México

Emilio Lozoya se queda en la cárcel; juez aprueba prisión preventiva

El juez de control del Reclusorio Norte, José Zúñiga, dictó prisión preventiva justificada al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, al determinar que cuenta con recursos suficientes para darse a la fuga. Una vez terminada la audiencia, el exfuncionario federal fue detenido por agentes de la Guardia Nacional, para ser internado inmediatamente en el centro penitenciario. La Fiscalía General de la República solicitó la prisión preventiva argumentando que, hasta el día de hoy, el exfuncionario no ha cumplido con los requisitos para obtener un criterio de oportunidad que le ofrezca beneficios a cambio de cooperar con la investigación. Los abogados de Pemex se adhirieron a la petición de cambio de medida cautelar. Con esta solicitud la FGR pedía poner fin a la negociación que mantenían con Lozoya desde que fue extraditado de España el año pasado.   Lozoya asegura ser inocente Durante la audiencia Lozoya aseguró que es inocente, pero que se está intentando llegar a un acuerdo para reparar el daño, aunque él no haya tenido responsabilidad. Lozoya fue vinculado a proceso a finales de julio del año pasado por las causas de Odebrecht y Agro Nitrogenados. La FGR le imputa delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht.

Yucatán

Firman acuerdo para difundir derechos de las personas con discapacidad y prevenir la corrupción.

El Instituto para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IIPEDEY) firmó un convenio de colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción (SESEAY), para desarrollar acciones encaminadas a difundir y promover los derechos de las personas con discapacidad. El acuerdo, signado por la directora General del IIPEDEY, María Teresa Vázquez Baqueiro; el secretario Técnico del SESEAY, Edwin Manuel Rejón Pacheco, y el consejero Manuel Jesús Castillo Rendón, en representación del presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema (SEAY), Javier Montes de Oca Zentella, permitirá trabajar de forma conjunta sobre inclusión y combate a la corrupción. Vázquez Baqueiro destacó la labor y compromiso del SEAY, para eliminar las barreras de actitud y del entorno hacia un desarrollo equitativo. “El gran reto que tenemos es transversalizar la perspectiva de derechos de personas con discapacidad, en las 70 dependencias del Gobierno del Estado, los 106 municipios de Yucatán y cada entidad pública”, afirmó. Asimismo, enfatizó que “debemos hacer sentir a cada persona con discapacidad como ciudadanas y ciudadanos, que pueden ejercer en Yucatán sus derechos sin barreras, y la única manera que podemos hacerlo es trabajando en equipo”. Por su parte, Castillo Rendón recordó que el SEAY se creó con el fin de articular y evaluar la política estatal, en materia de prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas o hechos de corrupción, por lo que el convenio permitirá sumar esfuerzos para combatir estos actos, incentivar la inclusión y establecer tanto compromisos como retos. “Los principios que sustentan al IIPEDEY convergen de manera sustancial con los principios del propio Sistema Estatal Anticorrupción: disciplina, responsabilidad, empatía, equidad e igualdad son valores que compartimos, por lo que la coordinación para la implementación de programas, proyectos y campañas conjuntas será de gran impacto en la sociedad yucateca”, puntualizó. Entre los acuerdos del documento, destacan promover la generación de estrategias encaminadas a dar mayor accesibilidad, promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad; cursos de capacitación, e intercambios de experiencias sobre ética, integridad y prevención de conflictos de interés.

Yucatán

Ex regidores de Progreso ofrecen reparar el daño para obtener suspensión condicional del juicio en su contra

La defensa de cinco de los 11 ex regidores imputados por el delito de cohecho solicitó al Juzgado Tercero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal Acusatorio y Oral una audiencia con el fin de plantear una Suspensión Condicional del Proceso Penal para sus representados. Para resolver dicha solicitud el Juzgado programó una audiencia el próximo 23 de julio de 2021 en el mismo Centro de Justicia Oral de Progreso. De acuerdo con el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), la suspensión condicional del proceso es un planteamiento que formulan el Ministerio Público o el imputado, el cual debe incluir un plan detallado de pago de la reparación del daño y el sometimiento de las personas imputadas a una o varias de las condiciones previstas en la ley, que garanticen una efectiva tutela de los derechos de la víctima u ofendido y que, en caso de cumplirse, pueda dar lugar a la extinción de la acción penal. Cabe mencionar que la Suspensión Condicional del Proceso establece que procederá siempre y cuando el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco años; que no exista oposición fundada de la víctima u ofendido y; que no hayan tenido transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de este. Los regidores fueron vinculados a proceso por el delito de cohecho, luego de que se comprobó que los 11 ediles, recibieron el pago de 110 mil pesos cada uno para dar luz verde a un contrato en directo y sin ningún tipo de licitación con una empresa que se encargaría del servicio de alumbrado público del puerto.

Policia

Vinculan a ex alcalde de Progreso y a todo su cabildo por cohecho

La Jueza de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema Penal, Diana Yadira Garrido Colonia, resolvió vincular a proceso al ex alcalde, José Cortés Góngora y 10 regidores por el delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016 en esta ciudad. Los vinculados a proceso son, el ex alcalde de Progreso, José Isabel Cortés Góngora, el síndico, Enrique Ordaz Martínez, la Secretaria de la Comuna, María del Carmen Villanueva Ávila, y los regidores, Leonardo Javier Camargo Osorno, Enrique Alejandro Pool Vázquez, María Isabel Hernández Tec, Arturo Enrique Núñez Castro, del del Panal-PRD-PT; Jorge Méndez Basto, Gabriela Flores Chan, Margarita Peniche Linot del PRI; y Jorge Casanova Simá, del PAN. La juzgadora determinó dicha resolución derivado de lo expuesto hoy por las partes en audiencia oral realizada en el Centro de Justicia Oral de Progreso, dando por cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) para dictar el auto de vinculación por el mencionado delito. El auto de vinculación permite, de acuerdo con la ley, continuar el proceso y la investigación del caso por parte de la Fiscalía, con base en los siguientes hechos establecidos por los fiscales en la audiencia: “Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa. De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”. Luego de emitir su resolución, la Jueza de Control Garrido Colonia abrió el debate correspondiente para la imposición de las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal. La juzgadora otorgó a los fiscales el plazo de 4 meses para continuar su investigación complementaria.

Mérida

Rinde frutos el Consejo Municipal Anticorrupción en Mérida: Ruz Castro

Al encabezar la tercera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal Anticorrupción, el alcalde Alejandro Ruz Castro subrayó que esta administración se ha destacado al ser coherente en el desempeño de sus funciones, privilegiando la transparencia como una herramienta de medición, evaluación y seguimiento de las acciones que como municipio se llevan a cabo. “Somos un municipio que en materia de transparencia ha emprendido acciones orientadas a la cultura de la integridad en el servicio público y a la rendición de cuentas”, dijo. Hemos promovido acciones desde el Ayuntamiento para la lucha contra la corrupción con programas que apuntalen la Contraloría Social, las acciones realizadas en conjunto con el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY), el Decálogo del Servidor Público, y cursos para la difusión del Código de Ética y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Yucatán, abundó. En la sesión, realizada en modalidad virtual, participaron directores y funcionarios municipales, presidentes de Organizaciones Civiles y representantes del Consejo de Participación Ciudadana. Ruz Castro, informó que uno de los principales logros de este año es la evolución de las declaraciones patrimoniales; transitando de un medio manual a un formato digital y sistematizado para la presentación y recepción del citado documento. “De un total de 6,535 declaraciones patrimoniales, 6,460 fueron a través del sistema DECLARAMERIDA; un factor clave para el fortalecimiento de la rendición de cuentas de las y los servidores públicos”, mencionó. Dijo que Mérida es un municipio que en materia de transparencia ha sumado a su estructura administrativa este «Consejo Municipal Anticorrupción», como el mejor ejemplo de emprender acciones orientadas a la cultura de la integridad en el servicio público y a la rendición de cuentas en el Ayuntamiento de Mérida. Además, la capital yucateca se unió al Open Government Partnership (OGP) con el objetivo de llevar a cabo un plan de acción de gobierno abierto en un proceso de co-creación entre el gobierno y la sociedad civil, el cual, actualmente, se encuentra en desarrollo. En su intervención, la secretaria ejecutiva del Consejo y titular de la Unidad de Contraloría Municipal, Martha Elena Gómez Nechar, presentó las acciones anticorrupción realizadas en el Ayuntamiento y las correspondientes al Programa de Trabajo del Consejo. En prevención se impartieron de 26 cursos de formación en Ética y Valores, se aplicaron 3,601 evaluaciones del cumplimento del código de Ética y Valores, 4,403 servidores públicos fueron capacitados en la Ley de Responsabilidades Administrativas, 6 escuelas participaron en el programa “Por una Mérida con Valores” y 1,679 niñas y niños de primaria recibieron pláticas sobre la importancia de la participación ciudadana y la práctica de valores. En el apartado de Acciones que suman se crearon 21 comités de Contraloría Social, se realizaron 51 visitas de acompañamientos para supervisión, atención de dudas y entrega de información, se realizó blindaje electoral y el simulacro de entrega-recepción. Y en el seguimiento al programa de trabajo se efectuaron acciones de difusión, capacitación y prevención. Por su parte, el secretario técnico del Consejo y titular de la Unidad de Transparencia, Pablo Loría Vázquez, expuso las acciones de transparencia del Ayuntamiento de Mérida. “Algunos de los logros son que Mérida también destacó junto con Colima ocupando el primer lugar, entre todas las capitales del país, en ofrecer información proactiva sobre gastos realizados a causa de la pandemia del Covid-19, de acuerdo con una evaluación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), En materia de acceso a la información pública en lo que va de esta administración se atendieron 2,562 solicitudes de acceso a la información, presentándose solo 84 inconformidades, lo que se traduce en el 97% de eficacia de respuesta de las unidades administrativas. Se dio puntual atención a los 63 recursos de revisión resueltos por el INAIP, de los cuales 31 se han resuelto a favor del Ayuntamiento de Mérida, 8 fueron revocados y 23 más modificados. Además, se impartieron cursos del proceso electoral y se realizó una declaración conjunta para llevar a cabo acciones que permitan implementar un Gobierno Abierto. Finalmente, se realizó la lectura y aprobación del Decálogo del Buen Servidor Público, el cual estuvo a cargo de Jaime Méndez Mendoza, representante del Consejo de Participación Ciudadana de la Colonia Yucalpetén.

Policia

Imputados penalmente 11 ex ediles del puerto de Progreso por el delito de cohecho

En una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Progreso presidida por la Jueza de Control, Diana Yadira Garrido Colonia, los fiscales de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción imputaron a once personas el delito de cohecho, por hechos ocurridos en 2016. En dicha audiencia, realizada el día de ayer, los fiscales informaron a los detenidos que iniciaron una investigación por su probable participación en esos hechos (imputación) con base en lo siguiente: “Que derivado del proceso de entrega recepción entre las administraciones municipales saliente (2015-2018) y entrante (2018-2021) se obtuvo información respecto de diversas irregularidades en la celebración de un contrato con una empresa. De dichas revisiones se estableció que el día 23 de diciembre de 2016, aproximadamente a las 23:00 horas, en sus entonces funciones como regidores integrantes del Cabildo de Progreso, estas personas se encontraban en la sala de cabildo de dicho municipio y cada uno de los hoy imputados recibió la cantidad de 110,000.00 M.N. en efectivo para la suscripción de un contrato para la prestación de un servicio de alumbrado público entre el ayuntamiento de Progreso y la citada empresa, misma autorización que hicieron constar con sus respectivas rúbricas en acta oficial de sesión del cabildo”. Posteriormente, los fiscales especializados en combate a la corrupción solicitaron a la Jueza de Control resolver la situación jurídica de los imputados (auto de vinculación a proceso), pero estos y sus defensas solicitaron la duplicidad del término constitucional, es decir 144 horas, ante lo cual la juzgadora notificó a las partes que la audiencia de vinculación se realizará el próximo 12 de julio del presente, en este mismo Centro de Justicia Oral. Por último, la Jueza de Control Garrido Colonia impuso a los imputados las medidas cautelares consistentes en la presentación periódica y el sometimiento y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, así como la prohibición de salir del Estado. Medidas que tendrán vigencia por todo el tiempo que dure el proceso penal.