El Falso Mesías, así retrata The Economist a AMLO en su portada
La publicación inglesa señala que el presidente de México es un “peligro para la democracia”.
La publicación inglesa señala que el presidente de México es un “peligro para la democracia”.
Su recamara está llena de objetos apilados; también puede verse un mueble donde colgaba las fotos en las que aparece en actos políticos Andrés “N”, de 72 años nació en Oaxaca el 29 de noviembre de 1947 y llegó a Atizapán de Zaragoza en el Estado de México en la década de los 80. Hasta ahora, las autoridades no han encontrado a sus familiares, aunque se sabe que tiene una hermana en Oaxaca, pero nadie ha acudido a la dependencia ni a la cárcel para preguntar por él. Se sabe que, durante el tiempo que estuvo en el Estado de México, tramitó cuatro licencias, una credencial de elector e hizo un trámite para obtener su casa. También hay información que señala que hace 12 años tuvo una carnicería en Atizapán y durante mucho tiempo vivió como cualquier otro vecino. De hecho, fue presidente del Consejo de Participación Ciudadana durante la pasada administración panista y actualmente formaba parte del equipo de campaña del aspirante a alcalde por la alianza PRI-PAN-PRD. El reportero Carlos Jiménez mostró un video que contiene imágenes del patio de su casa. En el lugar se observan pequeños cuartos que el sujeto rentaba. El piso es de tierra y hay un lavadero. Su recamara está llena de objetos apilados; también puede verse un mueble donde colgaba las fotos en las que aparece en actos políticos. Ahí mismo en su cuarto de dormir pudo encontrarse un sótano. Las autoridades han descubierto que ahí llevaba los cuerpos de algunas mujeres que asesinaba. Justamente, él señaló que mató y desapreció al menos a 15 mujeres. El sujeto presumió que las llevaba hasta ahí con engaños, y les ofrecía apoyos basado precisamente en su cargo de participación ciudadana. También señaló que en ocasiones practicó el canibalismo; añadió que en su experiencia como carnicero le permitía saber cómo y en dónde cortar la carne. El individuo llevaba una lista detallada con datos de sus víctimas y fechas, ponía el nombre completo, su edad, su dirección, y el peso de cada parte de su cuerpo, como la cabeza, el hígado, sus piernas, costillas e incluso del peso de cada uno de sus senos. Uno de los registros lo efectuó en 1994; es decir, que al parecer lleva casi tres décadas haciendo lo mismo. Como esa lista descrita anteriormente, las autoridades tienen más de 19 anotaciones del individuo que ahora se encuentra recluido en el penal de Tenango del Valle. También se sabe que filmaba cada uno de sus crímenes, acomodaba un tripié, la cámara y grababa mientras seccionaba a las víctimas. Dijo a las autoridades que las asesinaba con un navajazo y después las seccionaba. Luego les sacaba fotos con una cámara Polaroid y las coleccionaba. En el lugar le hallaron 12 teléfonos celulares, 28 videos y más de 2 mil restos óseos. Incluso las autoridades buscan los retos de un niño de 7 años que desapareció junto con su mamá quien trabajaba con el feminicida. El trabajo de los peritos todavía se mantendrá durante muchos meses porque no es tan fácil conseguir el ADN de los restos hallados en la casa. Además, las investigaciones se extenderán a otro domicilio que tenía en la misma zona. Aunque no lo declaró de manera oficial, el sujeto confesó que mataba a las mujeres en una especie de venganza porque sentía que las personas se burlaban de él o lo hacían menos. Vecinos señalaron que el sujeto al que conocían como “El Carnicero” por el negocio que tuvo hace años, iba a las casas y les venía carne que decía le habían mandado de Oaxaca, lo que las autoridades sospechan es que en realidad era la carne de las víctimas.
Un camino de terracería, el viento haciendo pequeños remolinos de aire; polvo y basura entre las calles sin pavimentar. Una privada, tres perros bajo el sol y a unos cuantos pasos un terreno enrejado. Dos moños blancos cuelgan de la puerta. Hubo muerte en esa casa, donde años atrás todo era risas y fiestas y alegría. Ahora, solo queda un niño con ojos color miel que corre entre las mascotas y pide golosinas mientras juega con un teléfono celular. Sus sobrinas, sus compañeras de travesuras, ya no están. No van a regresar. La violencia las mató. Yatziri de siete años y Mitzi Aidé de cinco años eran hermanas, hijas de Rafael N. y Alejandra Viridiana N. “Yatzi” o “Yaz”, como le decían de cariño, fue la primera hija de la pareja. Los primeros años de su vida los vivió con sus papás, en casa de sus abuelos maternos, en la colonia Barranca Honda de la ciudad de Puebla. Cuando tenía dos años nació su hermana Mitzi. Las dos niñas fueron bautizadas juntas, sus abuelos, Patricia Torres López y Gonzalo Martínez Hernández, aún conservan las fotos de la ceremonia. Los ropajes blancos que portaban ese día aún se mojan con sus lágrimas, es el único recuerdo tangible que les queda de las niñas. La casa no es muy amplia, la privacidad es un lujo entre habitaciones; lo único que las divide son cortinas. Con el pretexto de tener su propio espacio, Alejandra, Rafael y las niñas se mudaron con la madre de él. Ocasionalmente las niñas visitaron el hogar de “mamá Paty”, su abuela, “mamá Dolores”, su bisabuela y “papá Migue”, su bisabuelo. Cuando llegaban bailaban, cantaban y jugaban dentro de una tina con su tío Gabriel, quien apenas les lleva un par de años. Podían pasar horas divirtiéndose, usando solo su imaginación. A decir de sus bisabuelos, María del Carmen Dolores Martínez Hernández y Miguel Ángel Quiñones Téllez, en este lugar no existía sufrimiento ni violencia y esto se reflejaba en sus rostros, plasmados en las fotografías que aún conservan. La alegría de Yaz quedó grabada en una foto el día de su bautizo. No era una bebé cuando recibió el sacramento. Su largo cabello negro le permitió lucir un peinado adornado con una diadema de flores blancas que hacían juego con su vestido. Su sonrisa era tan grande que sus ojos se hacían chiquitos y sus mejillas se volvían los protagonistas de su rostro. Esta misma felicidad se notaba en Mitzi. A pesar de su corta edad siempre fueron compañeras de travesuras, pero la complicidad de las hermanas se rompió cuando sus padres se separaron. Rafael terminó la relación con Alejandra y se las llevó a la casa de Mónica Naxshely N., su nueva pareja. En menos de un año ambas murieron víctimas de maltrato infantil. De acuerdo con datos proporcionados por el fiscal de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, todos los días la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializa diez casos de abuso sexual y físico cometido contra menores de edad. Además, de enero a agosto de 2020, el Sistema Estatal DIF atendió 277 casos de maltrato infantil, según declaró el Gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, en una conferencia de prensa. Periódico Central buscó una entrevista con la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para conocer el número de niñas y niños que han atendido por violencia infantil durante el 2020 y lo que va del 2021 en Puebla. Sin embargo, el enlace de comunicación de esta dependencia no concretó una fecha para atender la petición y posteriormente fue suspendida, pues entró en vigor la veda electoral. No obstante, previamente adelantó que carecen de un registro. Emmanuel Durán, Secretario Ejecutivo y Director del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Puebla de la Red por la Infancia y la Adolescencia de Puebla AC., coincide con él: “no existe una cifra oficial en el estado ni en el municipio de Puebla en torno al maltrato que sufren”. De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el DIF municipal solo monitorea los casos que recibe mientras que su homóloga a nivel estatal debe tener por ley un sistema de información. Sin embargo, esta plataforma digital fue retirada y los datos se perdieron. Por lo tanto, no existe un registro de acceso público que permita dimensionar la problemática. YAZ DESTAPA LA CLOACA DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Yaz y Mitzi son parte de esa cifra perdida de niños víctimas de la violencia en Puebla. Yaz fue hospitalizada en cinco ocasiones, pero su último ingreso, en agosto de 2020 al Hospital de “La Margarita” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), evidenció el maltrato que sufrió. Cuatro meses después murió. La activista Frida Guerrera fue la primera en tomar conocimiento del caso. Los médicos del hospital le informaron que una niña de siete años ingresó con signos de violencia, y pidiendo que la dejaran morir. Los abusos contra la niña fueron exhibidos en diversos medios de comunicación hasta que llegó a manos del Gobernador de Puebla. Luis Miguel Barbosa Huerta prometió implementar medidas de protección para Yaz. Una semana después sus padres fueron detenidos. Los abuelos maternos de Yaz aseguraron que el hospital ya había notificado a la FGE sobre los constantes ingresos de la niña por golpes y lesiones. Sin embargo, en el comunicado emitido por la dependencia, se dijo que fue hasta el 22 de agosto cuando la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres tomó conocimiento de la situación, y después de diversas diligencias se determinó que la niña presentaba síndrome del niño maltratado. Además, tenía infecciones y llagas provocadas por falta de cuidado tras ser operada en abril del mismo año por daños intestinales. Dos meses después, en octubre de 2020, agentes ministeriales aprehendieron a Mónica. Rafael y Alejandra fueron vinculados a proceso por violencia familiar y abandono de personas mientras que la madrastra fue acusada
El Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos (CIAFEME) de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) reunió a directivos, secretarios académicos y administrativos, así como personal de las distintas dependencias universitarias para reforzar los conocimientos y acciones ante la posible amenaza de un huracán. A través del “Taller de acciones y reacciones antes, durante y después de un huracán”, los asistentes se actualizaron sobre las estrategias previstas por la Universidad para salvaguardar sus instalaciones, mobiliario, equipo y activos tecnológicos, así como los protocolos de seguridad para situaciones climatológicas extremas. En su turno, Juan Vázquez Montalvo, vocal del CIAFEME, recordó que desde 2017 hubo una intensa sequía en la Península de Yucatán, y que, en parte, eso explica la intensidad de la temporada de ciclones tropicales de 2020, en la cual tuvo lugar la tormenta tropical “Cristóbal”, que provocó inundaciones inéditas y que el acuífero se desbordara. Por su parte, el coordinador de Eficiencia Energética y Seguridad en los Campus, Fernando Herrera Gómez, señaló que cada Facultad cuenta con una unidad interna de brigadistas y planes preventivos que establecen las acciones que se deben implementar en caso de una contingencia. Asimismo, recordó que la UADY tiene un protocolo de seguridad que establece los procedimientos para estar comunicados, emitir información a través de internet y mantener los enlaces en la medida de lo posible. A su vez, el coordinador general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (CGTIC) de la UADY, Sergio Cervera Loaeza, informó sobre cómo se adecua la infraestructura y sistemas de TI de acuerdo con las alertas que se vayan presentando en el caso de un fenómeno meteorológico. En caso de presentarse este tipo de afectaciones, dijo, se tendrán que revisar los daños ocasionados; identificar los servicios y equipos afectados; verificar el funcionamiento de líneas telefónicas; y contactar con las coordinaciones para el encendido de los equipos y servicios de TI. Por último, Alejandro Pulido Cayón, vocal del CIAFEME, presentó la estructura de comunicación en redes oficiales de la UADY, con el propósito de difundir de manera oportuna los mensajes preventivos, avisos y alertas sobre fenómenos meteorológicos que pudiesen impactar en el territorio estatal. Detalló la manera en la que se realizarán las publicaciones de alerta, las cuales, iniciarán su difusión cuando las autoridades de Protección Civil determinen que el meteoro constituye un peligro para la entidad, asimismo, se mantendrá la comunicación constante ante alguna eventualidad que impida la difusión o incidentes en las redes sociales oficiales.
En India, los hospitales están viendo un alarmante aumento de los casos de mucormicosis, una infección que puede causar ceguera o la muerte en pacientes tratados por coronavirus.
A través de redes sociales un hombre decidió denunciar que es víctima de maltrato por parte de su expareja, quien tiene una orden de alejamiento. La mayoría de los usuarios reaccionó de forma solidaria, pero también hubo burlas y mucha falta de empatía hacia la víctima.
Por la portación de armamento prohibido cuando prestaban servicios de seguridad privada en la modalidad de protección, custodia, salvaguarda, defensa de la vida y de la integridad corporal de las personas, tres individuos fueron detenidos en Mérida por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Los tres hombres, militares en situación de retiro (dos con grado de subteniente y uno de teniente), portaban 2 pistolas calibre 9 milímetros, de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad pública, así como un arma calibre .380. Ninguno de ellos pertenece a compañía alguna de seguridad privada y en consecuencia carecen de la autorización legal para servir como guardias personales armados. Por ley, únicamente el personal operativo de las empresas de seguridad privada puede utilizar armas, siempre y cuando esta empresa cuente con autorización de la Dirección General del Registro de Armas de Fuego y Control de Explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional y estas armas de fuego estén registradas en su licencia particular colectiva. Adicionalmente, la condición de militares en situación de retiro no les da facultades para estar armados al desempeñarse como elementos de protección personal, según lo dispone la propia Secretaría de la Defensa Nacional, en un oficio que a la letra dice: “Toda persona física o moral, incluyendo a los militares en situación de retiro, que preste servicios de seguridad privada, debe contar con la autorización y el registro correspondiente, por parte de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad federativa de que se trate, según corresponda”. La disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional agrega que quien preste el servicio de seguridad privada sin autorización, incurre en responsabilidad legal, sancionada de conformidad con las disposiciones legales de orden federal o local. Todo lo anterior, ya era del conocimiento de un representante de un medio de comunicación que con fecha 11 de mayo presentó un escrito ante la Oficialía de Partes de la SSP, en el que solicitaba el permiso para que los ahora detenidos, custodiaran armados al director de la empresa en cuestión. Al dar respuesta a dicho escrito, la Secretaría de Seguridad Pública fundamentó su negativa de acceder a dicha petición, por no estar en el ámbito de sus facultades.
José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, brindó detalles sobre la situación que se vive en Quintana Roo con el COVID-19, al ser el único estado que permanece en el semáforo naranja. El doctor detalló que la entidad está pasando por una especie de tercera ola. “Hay que estar muy pendientes del comportamiento regional, en donde tenemos tres entidades que no tienen un comportamiento descendente, que han evidenciado un incremento en las últimas semanas y una de ellas, de manera especial, con una tendencia ascendente continúa, que prácticamente representa ya un tercer periodo epidémico o una tercera ola, es Quintana Roo”, compartió Alomía. A continuación detalló la estrategia que han tomado las autoridades del estado en los últimos días para buscar controlar la epidemia. “Las autoridades locales han estado emitiendo mensajes a su población para volver a implementar, de manera más estricta y más apegada las diferentes acciones de restricción a la movilidad, en el sentido de los espacios públicos, no de las personas y en su momento, obviamente, poder priorizar actividades que en su momento sí pueden continuar desarrollándose”, concluyó. Con información de la Secretaría de Salud
Alma Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, fue asesinada durante un acto de campaña en la calle Pedro Guzmán con Circuito Moroleón en este municipio, confirmó Clemente Castañeda, coordinador nacional del partido. De acuerdo con testigos, hasta el lugar en el que se encontraba la candidata llegaron hombres armados quienes abrieron fuego contra ella. En este hecho además dos personas más resultaron lesionadas. Asimismo, hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este brutal ataque. — Clemente Castañeda H (@ClementeCH) May 26, 2021 Una hora antes del ataque la candidata subió a su página oficial su ubicación e invitó a los vecinos de las comunidades de la Manguita, el Ombligo y Pico de Pájaro a unirse al recorrido. https://www.facebook.com/watch/?v=221275629537884 Castañeda lamentó los hechos y externó su solidaridad a los familiares de la candidata, a la vez de que exigió a las autoridades investigar y garantizar la seguridad “tras este brutal ataque”.
Diego Fernández de Cevallos presentó este martes una denuncia de hechos en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por las imputaciones que hizo en su contra acusándolo de corrupción, de participar en un grupo político que está en contra del gobierno mexicano y que recibe financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Como lo había anunciado luego de dos intentos para que López Obrador lo recibiera en Palacio Nacional para debatir sobre las acusaciones que hizo en su contra, el abogado y militante del PAN presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) la denuncia de hechos contra el jefe del Ejecutivo. El 7 de mayo pasado, el presidente señaló, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, a Diego Fernández de Cevallos de formar parte de un grupo político que está en su contra, y lo acusó de haber recibido miles de millones de pesos cuando era el abogado defensor de la empresa Jugos del Valle y acordó con el gobierno de Vicente Fox llegar a un arreglo antes de terminar el juicio. “Presento formal DENUNCIA DE HECHOS que pudieren tener apariencia de delito, a fin de que se ordenen los actos de investigación que procedan y que, en su oportunidad, se resuelva el ejercicio de las acciones penales que resulten conforme a la ley o se determine que no existe hecho delictivo que perseguir; en el entendido de que si fuere requisito de procedibilidad la formulación de QUERELLA, pido se tenga a este escrito y su ratificación como tal”, refiere el documento exhibido por Fernández de Cevallos en redes sociales. En la denuncia, el panista y abogado litigante indicó que López Obrador, desde Palacio Nacional y utilizando los bienes y recursos del Estado, le atribuyó conductas que constituyen, necesariamente, la comisión de delitos graves. “La primera de esas conductas la hizo consistir en que estoy ‘vinculado’ a un grupo opositor a su gobierno, que recibe dinero del gobierno estadunidense, y que nos proponemos evitar que los recursos públicos se apliquen en beneficio de los mexicanos más pobres. Calificó ese proceder, según sus palabras, como ‘delito de traición a la patria’. “Acto seguido, afirmó que yo participé como abogado en una maniobra ilegal e inmoral que tuvo como resultado la devolución tramposa de muchos miles de millones de pesos de impuestos, en beneficio de la empresa Jugos del Valle S. A. de C.V, sin que hubiera terminado el litigio y sin que existiera una sentencia judicial que justificara la referida devolución. Más aún, sostuvo que se hizo a través de un simple ‘arreglo’ con las autoridades, carente de toda legalidad”, señaló el excandidato presidencial del PAN. “Lo cierto es que lo combato de cara a la nación, en ejercicio de mis derechos, con mis propios recursos, arrostrando las consecuencias, y expresando abiertamente mi repudio a su comportamiento, habida cuenta de que no respeta su investidura, se burla de la ley y desprecia a los gobernados, pues solamente está obsesionado en DESTRUIR, DIFAMAR Y DISTRAER”, señaló el abogado en el texto. En otro mensaje en redes, Fernández de Cevallos puntualizó que la devolución que hizo el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a Jugos del Valle “representa menos del 0.4% del QUEBRANTO que sufrió el pueblo de México por la arbitraria y demencial cancelación del Aeropuerto de Texcoco”. Con información de Proceso