Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado en retiro, señaló en Aristegui en Vivo que la reforma a la Ley de Amparo tiene aspectos positivos y preocupantes. Reconoció la modernización digital del juicio de amparo y la definición de plazos para resolver sentencias como avances, pero advirtió que la suspensión de medidas cautelares sigue siendo crítica, ya que sin ella el amparo pierde eficacia como protección de los derechos humanos.
Por el delito de violencia familiar, E.G.R.G., fue sentenciado a un año con cuatro meses de prisión, por haber agredido de manera física y psicológica a su ex pareja sentimental en un predio del centro de la ciudad de Mérida, lo cual obra en hechos contenidos en la causa penal 301/2024 que se sigue en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito con sede en Mérida. El resultado de la audiencia se dictaminó luego de que el Juez evaluó los documentos de prueba expuestos por los fiscales de litigación, tras los hechos ocurridos en un predio del centro capitalino, en donde el encausado metió una de sus manos por una ventana y jaló del cabello a la víctima al tiempo que la insultaba y amenazaba con hacerle daño. Una llamada de auxilio al número de emergencias hizo llegar a unos agentes policíacos que lograron la detención del agresor, quien fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales. Tras el acuerdo entre las partes, se dio paso a la audiencia de juicio abreviado que aparte de la pena ya citada, incluyó el pago de la reparación del daño, amonestación pública y suspensión de sus derechos políticos, además de la prohibición de acercarse a la víctima por tres años después de compurgar su pena en prisión.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a F.H.S. por el delito de abuso sexual, tras los hechos ocurridos en la población de Cuncunul, municipio de Valladolid, en agravio de una joven con discapacidad. En audiencia celebrada ante el Juzgado Primero de Control del Quinto Distrito Judicial, con sede en Valladolid, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba contenidos en la causa penal 81/2025 y la autoridad judicial declaró procedente la imputación solicitada por esta representación social. Los fiscales también solicitaron la vinculación a proceso, pero el imputado se acogió al plazo constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la audiencia continuará en fecha posterior. De acuerdo con la indagatoria, los hechos ocurrieron el pasado 28 de septiembre en un campo de béisbol de la localidad de Cuncunul, donde el encausado presuntamente realizó actos de carácter lascivo en agravio de la víctima. Finalmente, esta representación social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada y, tras valorar los argumentos expuestos, el juez de control concedió la solicitud y decretó dicha medida, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso penal.
Por hechos ocurridos en un predio del municipio de Muna, la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a J.E.K.M. por el delito de abuso sexual equiparado agravado. En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Umán, se declaró legal la detención y se formularon los cargos dentro de la causa penal 98/2025. Los fiscales de litigación solicitaron la vinculación a proceso; sin embargo, la defensa del imputado se acogió al plazo constitucional de 72 horas, por lo que la continuación de la audiencia fue programada para el próximo 30 de septiembre. De acuerdo con la indagatoria, el acusado ingresó a una de las habitaciones donde se encontraba la víctima, menor de edad, y cometió actos de índole sexual en su contra, hasta ser sorprendido por la madre de la agraviada, quien dio aviso a la policía municipal, lográndose su detención. Finalmente, esta representación social solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y, tras valorar los argumentos expuestos, la Juez de Control concedió la solicitud y decretó dicha medida, la cual permanecerá vigente por todo el tiempo que dure el proceso penal.
Justicia y cero impunidad frente a la violencia contra las mujeres La administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena condena el crimen ocurrido en Ticul y llama a la sociedad a unirse en la denuncia y la defensa de la vida y la dignidad de las mujeres. El Gobierno del Estado expresa su profunda indignación y enérgico rechazo por el crimen ocurrido en el municipio de Ticul, donde una mujer fue privada de la vida, y extiende su solidaridad y acompañamiento a familiares y seres queridos de la víctima en estos momentos de dolor. A través de la Secretaría de las Mujeres y en coordinación con las instancias de procuración de justicia, se activaron los protocolos de apoyo psicológico, jurídico y social para garantizar que reciban la atención necesaria. El Estado exige y respalda el trabajo de la Fiscalía General del Estado para que las investigaciones se lleven a cabo con la máxima prontitud y rigor, y que el responsable de este crimen sea llevado ante la justicia. La impunidad no tiene cabida en Yucatán. La violencia contra las mujeres es un problema estructural que debe enfrentarse de manera conjunta. Por ello, se hace un llamado a la sociedad yucateca a denunciar y no permanecer en silencio, reafirmando el compromiso de seguir trabajando para que todas vivan libres, seguras y con dignidad. La administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena sostiene una convicción firme e inquebrantable: no habrá tolerancia frente a la violencia contra las mujeres. Ni una más, ni una menos.
Por el delito de violación equiparada, F.E.A.M. fue sentenciado a 10 años con 10 meses y tres mil días de multa tras haber abusado sexualmente de un niño en la comisaría de Chicxulub Puerto, luego de las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). El resultado se dictaminó luego de que la Juez Tercero de Control, evaluó los documentos de prueba expuestos por los fiscales de litigación, que comprueban la participación del imputado en los hechos. En la carpeta se señala que el 11 de enero de 2025, el ya señalado se quedó a solas con el menor en un predio ubicado en el referido puerto y cometió el ilícito. Tras el acuerdo entre las partes involucradas se dio paso a la audiencia de juicio abreviado conforme a los hechos contenidos en la causa penal 9/2025, otorgándose la pena de prisión antes citada, además de dispensarse la audiencia de lectura y explicación de sentencia, quedando en firme la pena señalada.
Luego de haber sido declarado penalmente responsable del delito de feminicidio agravado tras la evidencia aportada por la Fiscalía General del Estado (FGE), se llevó a cabo la audiencia de individualización de penas en la que E.R.M. fue condenado a 53 años y 9 meses de prisión. De igual manera, como parte de su condena, el ahora culpable deberá cumplir con el pago de $2,177, 914.20 pesos por concepto de reparación del daño y una multa de 1125 UMA, así como la amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos. Cabe recordar que los hechos ocurrieron en marzo de 2024 al interior de un predio de la colonia Cuauhtémoc de Kanasín, donde el acusado estranguló a su pareja sentimental, provocando que ésta perdiera la vida por asfixia mecánica, tal como lo dictaminó el equipo del Servicio Médico Forense. Por último, se fijó el próximo 29 de septiembre como fecha para la audiencia de lectura y explicación de sentencia.
El Registro Civil del Estado otorgó registros extemporáneos a diez personas de entre 19 y 78 años, sumando 104 beneficiarias y beneficiarios durante la administración del Gobernador Joaquín Díaz Mena. Con el objetivo de garantizar seguridad y certeza jurídica en el derecho a la identidad, el Gobierno del Estado, a través del Registro Civil, entregó registros extemporáneos de nacimiento a diez personas originarias de Kanasín, Tekal de Venegas, Maxcanú, Progreso, Valladolid y Mérida. Las y los beneficiarios, de entre 19 y 78 años, ahora cuentan con un documento oficial que respalda su identidad jurídica y les permitirá ejercer plenamente sus derechos. En lo que va de la administración que encabeza el Gobernador Joaquín Díaz Mena, suman ya 104 yucatecas y yucatecos que han regularizado su situación de identidad. Entre ellos se encuentra Juana Díaz Jiménez, de 78 años, quien nunca había sido registrada y por primera vez cuenta con un acta de nacimiento, lo que le permitirá realizar trámites y acceder a beneficios que por ley le corresponden. Otro caso fue el de Rosa Melany Santana Chan, quien perdió su documentación durante un huracán. Tras varios intentos fallidos en el pasado, esta vez recibió atención ágil y sin obstáculos, lo que le devolvió la confianza y certeza en el proceso. El director del Registro Civil, Jorge Carlos de María Ramírez Granados, resaltó el impulso de la Consejería Jurídica a esta campaña de identidad, gracias a la cual ciudadanas y ciudadanos que llevaban más de una década intentando obtener su acta finalmente lo han logrado. “Gracias a este programa se reconoce que ustedes cuentan, existen y podrán disfrutar de todos los derechos que tienen como mexicanos, mediante la entrega de su acta de nacimiento y el reconocimiento de su identidad”, afirmó. En la entrega estuvieron presentes el secretario técnico de la Consejería Jurídica, José Jesús Rivero Vázquez, en representación del Consejero Jurídico Gaspar Alemañy Ortiz, así como jefes de departamento y oficiales del Registro Civil.
Armando “N”, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, fue detenido ayer por elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Se le acusa del delito de robo de vehículo, cometido el pasado martes 16 en una concesionaria ubicada en Sodzil Norte, en Mérida. De acuerdo con la denuncia y los datos de prueba obtenidos, se habría apoderado de un automóvil marca Can-Am tipo defender, con placas del estado de Quintana Roo, haciéndose pasar por el propietario ante el empleado que transportaba dicho vehículo. Tras la captura, los agentes y fiscales investigadores pusieron al individuo a disposición del juez que libró la orden de aprehensión
Tras ser encontrado penalmente responsable de los delitos de violencia familiar y violación equiparada, R.E.Ch.R. fue sentenciado en un procedimiento de juicio oral a 21 años de prisión, por los hechos ocurridos en la colonia Unidad Morelos. Después de ser valoradas las pruebas periciales aportadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento otorgó el fallo condenatorio. Cabe recordar que tras interponerse la denuncia, los fiscales de litigación iniciaron con la indagatoria que se integró en la causa penal 346/2023, misma que se desahogó en su etapa inicial en el Juzgado Primero de Control, con sede en Mérida, donde se estableció que el 14 de abril del año 2022, en horas de la madrugada, el sentenciado ejerció actos abusivos en contra de la denunciante en el interior del domicilio familiar ubicado en la citada colonia. En un arranque de celos, R.E.Ch.R. la insultó y agredió físicamente para luego empujarla contra el suelo donde la despojó de sus prendas de vestir y la atacó sexualmente, provocándole lesiones que ponen en riesgo su vida. Además de la pena privativa de la libertad, el encausado también fue sentenciado a pagar dos mil días de multa, mientras que la autoridad judicial citó a las partes para el próximo 24 de septiembre para la lectura y explicación de la sentencia.
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