Ante los hechos que privaron de la vida a un joven detenido en el centro de Mérida, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) se pronuncia en contra de todo acto de autoridad motivado por discriminación, estigma y estereotipos que atenten en contra la dignidad de un ser humano.
Asimismo, hace un llamado a la Fiscalía General del Estado de Yucatán, al Poder Judicial, a la Policía de Mérida, a la Secretaría de Salud y en general a todas las autoridades correspondientes, a realizar de manera urgente todas las acciones necesarias para esclarecer la muerte de la víctima, con especial atención a la relación de este suceso con actos discriminatorios y la afectación a su dignidad.
Es urgente garantizar un eficaz acceso a la justicia para evitar la impunidad, y de esta manera, se podrán sentar las bases para la no repetición de este hecho.
Se informa que desde el pasado 30 de julio, cuando la madre de la víctima acudió a esta Comisión a interponer la queja, inició el proceso de investigación de los hechos que involucran a agentes de la Policía de Mérida, al personal de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y del Hospital Agustín O’Horán.
La CODHEY nuevamente ofrece a la familia de la víctima el acompañamiento durante el proceso, y advierte que estará vigilante de las investigaciones que se realizan para determinar los motivos de la detención.
Asimismo, pide el seguimiento de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para garantizar la reparación integral del daño a los familiares.
Este organismo se pronuncia por la urgencia de garantizar el derecho a la legalidad y seguridad pública, en virtud de que constituye un elemento primordial para consolidar un eficaz sistema de libertades.
Y señala la necesidad de que las fuerzas policiacas, estatales y municipales, reciban capacitación en materia de derechos humanos y en el uso adecuado de la fuerza pública, por hechos que dentro del ámbito de su competencia vulneran derechos humanos.
Además, que es imprescindible implementar la profesionalización de las y los servidores públicos encargados de la seguridad pública y que ésta sea evaluable, continua y permanente, desde un aspecto cuantitativo, pero también cualitativo.
Respecto a las autoridades sanitarias, se pide garantizar la atención de todas las personas que acudan a solicitar los servicios y evitar la comisión de actos discriminatorios que vulneren la dignidad, así como el derecho a la salud y vida de los agraviados.
A la familia de la víctima y a la sociedad en general, se garantiza que esta Comisión investigará y en su caso emitirá las recomendaciones necesarias a las autoridades involucradas; y ofrece su colaboración para implementar cursos, capacitaciones u otras acciones que sean necesarias para evitar que un hecho de esta magnitud vuelva a repetirse.
