Frente a la opacidad del régimen oficial y las contradicciones flagrantes en la transición al modelo IMSS-Bienestar, el líder del PRI Yucatán solicita formalmente certeza en el destino del nosocomio.

Colectivos de mujeres como el ONMPRI, liderado por Diana Molina, y activistas ciudadanas como Stephanie Arceo Arceo, se suman firmemente a la exigencia para frenar el desamparo de madres e infantes.

En defensa irrestricta de las familias yucatecas, el Dip. Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, presentó un punto de acuerdo para exhortar de manera urgente a la Persona Titular del Poder Ejecutivo de Yucatán a esclarecer y garantizar la certeza jurídica definitiva del uso y destino del Hospital Materno Infantil “Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez”.

La iniciativa surge tras detectarse graves inconsistencias jurídicas y administrativas en el proceso de federalización de la salud en la entidad. Mientras que el Convenio de Coordinación firmado el 17 de mayo de 2026 entre el Gobernador Joaquín Díaz Mena y la Federación —publicado formalmente el pasado 10 de julio— excluye deliberadamente al Hospital Materno Infantil de la lista de infraestructuras transferidas al IMSS-Bienestar (a diferencia de los nosocomios de Ticul, Peto y el de la Amistad), un acuerdo alterno de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF 18/2026) declaró dicho inmueble como “desincorporado del dominio público”, catalogándolo textualmente como un bien “no útil para un uso común o servicio público” y trasladándolo al dominio privado del Estado.

“Las instituciones de salud no nacieron de la noche a la mañana; costó décadas construirlas para dar estabilidad, paz y protección a nuestra gente. Hoy presenciamos una peligrosa dualidad: discursos oficiales en transmisiones digitales que prometen una transición ordenada, mientras que los decretos legales desincorporan el patrimonio hospitalario de las y los yucatecos. Exigimos absoluta certeza legal; la salud de las madres y los niños no puede ser objeto de improvisaciones del régimen central”, puntualizó Gaspar Quintal.

El exhorto legislativo responde a las crecientes movilizaciones de colectivos civiles, personal médico y usuarios que el pasado 10 de julio salieron a protestar a las calles de Mérida, ante el inminente temor del cierre y el traslado masivo de los servicios especializados al nuevo Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”.

A esta exigencia social se ha sumado de manera activa y firme el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) en Yucatán, encabezado por Diana Molina, en una sólida alianza con liderazgos de la sociedad civil y activistas comprometidas como Stephanie Arceo Arceo. Juntas, encabezan un frente de resistencia para evitar el cierre y desmantelamiento de este espacio vital para la salud ginecológica y pediátrica, denunciando que la desincorporación del hospital representa un retroceso alarmante en los derechos humanos y la seguridad social de las madres y sus hijos.

La dualidad discursiva entre el titular del Ejecutivo y el Secretario de Salud estatal en su reciente emisión de *“Voces del Renacimiento Maya” el pasado 13 de julio, donde prometían una vaga “integración”, choca directamente con la realidad documental, generando un escenario de opacidad que la ciudadanía organizada no permitirá que vulnere a la población.

Quintal Parra enfatizó que el PRI se encuentra en una etapa de profunda renovación y reorganización, cuya principal fortaleza radica en volver a su origen: ser el constructor y el guardián de las instituciones que garantizan el Estado Constitucional de Derecho. Recordó que los liderazgos que hoy levantan la voz provienen genuinamente de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, y que por ello entienden las necesidades reales de la población.

Explicó que la Cláusula Décima del Convenio de Coordinación establece un margen de seis meses para revisar las condiciones del acuerdo, lapso idóneo para que el Gobierno del Estado enmiende el rumbo, proteja el uso especializado en ginecología, neonatología y pediatría del hospital, y ponga freno al desorden provocado por la accidentada transición del extinto INSABI hacia el IMSS-Bienestar.

“Como una oposición técnica y socialmente útil, cambiamos la comodidad y la arrogancia de las oficinas por las calles, escuchando y respaldando a la gente. No estamos aquí para validar desmantelamientos silenciosos.

“Convocamos a la ciudadanía insatisfecha, al personal médico desprotegido, al liderazgo de mujeres como Diana Molina desde el ONMPRI, al activismo firme de Stephanie Arceo Arceo, y a quienes exigen contrapesos reales a sumarse a esta exigencia. Yucatán demanda planeación estratégica y máxima publicidad en el ejercicio de gobierno, no ocurrencias que desamparen a los sectores más vulnerables”, concluyó el legislador y presidente del partido tricolor.

Con esta acción, el PRI en el Congreso del Estado ratifica su compromiso frente a los yucatecos de mantener una postura crítica, constructiva y vigilante frente a las decisiones centralistas que pongan en riesgo la infraestructura histórica del estado.