Concluyó la segunda audiencia de Maduro y Cilia Flores en Nueva York. Sin una fecha definida para la próxima cita ni para el inicio del juicio.
Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (2019 – 2021) fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, así como el uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta Next Energy. El juez de control, Gerardo Anguiano, dio un total de seis meses para que se lleven a cabo las investigaciones. Además, impuso el pago de 100 mil pesos como medida cautelar. ¿Cuál fue la reacción de Jaime Bonilla? Tras salir de la audiencia, que se extendió durante 24 horas, el exGobernador de Baja California, dijo que no le sorprendió su vinculación a proceso penal. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, dijo ante medios de comunicación. El militante del Partido del Trabajo (PT) explicó que su inasistencia a 12 convocatorias de audiencias fueron justificadas, pues no había tenido la oportunidad de asistir. Incluso, señaló que en una no fue debido a que no tenía abogados. Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, señaló que el proceso inició desde que arrancó su administración y que no hay ningún “tinte político”, pues hay nueve personas más vinculadas. “Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que él considere para su defensa, es un proceso. Si hubiera tintes políticos hubiéramos actuado de otra manera. Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del Estados, de un contrato que arriesgaron el patrimonio de los bajacalifornianos”, aseguró. 🔴 Reacciona la Gobernadora de #BajaCalifornia, @MarinadelPilar, a la vinculación a proceso de Jaime Bonilla y el caso #NextEnergy. “No es político”, argumentó 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/3GUSZtHera pic.twitter.com/s45541MZy7 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 24, 2026 La Gobernadora de Baja California mencionó que Bonilla Valdez tenía fuero y cuando lo perdió, durante más de 10 ocasiones se defirió su audiencia. Asimismo, dijo que el dueño de Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, está detenido en Aguascalientes por un proceso diferente, pero similar. “No hay ningún tema político, simplemente es una defensa que se está haciendo de los recursos públicos del Estado, en donde no es el único vinculado a proceso. Podrá llevar su proceso en libertad, conforme a derecho y podrá presentar las pruebas par su defensa y nosotros haremos lo propio…”, detalló. Las pesquisas se centran en las presuntas irregularidades en el contrato que se realizó durante la administración de Bonilla Valdez con Next Energy, para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica. En el documento se señaló que el Estado se comprometía a pagar más de 120 millones de pesos al mes durante tres décadas. La inversión inicial fue de mil 300 millones de pesos; sin embargo, la obra nunca se realizó.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos a I.H.S. y lo imputó por el delito de abuso sexual agravado, por los hechos ocurridos en calles de la colonia Solidaridad de Tekax. Al empezar la audiencia inicial, los fiscales de litigación imputaron el delito y expusieron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso, pero el acusado solicitó que su situación se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que será en diligencia posterior que se resuelva su condición legal. Con los hechos reunidos en la causa penal 19/2025, se logró establecer que ocurrieron el 10 de febrero del 2025, cuando el imputado se encontraba en la calle 64 por 39 de la citada colonia, lugar donde la víctima se encontraba de espaldas a él, momento que presuntamente aprovechó para abrazarla por detrás y realizar tocamientos lascivos sobre la ropa, hasta que la mujer logró huir y refugiarse en casa de un familiar. Ya en la parte final de la audiencia, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de prisión preventiva justificada como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control del Tercer Distrito por todo el tiempo que dure el proceso.
Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un recorrido en la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero, acompañados por autoridades federales, como parte de las investigaciones en curso sobre el caso ocurrido en 2014. El inmueble permanece asegurado desde octubre de 2025 y colinda con instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). La diligencia incluyó la participación de una comisión de familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios de instancias federales encargadas de la investigación. En el lugar se han detectado diversas irregularidades administrativas y operativas, así como posibles vínculos anómalos con el Semefo. Entre los hallazgos reportados durante la visita destaca la existencia de cuerpos sin identificar, prendas de vestir y áreas bajo análisis pericial. Uno de los elementos que generó mayor inquietud entre las familias fue la localización de una bolsa con fragmentos óseos fechados en 2014. Según se informó, dichos restos no cuentan aún con estudios genéticos que permitan su identificación. Asimismo, autoridades indicaron la presencia de varios hornos crematorios en el inmueble, entre ellos uno que no contaría con registro oficial. También se observaron indicios de posibles procesos de combustión en distintas áreas. En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que las autoridades federales reportaron el hallazgo de segmentos y un horno irregular, al referirse a este último como “clandestino”. Además, la organización destacó que en el sitio se identificaron múltiples anomalías relacionadas con el manejo de cuerpos. Durante la visita, las familias expresaron su preocupación por la falta de claridad en torno a los hallazgos. En ese contexto, la organización dio cuenta de la desconfianza de los padres, quienes señalaron: “Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”. Los familiares también reiteraron su solicitud para que el análisis de los restos sea realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, ante la falta de confianza en las instancias de gobierno. Además, reclamaron avances en otras líneas de investigación, incluyendo la entrega de información militar que, aseguran, sigue pendiente.
Luego de que las partes involucradas llegaran a un acuerdo, se realizó un procedimiento de juicio abreviado donde R.J.P.C. fue declarado penalmente responsable del delito de violencia familiar, siendo condenado a 6 años y 8 meses de prisión. Dicha sentencia fue emitida con base en las pruebas periciales, documentales y testimoniales presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) bajo la causa penal 39/2025, en las que se establece que el hombre ha agredido a su madre en diversas ocasiones. Siguiendo con la narrativa, el pasado 12 de mayo de 2025, el ahora culpable le realizó llamadas y envió mensajes a la mujer, insultándola y amenazándola para luego acudir hasta el domicilio ubicado en la colonia Santa Lucía de Valladolid, donde habita la víctima. Una vez ahí, continuó lanzando amenazas e intentó ingresar a la casa, hecho por el que se llevó a cabo el presente proceso penal. Antes de finalizar la sesión judicial, ambas partes determinaron dispensar la audiencia de lectura y explicación de sentencia, de manera que la pena antes mencionada queda en firme.
Carlota “N”, conocida como Doña Carlota o “la abuelita justiciera de Chalco”, acusada de asesinar a dos personas en el Estado de México tras presuntamente invadir su propiedad, continuará su proceso penal bajo prisión domiciliaria, luego de que un juez federal concediera un amparo a su favor. La decisión se basó en su estado de salud, ya que la defensa argumentó que la mujer de 74 años padece hipertensión y diabetes tipo 2. Para obtener el beneficio, deberá cumplir con una garantía económica de 250 mil pesos, no contar con pasaporte y presentarse ante la autoridad cuando sea requerida. Se prevé que Doña Carlota abandone el penal entre viernes y sábado. Mientras su familia celebró la resolución, se espera la reacción de los familiares de las víctimas, quienes podrían impugnar la medida legal. Doña Carlota, hizo lo que las autoridades corruptas de Chalco no quisieron: recuperar su casa tomada por invasores. Con arma en mano, enfrentó a quienes la despojaron y les disparó. ¿Justicia o desesperación? Para muchos, un final feliz Por su propia mano actúa la vieja escuela🔫 pic.twitter.com/qgUxYNjK3N — Eduu𝕏 (@MrEduuC) April 2, 2025
Tras contar con la anuencia de las partes, se llevó a cabo un procedimiento de juicio abreviado donde S. de J.P.Y. fue declarado penalmente responsable de los delitos de violencia familiar y violación a las órdenes de protección, siendo condenado a tres años y seis meses de prisión. Cabe señalar que la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los documentos de prueba contenidos en la causa penal 96/2023, donde se relatan los hechos que ayudaron a que la Juez determinara el grado de culpabilidad del acusado y las sanciones a imponer. Es por ello que, además de la pena privativa de la libertad, se le dictó la amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, el pago de la reparación del daño, su participación en programas de reeducación integral y la prohibición de acercarse a la víctima los tres años posteriores a cumplir su condena. Con relación a los hechos, se establece que el hombre ya había sido notificado sobre las órdenes de protección que su hermana solicitó en su contra; sin embargo, se presentó al domicilio donde se encontraba la mujer y comenzó a agredirla de manera verbal y psicológica. Finalmente, ambas partes estuvieron de acuerdo en prescindir de la audiencia de lectura y explicación de sentencia, lo que significa que las penas antes mencionadas quedan en firme.
Por presuntamente haber agredido a su mamá, pese a contar con una orden de restricción, M.A.T.G. fue vinculado por los delitos de violación a órdenes de protección y violencia familiar luego de los datos de prueba aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), ante el Juzgado Primero de Control del Tercer Distrito, con sede en Tekax. Los hechos contenidos en la causa penal 26/2026 señalan que el siete de marzo pasado, el encausado llegó a las puertas del predio ubicado en la colonia San Joaquín de la localidad de Ticul y trató de ingresar al inmueble, teniendo conocimiento de la existencia de órdenes de protección vigentes, otorgadas en favor de la mujer y que le impiden acercarse a ella. No obstante, presuntamente ejerció actos abusivos de poder en contra de la víctima a quien agredió verbalmente con insultos y amenazas, además de golpearla. Al momento de la agresión, elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Ticul, se percataron de los hechos por lo que procedieron a detenerlo. En audiencia, la Juez resolvió decretar el auto de vinculación a proceso, luego de evaluar los argumentos de las partes y decretó imponer prisión preventiva justificada por todo el tiempo que dure el proceso, además de otorgar tres meses para el cierre de la investigación.
Por presuntamente ejecutar actos abusivos en agravio de su cónyuge, D.E.O.A. fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar tras ser revisados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por los hechos ocurridos el fin de semana pasado en la colonia Nueva Yucalpetén de Progreso. Durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación imputaron el delito y procedieron a exponer los datos y elementos de prueba para solicitar se definiera la situación legal del acusado, resolviendo la Juez Tercera de Control que eran suficientemente probatorios para dictar el auto de vinculación a proceso en los términos instados por esta representación social, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Los hechos, reunidos en la causa penal 16/2026, ocurrieron el pasado ocho de marzo, cuando el imputado se apersonó en el predio de su cónyuge, en la citada colonia, donde presuntamente ejerció actos abusivos en agravio de la víctima, además de dañar diversos electrodomésticos en el domicilio. Por último, se solicitó la imposición de la prisión preventiva justificada, misma que fue concedida por la Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.
Con el objetivo de hacer integral la reparación del daño económico para las víctimas en casos de incumplimiento de pago de pensión alimentaria en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad de votos la modificación del Código Penal Estatal en materia de la obligación de asistencia familiar. El dictamen aprobado establece que, al momento de resolverse los casos, dentro de la reparación del daño se contemplen gastos erogados derivados de deudas, la asesoría jurídica particular, o cualquier otro gasto generado para la manutención de los menores, además del pago de los alimentos vencidos y sólo pueda extinguirse cuando haya certeza por parte de la representación social o el órgano judicial que efectivamente se ha pagado la reparación integral del daño. Al respecto, el diputado de morena, Wilmer Monforte Marfil, quien presentó la iniciativa, consideró que esta reforma fortalece el derecho de las niñas y los niños a recibir alimentos y el derecho de las madres a que la ley realmente les garantice justicia. Muchas mujeres han tenido que enfrentar una realidad muy injusta, dijo, litigar durante años para que se cumpla una obligación que debería ser inmediata y responsable, y que al final no se considere todos los gastos que ha tenido que pasar. Hoy en este Congreso ponemos fin a esta injusticia, no hay extinción de la acción penal hasta que no haya reparación integral del daño, la justicia no se limita a pagar lo que se debía, también se tiene que reparar el daño que se causó por no cumplir con la obligación, expreso. El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra también celebró la reforma y manifestó su respaldo al considerar que fortalece el marco legal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar. Durante la sesión, también fue aprobado el dictamen que modifica la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de libertad económica, interseccionalidad, interculturalidad, enfoque diferencial y debida diligencia. La diputada de morena, Naomi Peniche López consideró que no resulta suficiente establecer medidas de protección centradas únicamente en la integridad física y psicología de las víctimas, por lo que es indispensable impulsar políticas que fortalezcan su autonomía económica e incorporar enfoques interseccionales, interculturales y diferenciales en las políticas públicas para atender de manera integral las múltiples formas de discriminación y violencia que experimentan las mujeres, con lo cual coincidió la diputada del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista. En materia de salud fue aprobado el dictamen por el que se modifica la Ley de Salud, la Ley de Educación y la Ley de Nutrición y Combate a la Obesidad, con la finalidad de prohibir la venta, distribución y publicidad de alimentos ultraprocesados en las escuelas. Al respecto, el diputado José Julián Bustillos Medina de morena, explicó que con estos cambios se pretende sustituir lo dañino por lo nutritivo, lo industrial por lo local, promover el consumo de productos regionales, fortalecer la economía comunitaria y revisar lo que se ofrece en las cooperativas escolares, lo que se enseña en las aulas sobre nutrición, y lo que se promueve desde las políticas públicas. En la sesión presentaron iniciativas, el diputado de morena, Eric Quijano González y la diputada del PAN, Manuela Cocom Bolio, sobre temas como masculinidad responsable, y contra la discriminación hacia las personas transgénero. Asimismo, en Asuntos Varios hicieron uso de la palabra, las diputadas y el diputado de morena, Alba Cob Cortés, Claudia Estefanía Baeza Martínez y Bayardo Ojeda Marrufo; el diputado del PRI, Quintal Parra; y la diputada de MC, Larissa Acosta Escalante, sobre temas referentes a la atención a los Centros Libres contra la violencia, combate al hostigamiento y acoso sexual contra las mujeres y servicio de agua potable en Mérida. La próxima sesión se realizará el miércoles 18 de marzo a las 11:00 horas.
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