Yucatán cuenta con una Fiscalía de vanguardia al convertirse en el primer estado del país que implementa, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos, las 12 herramientas de la Política de Persecución Penal (PPP), resultado del impulso del Gobernador Mauricio Vila Dosal para innovar y garantizar la impartición de justicia, posicionando a la entidad como referente en el sistema de justicia a nivel nacional.
A través del programa “Mi Fiscalía”, la Fiscalía General del Estado (FGE) trabaja de manera coordinada con autoridades de Estados Unidos para definir objetivos institucionales de investigación y persecución penal, mediante herramientas de gestión que garanticen su cumplimiento.
De esta forma, la entidad se convirtió en la primera del país en implementar, en su totalidad, este programa de cooperación internacional, en todas las áreas, incluidas las que atienden los casos más sensibles para la sociedad.
En representación del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el titular de la FGE, Juan Manuel León León, junto con autoridades del país norteamericano, realizó la presentación de esta estrategia que, a la fecha, Sonora, Sinaloa, Baja California, Nuevo León, Ciudad de México y Zacatecas han abordado estos trabajos, sin embargo, Yucatán destaca por haber adoptado la docena completa de estrategias.
Acerca de la iniciativa de Yucatán, la Cónsul de Estados Unidos en Mérida, Dorothy Ngutter, aplaudió el abordaje integral de la FGE al socializar la PPP, hacia la consolidación de una atención eficaz y eficiente, ante los fenómenos delictivos.
“Con estos trabajos se han delineado los objetivos prioritarios en los que debemos seguir trabajando de manera coordinada, en el marco de una cooperación bilateral, para que hagamos un lugar seguro a los ciudadanos de ambos países”, indicó.
Por su parte, el titular de la FGE, Juan Manuel León, señaló que las estadísticas de México, ubican al territorio como primer lugar en varios rubros, mientras se desarrolla cambios medulares en esta institución, pues la principal meta es avanzar más en procesos, investigación de delitos, conformación de carpetas, seguimiento y una atención sensible hacia quienes asistan para interponer una denuncia o solicitar trámites.
“Mediante el impulso a la PPP se busca articular todos los procedimientos y las herramientas de la FGE, en aras de una procuración de justicia eficaz, como necesitan las y los yucatecos”, puntualizó ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Mario Alberto Castro Alcocer.
El funcionario estatal recordó también que, al cabo de un año, se construyó esta Política con la participación de la ciudadanía y diversos actores de este ámbito, lo cual deja métodos y una estrategia clara, para operar la carga de trabajo y la organización institucional, para «seguir avanzando, cuando hablamos de una atención sensible a la sociedad, en garantizar el acceso a la justicia, como nuestra prioridad”.
Este esquema que forma parte del programa Mi Fiscalía, de alcance nacional, incluye metodologías de cooperación internacional y en la que, a través de diversos talleres, participaron representantes de asociaciones civiles, empresas, academia y líderes de opinión; con sus observaciones y seguimiento, contribuyen con las gestiones enfocadas en mejora y fortalecimiento institucional.
Se cuenta con el respaldo de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL, por sus siglas en inglés) estadounidense, así como especialistas enfocados en diseño, análisis, evaluación e implementación de políticas públicas, que brindan servicios técnicos relacionados con la implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en México.
Carolina Agurto Salazar, directora de Mi Fiscalía, recordó que con estos esfuerzos se busca que las instituciones dispongan de recursos para coordinar, planear y aplicar herramientas que refuercen sus labores, como las citadas 12, que se sustentan en cuatro ejes: La persecución penal estratégica, La articulación de actores, Trabajos de monitoreo y evaluación y Fortalecimiento del capital humano.
Finalmente, tras felicitar a la instancia yucateca, Iván de la Garza Santos, asesor Senior de este plan, enfatizó que la nueva estrategia busca dar un carácter más dinámico y sensible a este sector, además de alinear las políticas con la percepción ciudadana, por lo que es un buen vehículo para lograr objetivos contra los delitos y resulta trascendental que ya se cuente con un modelo para la gestión de casos.
La implementación de estas estrategias se suma a los esfuerzos del Gobernador para continuar fortaleciendo el clima de paz y la procuración de justicia en Yucatán con la modernización digital de la FGE, proyecto que a través de novedosas herramientas y un sistema tecnológico integral ayudará a mejorar la recepción y seguimiento de denuncias, así como la modernización en los procesos de justicia.
De igual forma, a través de la aplicación de 23 millones de pesos, se remodelarán las sedes de la dependencia en Maxcanú, Motul, Tekax y de Mérida, las de las colonias Fidel Velázquez y San José Tecoh, para que existan instalaciones donde brindar mejores servicios a la ciudadanía.
Recientemente, también se dotó a la dependencia de parque vehicular, el cual consistió en 27 automotores, en una primera fase; próximamente, en la segunda, se llegará a un total de 45 para fortalecer el alcance que tendrá la institución en el cumplimiento de sus funciones y acudir al llamado de la ciudadanía, de manera más rápida y eficiente.
Aunado a ello, con la estrategia “Yucatán Seguro”, se pasó de tener 2,248 cámaras de videovigilancia a 6,775; 219 arcos carreteros; 2,410 semáforos inteligentes; 4 lanchas para la policía costera, un nuevo helicóptero; 711 patrullas y un Nuevo Centro de Mando C5i.
De esta forma, la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son las mejor evaluadas en todo el país, al obtener el primer lugar en el Índice de Desempeño Efectivo y en el de Confianza, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cierre de 2021, manteniendo a Yucatán como el estado más seguro del país y, además, que reduce su incidencia delictiva.
