia de un traumatismo abierto de tórax secundario a herida por instrumento punzo cortante, tal como dictaminó un perito del Servicio Médico Forense de la FGE.   Por último, se solicitó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que la acusada permanecerá privada de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos.