Yucatán
El Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, integrado en su mayoría por representantes de la sociedad civil, cámaras empresariales y áreas productivas, la academia, colegios de profesionales y expertos en administración y finanzas, analizó y aprobó por unanimidad la propuesta de egresos e ingresos para 2022, que el Gobernador Mauricio Vila Dosal enviará al Congreso estatal, el próximo jueves 25 de noviembre. Acompañado del representante del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), Jorge Charruf Cáceres, y las titulares de las Secretarías General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, y de Administración y Finanzas (SAF), Olga Rosas Moya, el Gobernador encabezó este día la segunda sesión extraordinaria de dicho organismo, en la que se afinó los últimos detalles y se aprobó de manera unánime la propuesta de paquete fiscal para el siguiente año. En esta jornada, los integrantes del Consejo aprobaron un proyecto de presupuesto de 42,635 millones de pesos para el 2022. Hay que resaltar que el ejercicio de los recursos se seguirá haciendo bajo los principios de honestidad, transparencia y rendición de cuentas, que han sido una característica de la administración que encabeza Vila Dosal. Como parte de esta sesión extraordinaria, se acordó dar seguimiento a la mesa para atender el tema de la actividad económica informal, lo relacionado con la evaluación de las nuevas contribuciones verdes y la promoción de la vacunación entre trabajadores de las empresas que conformar el sector industrial. En cuanto a los Ingresos estimados en 2022, tanto en Participaciones como en Aportaciones, si bien son mejores que en 2021, no alcanzan los niveles de 2018, y en Convenios Federales, la reducción alcanza casi 6,000 millones de pesos de aquel año a la fecha. De acuerdo con este plan, en el periodo entrante, Yucatán tendrá 22,398.4 millones de pesos en Ingresos de Libre Disposición y 20,237 millones en Ingresos Etiquetados, conceptos que suman 42,635 millones. Por el lado de los egresos, se proyectó 42,635 millones de pesos, es decir, se presentó una propuesta balanceada entre ingresos y egresos, y sus premisas son tomar como base el techo presupuestal de 2021, mantener la política de austeridad, seguir la disciplina fiscal y el equilibrio financiero, impulsar la reactivación económica y fortalecer la red de protección social, salud, educación y seguridad. En el gasto total por sector, destaca el de reactivación económica, con 3,038.9 millones, el más fuerte en 3 años, ya que son prioridades fortalecer el ingreso familiar y mejorar las condiciones de vida de los yucatecos; por ello, el objetivo central es atender las necesidades básicas, seguir impulsando la economía y los empleos, atraer más inversiones y crear fuentes de trabajo cada vez mejor remunerados. Otro de los temas importantes es que se continuará con la política de no aumento salarial para mandos medios y altos de la administración pública, toda vez que somos el estado con salarios más bajos a los funcionarios públicos; por el contrario, la inversión pública crecerá 133%, con 409.1 millones de pesos, y los municipios también serán favorecidos con 6.1% más, un presupuesto de 7,586.3 millones. Como ha sido compromiso del Gobernador, se tendrá un presupuesto austero, que se manejará con responsabilidad y eficiencia para hacer rendir los recursos, y su objetivo será atender prioridades, con un mayor impulso a la reactivación económica y la protección social, en beneficio de las familias yucatecas, en especial las más vulnerables, afirmó la titular de la SAF al presentarlo. Al dar detalles de la miscelánea fiscal, el director de la Agencia de Administración Fiscal (AAFY), Juan Carlos Rosel Flores, informó que, en el proyecto presupuestal aprobado por unanimidad por los integrantes de este Consejo, se contempla 2 nuevas contribuciones verdes, una por la Emisión de Gases a la Atmósfera y otra por los Contaminantes al Suelo, Subsuelo y Agua, dirigidas a empresas que trabajen con este tipo de sustancias, para incentivarlas a invertir, por ejemplo, en plantas de tratamientos de agua. Con estas nuevas disposiciones para mitigar el cambio climático y salvaguardar la calidad del aire y el subsuelo del estado, las empresas que emitan gases contaminantes o que apliquen residuos, sólidos o líquidos al subsuelo tendrán que cubrir las respectivas obligaciones tributarias, puntualizó el funcionario estatal. Cabe precisar que dichas contribuciones no las cubrirán los ciudadanos, sino las empresas y en el caso del estado solo existen alrededor de 150 compañías, la mayoría multinacionales, que emiten este tipo de contaminantes, ya sea al agua, al aire o al subsuelo. Hay que destacar que las empresas en Yucatán están comprometidas con el cuidado del medio ambiente y cada vez son más las que implementan las mejores prácticas para evitar la contaminación del aire, el agua, el suelo y el subsuelo. El director de la AAFY detalló que lo recaudado por estas contribuciones se destinará, precisamente, a acciones gubernamentales para mitigar los efectos del calentamiento global en el territorio, como mejorar el transporte público y que sea menos contaminante, combatir los manejos inapropiados de residuos sólidos en el interior de la entidad y desarrollar acciones permanentes para cuidar el entorno. “Estas nuevas herramientas tributarias son prácticas ya puestas en marcha en otros países e, incluso, estados del país y su aplicación se ha traducido en un mayor cuidado del medio ambiente; los parámetros de su aplicación los han establecido expertos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, entidad que igual será la encargada de la supervisión y aplicación de estas 2 nuevas medidas”, apuntó Rosel Flores. Al respecto, el dirigente local de la Coparmex destacó los esfuerzos que se están haciendo en Yucatán, como estas 2 nuevas contribuciones verdes, para contrarrestar los efectos del cambio climático mediante la disminución de la emisión de gases a la atmósfera y evitar la contaminación del agua, suelo y subsuelo, con lo que el estado se ajusta a normas internacionales en la materia. Por su parte, Álvaro Garza R. de la Gala, representante de la sociedad civil en el Consejo, señaló que es prioritario trabajar en el tema de las finanzas del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
