En sesión ordinaria del Vigésimo Consejo Universitario se presentó la propuesta de actualización del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género, Discriminación, Hostigamiento, Acoso y Abuso Sexuales de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), en materia de medidas de protección, tiempo de recepción de quejas y terminología.
Previamente, el rector de la UADY, Carlos Alberto Estrada Pinto, realizó la toma de protesta a la nueva Consejera Maestra de la Facultad de Educación, Lucely Carballo Solís. Al igual que el director de dicha escuela, Pedro Canto Herrera, informó que la Comisión Permanente Académica se encuentra en revisión del programa educativo de posgrado de la especialidad en Medicina del Deporte.
Sobre el protocolo, el Abogado General de la UADY, Jorge Carlos Herrera Lizcano, recordó que la propuesta de actualización corresponde a los resultados del taller “Diálogos participativos para la actualización del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Yucatán”, que se realizó de enero a mayo de 2023, y que involucró a integrantes del Consejo Universitario, alumnado, personal docente, colectivas, asociaciones civiles e instituciones gubernamentales.
Detalló que en el proyecto se plantea incorporar, de manera enunciativa más no limitativa, medidas de protección para las personas que formulen una queja, las cuales serían:
• Prohibición para la persona señalada de acercarse o comunicarse con la persona quejosa.
• Prohibición para la persona señalada de realizar conductas de intimidación o molestia a la persona quejosa o a personas con las que tenga relación.
• Cambios de turno, grupo o de aula cuando sea pertinente o bien de apoyo académico en las actividades escolares para no afectar el rendimiento escolar.
• Proporcionar seguimiento acucioso y puntual para la protección de la persona quejosa otorgada por las autoridades de la escuela, facultad o dependencia.
Además, continuó, se propone prever que la valoración de las evidencias presentadas por las partes se realizará conforme a la legislación, criterios y protocolos judiciales que resulten aplicables, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia a las personas en cuanto a sus derechos humanos, con perspectiva de género y no discriminación.
También, explicó que se busca modificar el plazo establecido para la recepción de quejas, pasando de un plazo de 12 meses a uno de 18 meses posteriores a la fecha en que ocurrieron los hechos o bien, en el caso de actos continuados, a partir de que se haya presentado el último hecho.
Por último, señaló que se sustituiría en todo el documento el concepto de “menor de edad” por el de “adolescente”, a fin de respetar el principio de su interés superior y el derecho a la igualdad y no discriminación.
Dicha propuesta fue turnada a la Comisión Permanente Legislativa para su análisis y, en su caso, aprobación. Dicho cuerpo colegiado también presentó su informe en relación con los asuntos en cartera.
En otro punto de la orden del día, la directora general de Finanzas y Administración, Elsy Mezo Palma, dio a conocer el Informe Financiero Trimestral abril-junio del año 2023.
