“Se solicita personal. Requisitos: No contar con enfermedades de ningún tipo, ni crónicas, como hipertensión, diabetes, obesidad. Ser mayor de edad y hasta 55 años”.
Este es uno de los más de nueve anuncios similares que ha encontrado Alberto en bolsas de trabajo en los últimos tres meses. Él tiene diabetes y también es hipertenso.
Desde febrero su situación es complicada. La empresa en la que laboraba como contador hizo recorte de personal y él se quedó sin empleo. A pesar de la pandemia por COVID-19 ha seguido buscando trabajo, pero no ha conseguido nada en más de 5 meses.
“Sí, hay miedo, pero la necesidad es más fuerte. La liquidación que me dieron me da para sobrevivir un mes más”, cuenta.
Al inicio de año el principal obstáculo que le ponían los reclutadores era la edad. “Ellos necesitan gente máximo de 45 o 48 años, y yo tengo 56. No he dejado de mandar solicitudes, pero no ha salido nada”.
Ahora, cuando Alberto ve en las vacantes un rango mayor de edad y que él puede postularse al puesto, encuentra algo que no había detectado en su búsqueda a inicios de año: las empresas no se quieren arriesgar a contratar gente con alguna comorbilidad.
“He intentado trabajar como empleado general en fábricas, pero te reciben hasta los 40. Incluso me postulé a una vacante de limpieza ya en semáforo naranja en la CDMX y me dijeron que por la situación del COVID y mis enfermedades no me podían contratar”, comenta.
La edad ya no es la única limitante para hallar empleo. En plena pandemia y crisis económica estar enfermo y padecer alguna enfermedad crónica es un obstáculo.
Apenas en junio, frente a la unidad habitacional en la que vive en la alcaldía Gustavo A. Madero, Alberto puso junto a su esposa un puesto en donde vende por las tardes postres y antojitos en lo que encuentra trabajo.
“Mi esposa es secretaria y sigue trabajando desde casa, pero le recortaron su sueldo, así que decidimos vender para ayudarnos con los gastos”, cuenta el hombre que tiene dos hijas, una joven de 16 años, y otra de 18.
De acuerdo con los datos más recientes del Inegi, durante julio el número de trabajadores informales se incrementó en 1.7 millones, para alcanzar la cifra de 27.3 millones de personas que trabajan sin prestaciones, ni acceso a servicios de salud o ahorro para el retiro, como es el caso de Alberto.
