Policia

Mató a su hermanastro porque no le quiso convidar de su comida

Agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvieron hoy a Juan Jesús “N”, de 62 años, originario de la localidad de Sotuta de Peón, municipio de Tecoh. Se le acusa del delito de homicidio calificado en razón de parentesco, en contra de su medio hermano que en vida respondió al nombre de Sergio Manuel U. C., el pasado sábado 6 de este mes. Durante las investigaciones se obtuvieron datos de prueba que acreditan la probable responsabilidad del sujeto en el crimen. Juan Jesús “N” habría llegado a bordo de su triciclo, aproximadamente a las 08:30 horas, al lugar donde desayunaban, sentados en la acera, la víctima y dos hombres más. Seguidamente quiso meter la mano en los alimentos pero su medio hermano se lo impidió. El presunto agresor se retiró por breve tiempo y al regresar atacó por la espalda a Sergio Manuel U. C., clavándole un cuchillo en el tórax. Los agentes y fiscales investigadores lo pusieron a disposición del Juez de Control que ordenó su captura.

Policia

Jovencitos de Umán asaltan gasolinera y ahora podrían pasar más de 5 años en la cárcel

Dos sujetos fueron detenidos ayer como probables responsables del delito de robo calificado cometido con violencia en una gasolinera del municipio de Umán, la madrugada del domingo pasado. Edwin Eduardo “N”, alias “Mosco” y Didier Alberto “N”, alias “Didier”, de 21 y 25 años, respectivamente, originarios de Umán, habrían amagado con un arma blanca al empleado de turno de la estación de servicio ubicada en la calle 18-A de la localidad de Chunchil para que les entregara todo el dinero del negocio. Para evitar que pida ayuda le taparon la boca. Según la denuncia presentada por el propietario y las evidencias obtenidas por la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública ( SSP), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), los acusados se apoderaron de más de 10 mil pesos, producto de la venta del turno en que ocurrió el robo. Ambos sujetos fueron puestos a disposición del Juez de Control que libró la orden de aprehensión.

Yucatán

Impone Profepa una clausura total definitiva a la granja porcícola Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi

Este 9 de septiembre, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos. A partir de la clausura, la Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio. En atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021, la Profepa ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas. “Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.   🚨 Clausuramos de forma total y definitiva la granja porcícola Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, Yucatán, por incumplir reiteradamente medidas correctivas y descargar sus aguas residuales sin autorización. ⚠️ ✅ Esta acción responde a la lucha de años de las comunidades… pic.twitter.com/xRXboxWV6x — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 10, 2025 Para la Profepa atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad. Y atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente forma parte de nuestro compromiso con la justicia ambiental. Continuaremos trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector.

Policia

Sentenciado a 21 años de prisión por abuso sexual

Tras ser encontrado penalmente responsable del delito de abuso sexual en un juicio oral, G.A.K.Ch. fue sentenciado a 21 años, cuatro meses y 14 días de prisión por los hechos ocurridos en agravio de su hija, menor de edad e identidad reservada.   Después de haber sido valoradas las pruebas periciales, documentales y testimoniales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el acusado fue declarado culpable del delito y sentenciado, además de la pena de prisión, al pago de más de 283 mil pesos en concepto de multa y 100 mil pesos por reparación del daño moral.   El juicio fue celebrado en el Tribunal Unitario Sexto de Enjuiciamiento, donde la Fiscalía aportó las pruebas suficientes para comprobar que en el periodo comprendido entre agosto del 2019 y agosto del 2021, el acusado ejecutó actos lascivos sin el propósito de llegar a la cópula en agravio de su hija menor de edad.   Cabe recordar que durante la etapa inicial del proceso, fue desahogado ante la Juez Segunda de Control del Primer Distrito Judicial, donde los fiscales de litigación expusieron en su momento los datos de prueba reunidos en la causa penal 192/2024.

Yucatán

Congreso y diversas dependencias estatales y organismos autónomos signan importante convenio de colaboración

Con el objetivo de establecer las bases generales de colaboración entre el Congreso del Estado y diversas dependencias estatales y organismos autónomos, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas se llevó a cabo la firma de un convenio en el cual las partes se comprometen a sumar esfuerzos y capacidades para impulsar acciones en el ámbito legal, académico, científico, de investigación y difusión. Al respecto, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, diputado Wilmer Manuel Monforte Marfil subrayó que con este acto se da un paso firme hacia la construcción de un gobierno más coordinado, más eficiente y, sobre todo, más cercano a la ciudadanía. Monforte Marfil recordó que este convenio representa la voluntad compartida de las instituciones, respetando la autonomía de cada uno, pero unidas en objetivos comunes. “Vivimos tiempos que exigen una colaboración entre poderes y organismos ya que es momento de trabajar, pues la sociedad demanda resultados concretos, una coordinación efectiva y soluciones integrales, con una labor parlamentaria que escuche, dialogue y que construya consensos para actuar con responsabilidad”, expresó. En su turno, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Mario Alejandro Cuevas Mena manifestó que esta firma representa la madurez institucional que refleja la voluntad política de trabajar de manera coordinada, respetando las competencias y autonomías, pero en unión por el compromiso de servir mejor a Yucatán. “Desde el Congreso del Estado reiteramos nuestro compromiso con una labor legislativa que esté a la altura de los tiempos, que promueva el diálogo y que se nutra de las experiencias y conocimientos de todas las instituciones del estado. La pluralidad que nos caracteriza no es una barrera, sino una riqueza que debe ser canalizada hacia soluciones incluyentes y duraderas”, aseveró. El secretario General de Gobierno, Mtro. Omar David Pérez Avilés aseguró que estos convenios son un compromiso con la justicia social, pues con la igualdad de oportunidades, participación efectiva de las mujeres, respeto a las juventudes y protección de los pueblos originarios se hablará de un verdadero desarrollo con dignidad. “En Yucatán sabemos trabajar en unidad respetando la diversidad de nuestras instituciones, pero compartiendo la responsabilidad de ofrecer resultados que impacten positivamente en la vida de las familias”, dijo. Asimismo, el Fiscal General del Estado, Mtro. Juan Manuel León León aseguró que con este acuerdo damos un paso firme hacia la construcción de un marco de trabajo interinstitucional que permitirá fortalecer no solo el desarrollo académico y científico de nuestras áreas jurídicas, sino también la cercanía de las instituciones con la ciudadanía. “Estoy convencido de que estas acciones no son solo un beneficio para nuestras instituciones, sino que repercutirán directamente en la vida de las y los yucatecos, porque cada esfuerzo de capacitación, cada espacio de diálogo, cada iniciativa de investigación o difusión fortalece el estado de derecho, consolida la cultura de respeto a los derechos humanos y eleva la calidad de la justicia”, puntualizó. Continuando con el acto protocolario, se llevó a cabo la firma simbólica con las Secretarías: de las Mujeres, de Educación; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; de las Juventudes; la General de Gobierno; de la Cultura y las Artes y del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya. Se hizo lo mismo con la Fiscalía General del Estado, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, el Archivo General del Estado, el Centro de Justicia para las Mujeres, el Centro de Apoyo a la Investigación Histórica y Literaria, entre otros. Asistió, el secretario de Educación, Dr. Juan Enrique Balam Várguez; la secretaria de las Mujeres, Lic. Sisely del Rosario Burgos Cano; y la directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya, Lic. Fabiola Loeza Novelo; así como la presidenta de la CODHEY, Mtra. María Guadalupe Méndez Correa. También, las diputadas María Esther Magadán Alonzo, Maribel del Rosario Chuc Ayala, Aydé Verónica Interián Argüello, Naomi Raquel Peniche López, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Melba Rosana Gamboa Ávila, Eric Edgardo Quijano González, José Julián Bustillos Medina, Germán Quintal Medina, así como el director del Instituto de Investigaciones Legislativas, Mtro. Erik Alejandro Ojeda Novelo y el secretario General del Congreso del Estado, Mtro. Martín Chuc Pereira. Datos del convenio Este contempla la organización de cursos, talleres, seminarios, conferencias, coloquios, diplomados y actividades similares en áreas de interés común para las partes. Apoyar actividades conjuntas de investigación, promover la publicación e intercambio de materiales bibliográficos entre otros, y, en su caso proporcionar apoyo técnico y documental para elaborar leyes y reformas.

México

FGR va contra exgobernador del PAN solicitan orden de aprehensión por huachicol fiscal

La Agencia Nacional de Aduanas y la Fiscalía General de la República preparan más de 200 órdenes de aprehensión contra funcionarios, militares y empresarios ligados al huachicol fiscal. Entre los señalados destaca el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel, socio mayoritario de Ingemar, empresa involucrada en el decomiso de 15 millones de litros de combustible en Coahuila.

México

Se suicida capitán de SEMAR que recibió soborno por “huachicol fiscal” en Altamira

El capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez, supuestamente involucrado en la entrega de dinero a funcionarios de Marina que permitían la operación de una red de tráfico ilícito de combustible o “huachicol fiscal”, se suicidó el lunes 8 de septiembre de 2025, en sus oficinas de la Unidad de Protección Porturaria de Altamira, según informó el diario Reforma, citando fuentes federales. El mando naval se desempeñaba como titular de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira y estaba señalado en la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), como uno de los funcionarios que recibió dinero, a través de intermediarios, del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano el contralmirante Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Según una lista que obra en el expediente de la FGR, citada por el mismo rotativo, el capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez obtuvo 100 mil pesos cuando se desempeñaba como responsable de la Unidad de Protección Portuaria de Tampico y permitió la descarga en ese puerto de un buque con combustible ilegal, en abril de 2024. “Durante mi estancia en la Aduana Tampico como director estuvieron a cargo los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez; hago del conocimiento que en una sola ocasión le entregué la cantidad de $100,000.00 como gratificación que le enviaba “NK” cuando arribó el primer buque, que fue en el mes de abril 2024″, reveló ante la FGR, el ex director de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín. “NK” es el indicativo que tenía el capitán de corbeta retirado Miguel Ángel Solano Ruiz, que contaba con orden de aprehensión en su contra y se encontraba prófugo, por ser uno de los intermediarios que tenían los hermanos Farías Laguna, para entregar el dinero a los funcionarios aduaneros, entre ellos varios elementos de la SEMAR, de distintos niveles Según recordó Reforma, la Unidad de Protección Portuaria es la encargada de brindar seguridad al personal de Aduanas durante las inspecciones, en caso de encontrar explosivos, armas o drogas. Además, son quienes actúan como primer respondientes para puestas a disposición de autoridades ministeriales. Pérez Ramírez era licenciado en Ingeniería en Ciencias Navales por la Heroica Escuela Naval Militar, graduado en 1995, en Veracruz. Se desempeñó como titular de la Unidad de Protección Portuaria, tanto en Tampico como en Altamira. El mismo diario informó, el 8 de septiembre de 2025, según constaba en las indagatorias de la FGR consultadas, que a través de intermediarios, los hermanos Farías Laguna pagaban a subordinados un millón 750 mil pesos por cada buque de huachicol que dejaran descargar en los recintos fiscales. Según el mismo rotativo, el ex director de la Aduana de Tampico, el capitán Alejandro Torres Joaquín, fue uno de los beneficiarios de esos sobornos. Por permitir el desembarco ilegal de 14 buques, obtuvo 24 millones de pesos. Estos datos fueron parte de la indagatoria que llevó a la detención de 14 personas, entre ellos el vicealmirante Roberto Farías, sobrino político del ahora ex titular de la Secretaría de Marina, durante la Administración de López Obrador.

Policia

Se queda preso por incendiar la puerta de la casa de su vecina

Señalado como responsable de haber ocasionado un incendio que dañó la puerta del predio en casa de su vecina y posteriormente apedrear a los elementos de seguridad que llegaron a atender el caso, J.M.CH.M. fue imputado y vinculado en la misma audiencia por los delitos de ataques peligrosos contra servidor público y daño en propiedad ajena.     El caso, cuyo proceso se lleva en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito en Mérida, fue abordado en audiencia, bajo la causa penal 503/2025, do de los fiscales de litigación establecieron que el pasado 25 de agosto de 2025, el encausado estaba en su predio de la colonia Emiliano Zapata Oriente, en donde ocasionó un incendio en el patio trasero, provocando que se dañara una puerta de madera que delimita su casa con el predio contiguo.     Al llegar los agentes y tratar de entrevistarse con el ahora encausado, éste los recibió arrojándole objetos prendidos con fuego y piedras, por lo que se procedió a su detención y traslado al edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE), en espera de la denuncia de la afectada que generó la presente diligencia.     El Juez valoró las pruebas periciales, documentales y testimoniales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) durante el desarrollo de la audiencia en donde se decretó de legal la detención, se otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y decretó prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso.

Policia

Imputado y tras las rejas por asesinar a un periodista yucateco

Luego de ser detenido en labor coordinada entre la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado (FGE), M.A.A.A., quien se encontraba prófugo de la justicia desde el año 2016, fue imputado por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, por lo que permanecerá en prisión preventiva.   Tras su detención realizada en Monterrey, Nuevo León, fue presentado en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito de Mérida, donde esta representación social expuso los documentos de prueba para formularle la imputación por los delitos citados,  audiencia en donde se argumentó la vinculación a proceso, misma que se resolverá el próximo 11 de septiembre.   De los hechos contenidos en la causa penal 50/2016, se establece que, con ayuda de un arma blanca, el acusado le quitó la vida a la víctima en su propio domicilio ubicado en la colonia Chichén Itzá; posteriormente se apoderó del vehículo y algunas pertenencias del agraviado para darse a la fuga.    Por ello, antes de finalizar con la audiencia, la autoridad judicial decretó la citada prisión preventiva como medida cautelar, la cual se encontrará vigente por todo el tiempo que dure el proceso.

Policia

Pasará 16 años en prisión por homicidio en Tigre Grande

Al concluir el juicio abreviado en su contra y tras el desahogo de las pruebas presentadas por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), J.E.V.C. fue encontrado penalmente responsable del delito de homicidio calificado y condenado a la pena de 16 años de prisión.   De acuerdo con la investigación del caso, el ahora culpable y la víctima se encontraban en el interior de una construcción que se ubica en un solar urbano, localizado cercano a la entrada principal de la localidad conocida como Tigre Grande, comisaría de Tzucacab, cuando el primero atacó a su acompañante con un cuchillo, como consta en la causa penal 68/2025.   Debido a dicho ataque el hombre resultó con diversas lesiones que finalmente ocasionaron su muerte, certificada por los peritos de la FGE que determinaron que el fallecimiento se debió a traumatismo torácico y abdominal abierto, secundario a herida por arma blanca.   Además de la pena privativa de libertad, el implicado deberá pagar la reparación del daño a la víctima indirecta, así como se le prohíbe acercarse a esta por un período de tres años luego de compurgar su sentencia.   De igual forma, al indiciado se le amonestó públicamente, se le suspendieron sus derechos políticos y se le solicita que participe en programas de reeducación integral.