Policia

Vinculado por amenazar a sus padres en Tizimín

Acusado por agredir verbalmente a sus padres, a quienes también amenazó de muerte, M.C.M., fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, situación que se presentó en un domicilio ubicado en la colonia Cenzontle de Tizimín.   En la reciente audiencia, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos de prueba de la causa penal 92/2025, con los cuales el Juez Primero de Control del Quinto Distrito, dictó auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.   Durante la audiencia inicial los fiscales establecieron que el pasado 29 de octubre del presente año, el encausado amenazó a sus padres con privarlos de la vida, por lo que se encerraron en su habitación y ahí se mantuvieron por 20 minutos hasta que el ahora imputado logró dañar la puerta para ingresar.   Para defenderse y evitar ser agredidos físicamente, los padres del sujeto utilizaron un pedazo de leña cada uno para golpear al imputado para salir de la habitación y así solicitar ayuda, señalando que no es la primera vez que él los ha agredido y amenazado.   Antes de finalizar la audiencia de vinculación a proceso, la Juez ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

Policia

Imputado por robo e intento de homicidio en altamar

Acusado de atacar con un arma blanca a una persona e intentar despojarla de una embarcación, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación por los delitos de homicidio en grado de tentativa y robo calificado cometido con violencia en contra de M.R.G.M., por lo que permanecerá privado de la libertad.   Los hechos ocurrieron el pasado 11 de octubre, cuando el encausado se encontraba a bordo de un barco pesquero a 23 millas náuticas al norte de Río Lagartos, junto a la víctima y propietario de la embarcación.   El agresor, de oficio pescador, intentó en un momento dado privar de la vida al denunciante con un cuchillo, acto que fue impedido por una tercera persona que se encontraba a bordo, quien solicitó ayuda a otras embarcaciones para detener al agresor cuando asumió el control del barco sin derecho ni consentimiento, por lo que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 87/2025.   En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Valladolid, el acusado fue presentado ante el Juez Primero de Control, donde se le otorgó la prórroga de ley para definir su condición jurídica, por lo que las partes fueron citadas para el próximo 10 de noviembre.   Finalmente, la Fiscalía expuso los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva necesaria, misma que fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.

Policia

Sentenciado a más de 33 años por agresión sexual

En un procedimiento de juicio abreviado, J.I.C.C. fue declarado penalmente responsable de los delitos de abuso sexual equiparado (2) y violación equiparada y sentenciado a 33 años, 11 meses y 29 días de prisión por los hechos ocurridos en el fraccionamiento Prado Norte de esta ciudad de Mérida.     La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas suficientes para que la Juez de Control dictara además de la pena privativa de la libertad, una multa equivalente a 4,199 UMA’s, una amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos.     Una vez compurgada la sentencia, J.I.C.C. tiene prohibido acercarse a la víctima y a su domicilio por un lapso de tres años.     Los datos de prueba reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 447/2024 establecieron que en los meses de abril y mayo del año 2023, el sentenciado ejecutó actos lascivos en agravio de la víctima menor de edad, siendo en la segunda fecha cuando tuvo cópula vía oral con la adolescente.       Por último, se dispensó la lectura y explicación de sentencia, por lo que quedaron en firme las penas mencionadas.

Policia

Mecánico vinculado por defraudar a un cliente

Luego de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), A.A.G. fue vinculado a proceso por el delito de fraude, tras incumplir con la reparación de un auto en su taller mecánico. De acuerdo con la información que consta en la causa penal 468/2025, el detenido recibió un auto de la marca Volkswagen, propiedad de la víctima y tras dar el reporte de lo que requería solicitó la cantidad de $10,050.00, monto que le fue entregado para la realización del trabajo. El implicado devolvió el vehículo, el cual poco después presentó nuevamente fallas, por lo que el denunciante señaló que el imputado no cumplió con el servicio acordado, mismo que fue debidamente pagado. En la audiencia los fiscales de litigación solicitaron y obtuvieron la vinculación a proceso junto con un periodo de dos meses para la realización de la investigación complementaria del caso. Finalmente, como medidas cautelares el indiciado quedará bajo la vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares a donde deberá presentarse a formar de forma periódica y se le prohíbe salir del Estado.

Policia

Pasará 6 años en la cárcel por abusar sexualmente de su ex esposa

Acusado del delito de violación, R.C.K. fue declarado penalmente responsable en un juicio abreviado y sentenciado a seis años de prisión por los hechos ocurridos en la localidad de Tixcancal, en el municipio de Tizimín.   Tras contar con la anuencia de las partes, se celebró un procedimiento abreviado donde la Fiscalía General del Estado (FGE) expuso los datos de prueba reunido en la causa penal 57/2024, por lo que el sentenciado deberá cubrir una multa equivalente a 750 UMA’s y el pago de la reparación del daño. Además, le fueron suspendidos sus derechos políticos, recibirá una amonestación pública y tiene prohibido acercarse a la víctima. Los hechos reunidos por la Fiscalía, ocurrieron el 15 de julio del año 2024 cuando R.C.K. ingresó al predio de la víctima, quien era su ex pareja sentimental, para exigirle que tuvieran relaciones sexuales, a lo que ésta se negó por lo que el sentenciado recurrió al uso de la fuerza para someterla y agredirla sexualmente.     La audiencia se celebró en el Juzgado del Quinto Distrito, con sede en Valladolid, donde la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio y estableció las penas a cumplir del encausado.

Yucatán

Proponen iniciativas para garantizar que el sistema judicial actúe con perspectiva de género

En Sesión del Pleno del Congreso de Yucatán fue presentada esta mañana una propuesta para reformar el Código Penal del Estado y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el propósito de garantizar que el sistema judicial actúe con empatía y perspectiva de género en casos donde las mujeres se defienden de sus agresores. Al presentar la iniciativa, la diputada de morena, Neyda Pat Dzul destacó que “vivir sin violencia es un derecho y defenderse no es un delito”, por lo cual propuso la llamada “Ley Alina” para establecer la presunción de legítima defensa para mujeres víctimas de violencia y ampliar las órdenes de protección con la finalidad de incluir atención médica, psicológica y anticoncepción de emergencia sin denuncia previa. Con esta iniciativa, dijo, no se considerará exceso cuando la mujer haya actuado bajo miedo, terror o desigualdad física, porque así son las agresiones: desiguales, asimétricas y cargadas de poder. Buscamos eliminar trabas históricas que revictimizaban, como exigir denuncias previas o antecedentes documentales, y ordenamos que el Ministerio Público y Personas Juzgadoras valoren el contexto, el miedo, el pánico o la desigualdad física al momento del hecho. En uso de la palabra, la diputada María Esther Magadán Alonzo (morena) presentó por su parte una iniciativa que busca tipificar como delito el incumplimiento del procedimiento de entrega-recepción por parte de los presidentes municipales al término de su gestión, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en las instituciones. La propuesta plantea adicionar el artículo 250 Bis al Código Penal del Estado de Yucatán, estableciendo penas de hasta tres años de prisión y multas para quienes, sin causa justificada, omitan cumplir con el proceso de traspaso de la administración conforme a la normatividad. La diputada Alba Cob Cortés (morena) presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado para tipificar el delito de transhomicidio, con el objetivo de reconocer, sancionar y prevenir la violencia extrema contra personas transgénero en la entidad. La iniciativa, construida junto con colectivos, organizaciones civiles e instituciones estatales propone establecer penas de 40 hasta 80 años de prisión y visibilizar un fenómeno que, al no estar reconocido legalmente, ha permanecido en la impunidad y la invisibilidad institucional. Con el fin de garantizar atención médica inmediata y prevención en las escuelas, la diputada Aydé Verónica Interián Argüello (morena) presentó una iniciativa para implementar la Enfermería escolar, y que la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud trabajen de manera coordinada para establecer los lineamientos técnicos, presupuestales y administrativos necesarios, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad. La diputada Sayda Rodríguez Gómez, del Partido Acción Nacional, propuso abrogar la actual Ley de Protección a la Flora y Fauna del Estado y crear una nueva ley en materia de Protección Animal de Yucatán; mientras que el diputado Rafael Montalvo Mata, también del PAN, presentó una iniciativa para crear una Ley Estatal de Protección y Atención Integral a Migrantes Yucatecos y sus Familias. La diputada Larissa Acosta Escalante, de Movimiento Ciudadano, propuso una iniciativa denominada “Uniformes Neutros”, que promueve la igualdad en el ámbito educativo. El diputado Gaspar Quintal Parra, del Partido Revolucionario Institucional, presentó una iniciativa para otorgar permisos laborales a mujeres y personas menstruantes diagnosticadas con dismenorrea, endometriosis u otros padecimientos relacionados con el ciclo menstrual; y por su parte, el diputado Javier Osante Solís, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa a la Ley de Salud del Estado de Yucatán en materia presupuestal. Durante la sesión, se aprobó el acuerdo suscrito por las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión Permanente de Desarrollo Agropecuario autorizando que dicha Comisión pueda sesionar este viernes 7 de noviembre en el municipio de Tizimín. Esto en el marco de los trabajos legislativos sobre la iniciativa que expide la Ley de Ganadería para el Estado de Yucatán. Asimismo, por unanimidad se probó el dictamen de la Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción, que avala 12 informes individuales de fiscalización de la cuenta pública 2024, correspondientes a 11 municipios y un organismo público descentralizado. Durante la sesión se recibieron diversos oficios, se turnaron a las comisiones correspondientes iniciativas presentadas con anterioridad y, en Asuntos generales intervinieron, la diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez de morena, los legisladores del PAN, Manuela Cocom Bolio y Roger Torres Peniche, y el diputado de MC, Osante Solís con diversos temas.  

Yucatán

Exigen juicio político al alcalde de Ucú por deuda superior a 1.4 millones de pesos

Tres ciudadanas del municipio de Ucú presentaron ante la Oficialía de Partes del Congreso del Estado una denuncia ciudadana de juicio político en contra del presidente municipal, a quien acusan de incurrir en actos ilegales, desacato judicial e incumplimiento de acuerdos de Cabildo, lo que ha derivado en un grave perjuicio al patrimonio del Ayuntamiento. Las promoventes, Lidia Alejandra Díaz Sosa, Elsa María Rodríguez Luna y Maricruz Dzul Aké, comparecieron mediante escrito formal en el que solicitan la intervención del Poder Legislativo conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán y la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, argumentando que el alcalde ha sostenido una conducta “ilegal y contumaz” que atenta contra las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Las ex trabajadoras, representadas legalmente por el abogado Miguel Ángel Basteris Maldonado y con Elsa María Rodríguez Luna como su representante común, explicaron que fueron despedidas injustificadamente de sus empleos en el Ayuntamiento de Ucú, motivo por el cual promovieron un juicio laboral ante el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán. Tras un proceso que concluyó en diciembre de 2021, el Tribunal dictó un laudo condenando al Ayuntamiento de Ucú al pago de $253,040.83 pesos a cada una de las tres demandantes, es decir, un total de $759,120 pesos. Sin embargo, a pesar de que se otorgó un plazo de quince días para el cumplimiento, el presidente municipal ignoró la sentencia y desobedeció la orden judicial, permitiendo que el adeudo creciera progresivamente hasta alcanzar $1,425,840 pesos, de acuerdo con los acuerdos judiciales más recientes. Según el documento presentado ante el Congreso, el propio Cabildo de Ucú acordó en sesión solemne del 25 de agosto de 2023 solicitar un préstamo al Congreso del Estado para liquidar la deuda laboral; sin embargo, el alcalde no cumplió con el mandato del órgano colegiado y tampoco ejecutó las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes. El texto denuncia que incluso el presidente municipal habría intentado simular el cumplimiento del acuerdo de Cabildo, presentando oficios que carecen de sellos y firmas de recepción de las dependencias a las que supuestamente fueron dirigidos, entre ellas el Gobernador del Estado, la Secretaría de Administración y Finanzas y el propio Congreso del Estado, lo cual, sostienen, podría constituir una falsificación documental y fraude procesal. En la denuncia se detalla que, por la omisión e indolencia del alcalde, el monto original del laudo prácticamente se duplicó, generando un daño directo al erario municipal y afectando el prestigio y la solvencia del Ayuntamiento. “Su comportamiento rebasa los límites de la legalidad y la ética pública, al desobedecer tanto al Poder Judicial como al Cabildo del Ayuntamiento, violando sus obligaciones de proteger los recursos públicos y acatar la ley”, se lee en el documento. Ante esta situación, las denunciantes solicitaron al Congreso del Estado de Yucatán que dé curso legal a la denuncia y determine la procedencia del juicio político en contra del presidente municipal, por violaciones a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, abuso de autoridad, daño patrimonial y desacato judicial. La denuncia, presentada este martes 4 de noviembre de 2025, fue recibida en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, donde se turnará a las comisiones correspondientes para su análisis y eventual resolución conforme a la normatividad vigente. Finalmente, las promoventes expresaron su confianza en que el Congreso del Estado actúe con imparcialidad y firmeza, pues consideran que la justicia no solo implica el cumplimiento de la ley, sino también el respeto a la dignidad de las personas y la defensa del patrimonio público.

Policia

Sentenciado a 12 años por violación equiparada agravada

En un procedimiento de juicio abreviado y en presencia de las partes involucradas, S.R.H. fue declarado penalmente responsable del delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de una menor de edad, por lo que fue sentenciado a 12 años de prisión y al pago de 4,500 días multa.   De acuerdo con la información contenida en la causa penal 82/2023, los fiscales de litigación de la Fiscalía General del Estado presentaron los datos de prueba suficientes ante la Juez de Control del Tercer Distrito Judicial, quien valoró los elementos expuestos y emitió el fallo condenatorio correspondiente.   Los hechos ocurrieron el último fin de semana de noviembre de 2020, cuando el acusado ingresó a un predio ubicado en la colonia Yucalpetén, en la ciudad y puerto de Progreso, donde se encontraba la víctima menor de edad, a quien agredió sexualmente.   Finalmente se dispensó la audiencia de lectura y explicación de sentencia, además de renunciar a los plazos, por lo que quedó en firme la pena señalada.

Policia

Una mujer se queda tras las rejas por intento de homicidio

Tras cumplirse el plazo constitucional que le fue otorgado durante la etapa inicial, D.M.L.H. fue sometida a una segunda audiencia en la cual, la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó los elementos de prueba suficientes para resolver su situación legal, tras ser acusada del delito de homicidio calificado en grado de tentativa.   Durante la sesión realizada en el Juzgado Primero de Control de Valladolid, el Juez valoró la investigación realizada por esta representación social, por lo que decretó el auto de vinculación a proceso, fijó un plazo de tres meses para continuar con la indagatoria y ratificó la prisión preventiva como medida cautelar vigente durante todo el proceso.   Cabe recordar que, según la causa penal 90/2025, los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre en un departamento ubicado en la colonia San Juan de Valladolid, donde el agraviado se encontraba durmiendo, cuando la acusada se introdujo y aprovechó para atacarlo con un instrumento punzo cortante.   Lo anterior, provocó una herida en la víctima, quien por la agresión despertó y salió del lugar para pedir auxilio, mientras que la acusada intentó darse a la fuga.

Policia

A prisión por hacerle la vida imposible a sus padres

Luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentara los datos de prueba en los que se le acusa de amedrentar a sus padres, M.C.M. fue imputado por el delito de violencia familiar, hechos que derivaron en la causa penal 92/2025.   Según la denuncia, el pasado 29 de octubre el encausado amenazó a sus progenitores con hacerles daño, hecho por el cual éstos se encerraron en una habitación del domicilio familiar, en la colonia Cenzotle de Tizimín.   Tras dañar la puerta de acceso e ingresar de manera violenta a la habitación, las víctimas se valieron de pedazos de leña para defenderse y salir de la casa para solicitar ayuda policiaca, pues no es la primera vez que los agredía y amenazaba.   Por ello, los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, misma que se resolverá el próximo cinco de noviembre tras la prórroga solicitada por la defensa.   Antes de dar por concluida la audiencia, el Juez Primero del Quinto Distrito concedió la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía como medida cautelar, misma que estará vigente por el tiempo que dure el proceso judicial.