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Yucatán
Ante la situación sanitaria por el coronavirus (COVID-19), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) hizo un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas ante los casos de violencia hacia las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad y poner un alto a las agresiones contra personal médico. La CODHEY hizo el llamado a los tres poderes, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, para garantizar un absoluto respeto a los derechos humanos en las medidas que se dicten para salvaguardar el derecho a la salud pública con motivo de la emergencia sanitaria. En el primer punto, se pide preservar la legalidad y seguridad jurídica en todas las medidas de prevención. Si bien es cierto, que ha sido decretada una emergencia sanitaria para proteger la salud pública y evitar una propagación y contagio que ponga en grave riesgo a la sociedad, no por ello, deben establecerse restricciones o límites a los derechos humanos, sin la observancia de la ley, o bien, que en forma desproporcionada impliquen una vulneración innecesaria, no justificada y por una temporalidad indeterminada. Esto conlleva a evitar que la población decida y actúe por sí misma, cerrando accesos, realizando persecuciones, estableciendo cercos alrededor de casas; por mencionar hechos que han sido dados a conocer a este organismo y que, sin duda, vulneran derechos humanos. El segundo punto, es un llamado a garantizar la igualdad, no discriminación y progresividad de los derechos sociales y económicos como el trabajo, la seguridad social, salud, educación, alimentación, agua y vivienda. Se reconoce que las medidas sanitarias impuestas en forma indirecta han ocasionado una afectación en los derechos sociales y económicos de gran parte de la población yucateca, sobre todo, de quienes se encuentran en las zonas rurales y comisarías, por lo que se debe procurar la mayor cobertura posible y hasta el máximo de los recursos disponibles. El tercer punto señala garantizar la igualdad, no discriminación e integridad física y psicológica de las personas que trabajan en el sector salud. Este organismo protector de los derechos humanos ha tenido conocimiento y documentado hechos en los que la sociedad yucateca ha discriminado y violentado a las personas que trabajan en el sector salud. Así como también ha recibido una queja anónima en la que nos dan a conocer que en un hospital de nuestra entidad se carecen de los insumos necesarios para salvaguardar la salud de médicos(as), enfermeros (as), administrativos (as) y demás personal que ahí trabaja. El cuarto punto se refiere a garantizar el derecho a una vida libre de violencia de niñas, niños, y adolescentes, mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, fortaleciendo acciones para salvaguardar su integridad física y psicológica durante esta pandemia Argumentó qie el distanciamiento social y el llamado continuo de las autoridades de permanecer en casa los pone muchas veces en un entorno de violencia y discriminación, lo que constituye un riesgo para su integridad física y psicológica. En Yucatán persiste aún la cultura machista que, muchas de las veces, genera violencia familiar en detrimento de los derechos humanos de las personas más vulnerables. Por ello, nuestra más sincera y urgente petición, para que todas las autoridades, familias y sociedad en general, procuremos entornos libres de violencia, sobre todo para nuestras niñas, niños, adolescentes y mujeres, siendo corresponsables de la salvaguarda de sus derechos. El quinto punto es respecto a garantizar la salud de las personas privadas de su libertad y personal que labora en los Centros de Reinserción Social de Tekax, Ebtún y Mérida, en el Centros de Reinserción Social femenil, Centro de Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), los centros de detención estatales y municipales, el hospital psiquiátrico; y en general, a personas internadas o albergadas en refugios y centros asistenciales. La CODHEY reconoce los esfuerzos realizados por el Ejecutivo Estatal y los Presidentes Municipales de los 106 Ayuntamientos para garantizar el mayor disfrute de la salud pública, pero también hace un atento llamado para que consideren por todo y, sobre todo, los derechos humanos. Para finalizar se hizo un llamado enérgico y urgente a la sociedad para dar cumplimiento a las medidas sanitarias dictadas por las autoridades, pues su eficacia para contener y preservar el disfrute de nuestros derechos requiere necesariamente de su disposición.
