Tras ejecutarse una orden de aprehensión, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a Christian Rey R. S., por su presunta participación en el delito de robo calificado cometido en pandilla.
En un comunicado, la corporación informó que el sujeto fue denunciado tras los hechos ocurridos el pasado viernes 24 de abril en el fraccionamiento Hacienda Itzincab, donde se apoderaron de unas despensas alimentarias que serían repartidas entre los vecinos de la localidad.
Ese día, una camioneta del Gobierno del Estado que llevaba más de 100 despensas alimentarias fue interceptada a la altura del parque de esta comunidad por un grupo de personas, entre quienes estaba el mencionado individuo, y se apoderaron con violencia de la mercancía.
Las despensas eran parte del apoyo del Ejecutivo yucateco a familias con necesidades por la emergencia sanitaria, sin embargo en su paso por la Hacienda, el vehículo fue interceptado por un grupo de colonos del fraccionamiento Piedra de Agua, encabezados por al ahora detenido.
En la audiencia en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, con sede en el Centro de Justicia Oral de Umán, los fiscales presentaron los datos de prueba que obran en la carpeta de investigación y solicitaron se resolviera la situación legal del imputado, quien estuvo de acuerdo en que durante la presente audiencia se definiera su condición jurídica, por lo que la Juez de Control, decretó el auto de vinculación a proceso.
De acuerdo con la información reunida en la causa penal 34/2020, el día de los hechos, el imputado, junto con otras personas que se encuentran bajo investigación, retuvieron una camioneta del Gobierno del Estado que llevaba unas despensas para entregar entre la población de la localidad.
Sin embargo, el hoy vinculado al parecer se apoderó de dicha ayuda, afectando a los vecinos que recibirían el apoyo en estos momentos de contingencia, por lo que se procedió a la denuncia correspondiente por los hechos que afectan a la ciudadanía.
Por último, los fiscales adscritos presentaron los argumentos para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva y la Juez de Control otorgó la medida por todo el tiempo que dure el proceso y brindó un plazo de tres meses para el cierre de investigación complementaria.
