El senador Enrique Inzunza negocia ser testigo cooperante en EU tras ser acusado de nexos con Los Chapitos, con quienes habría operado para ganar la elección en ese estado, al igual que se supone que se hizo para que ganara Rubén Rocha Moya.
El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios por presuntamente estar asociados al Cártel de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, entre otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado este miércoles 29 de abril. El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de EU el año pasado, al igual que otros cárteles mexicanos. La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”. Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026 ¿De qué delitos es acusado Rubén Rocha por EU? La acusación de Estados Unidos señala que Rubén Rocha y el resto de funcionarios participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, con el fin de importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Según EU, los funcionarios protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; además, presuntamente habrían entregado información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas. Asimismo, el reporte de EU señala que los funcionarios ordenaron a policías estatales, municipales para que protegieran los cargamentos de drogas que son almacenados en México y trasladados a EU. El gobernador Rubén Rocha Moya es acusado en Estados Unidos con los cargos de: Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por esos delitos podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reportó este jueves la detención del contralmirante Fernando Farías Laguna, quien se encontraba prófugo en Argentina y es investigado por presuntamente encabezar una presunta red de huachicol fiscal en la Secretaría de Marina (Semar), conocida como “Los Primos”. “El detenido cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos en materia de hidrocarburos, y con ficha roja de Interpol. Era requerido por autoridades mexicanas al ser identificado como líder de una organización dedicada al contrabando de hidrocarburos“, publicó García Harfuch en su cuenta oficial de X. Fuentes federales confirmaron a Aristegui Noticias la detención del contralmirante. Los hermanos Farías Lagunas son sobrinos políticos del ex secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán. Según la información oficial, la detención se llevó a cabo en Argentina con el objetivo de extraditar a Farías a México. El contralmirante poseía documentos falsos, de acuerdo con este reporte. En el operativo participaron la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Interpol y la SSPC en colaboración con las autoridades de Argentina. Fernando Farías y su hermano, conocidos como “Los Primos”, han sido señalados como los líderes de una red de huachicol fiscal que operaba en varios puertos como los de Manzanillo, Tampico y Altamira. La red habría facilitado operaciones ilícitas de tráfico de combustibles, desembarcando más de 30 buques con huachicol fiscal en los últimos dos años.
Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California (2019 – 2021) fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad, así como el uso ilícito de atribuciones y facultades, por el caso de la planta Next Energy. El juez de control, Gerardo Anguiano, dio un total de seis meses para que se lleven a cabo las investigaciones. Además, impuso el pago de 100 mil pesos como medida cautelar. ¿Cuál fue la reacción de Jaime Bonilla? Tras salir de la audiencia, que se extendió durante 24 horas, el exGobernador de Baja California, dijo que no le sorprendió su vinculación a proceso penal. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, nada más para que aprendan y no se anden peleando con la gobernadora”, dijo ante medios de comunicación. El militante del Partido del Trabajo (PT) explicó que su inasistencia a 12 convocatorias de audiencias fueron justificadas, pues no había tenido la oportunidad de asistir. Incluso, señaló que en una no fue debido a que no tenía abogados. Marina del Pilar Avila Olmeda, gobernadora de Baja California, señaló que el proceso inició desde que arrancó su administración y que no hay ningún “tinte político”, pues hay nueve personas más vinculadas. “Estamos hablando de miles de millones de pesos. Él podrá decir lo que él considere para su defensa, es un proceso. Si hubiera tintes políticos hubiéramos actuado de otra manera. Aquí lo único que estamos haciendo es proteger los recursos públicos del Estados, de un contrato que arriesgaron el patrimonio de los bajacalifornianos”, aseguró. 🔴 Reacciona la Gobernadora de #BajaCalifornia, @MarinadelPilar, a la vinculación a proceso de Jaime Bonilla y el caso #NextEnergy. “No es político”, argumentó 👇🏻👇🏻👇🏻 https://t.co/3GUSZtHera pic.twitter.com/s45541MZy7 — Michelle Rivera (@michelleriveraa) March 24, 2026 La Gobernadora de Baja California mencionó que Bonilla Valdez tenía fuero y cuando lo perdió, durante más de 10 ocasiones se defirió su audiencia. Asimismo, dijo que el dueño de Next Energy, Eugenio Javier Maiz Domene, está detenido en Aguascalientes por un proceso diferente, pero similar. “No hay ningún tema político, simplemente es una defensa que se está haciendo de los recursos públicos del Estado, en donde no es el único vinculado a proceso. Podrá llevar su proceso en libertad, conforme a derecho y podrá presentar las pruebas par su defensa y nosotros haremos lo propio…”, detalló. Las pesquisas se centran en las presuntas irregularidades en el contrato que se realizó durante la administración de Bonilla Valdez con Next Energy, para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica. En el documento se señaló que el Estado se comprometía a pagar más de 120 millones de pesos al mes durante tres décadas. La inversión inicial fue de mil 300 millones de pesos; sin embargo, la obra nunca se realizó.
A través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay), brinda información y guía a la ciudadanía en la presentación de quejas por faltas administrativas y hechos de corrupción. Como parte del programa de bienes y servicios públicos que ofrece el Gobierno del Estado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay) pone a disposición de la ciudadanía el servicio de orientación jurídica gratuita para brindar información y guía a las personas que deseen denunciar posibles faltas administrativas y/o hechos de corrupción cometidos por servidores públicos estatales o municipales. El servicio tiene como objetivo informar sobre los canales adecuados, etapas del procedimiento y requisitos necesarios para la presentación de denuncias, fortaleciendo el acceso a la información jurídica y la participación ciudadana en el combate a la corrupción. Entre los actos que pueden ser denunciados se encuentran las faltas administrativas, que ocurren cuando una persona servidora pública no actúa con legalidad, honestidad, disciplina u otros principios del servicio público, así como los delitos por hechos de corrupción, que corresponden a conductas tipificadas en el Código Penal del Estado. La orientación jurídica es totalmente gratuita y se brinda de manera informativa. Es importante señalar que el servicio no incluye representación legal, no sustituye la asesoría jurídica particular ni implica el inicio de investigaciones, ya que su objetivo es orientar a la ciudadanía sobre las vías institucionales correspondientes. Para una mejor atención, se solicita que las personas interesadas relaten de forma clara la información básica del caso, respondiendo preguntas como: ¿Qué sucedió?, ¿cómo sucedió?, ¿cuándo sucedió? y ¿quién o quiénes realizaron los actos?, considerando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos. Las personas interesadas en conocer o solicitar este servicio pueden hacerlo a través del sitio web https://seay.mx/index.php/orientacion-juridica, mediante el correo electrónico [email protected], al teléfono 999 565 5620, o directamente en las oficinas ubicadas en avenida Alemán número 51, colonia Felipe Carrillo Puerto, en Mérida.
La coordinación con municipios y dependencias del Gobierno del Estado permitió completar la primera etapa de la Política Estatal Anticorrupción. Yucatán cerró el 2025 con el 100% de avance en la primera etapa de ejecución de la Política Estatal Anticorrupción de Yucatán (PEAY), como resultado de la coordinación encabezada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (Seseay) con dependencias estatales y municipios. De acuerdo con el balance institucional, la Seseay coordinó acciones con 138 entes ejecutores y sostuvo trabajo conjunto en los 106 municipios del estado. Para asegurar que la implementación se traduzca en capacidades reales en todo el territorio, la Seseay mantiene un esquema de acompañamiento técnico, capacitación continua y seguimiento permanente, con el objetivo de fortalecer la aplicación de la política anticorrupción tanto a nivel estatal como municipal. En materia tecnológica, se impulsaron acciones para fortalecer el Sistema de Información Anticorrupción de Yucatán (SIAY), enfocadas en mejorar capacidades técnicas y la interoperabilidad de plataformas de inteligencia anticorrupción con la Plataforma Digital del Sistema Nacional Anticorrupción. Como parte de este proceso, se realizaron sesiones de trabajo con instituciones como el Poder Judicial del Estado, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, entre otras. De manera complementaria, la Seseay reforzó la prevención mediante capacitaciones especializadas en integridad, responsabilidades administrativas y detección de faltas y delitos relacionados con hechos de corrupción. Estas acciones incluyeron actividades de sensibilización y formación dirigidas a estudiantes universitarios, ciudadanía, servidoras y servidores públicos estatales y municipales, comunidades educativas públicas y privadas, asociaciones civiles y empresas, con un alcance de más de 4 mil personas. Finalmente, la Seseay señaló que estos avances, junto con otras acciones desarrolladas en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán, serán presentados en el Informe Anual 2025, cuya publicación está prevista para abril.
La Diputación Permanente del Congreso del Estado tomó compromiso constitucional al licenciado Jesús Armando Manzanilla Acevedo, como integrante de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán. En sesión realizada en la Sala de Usos Múltiples del Legislativo Estatal se dio cumplimiento al procedimiento, conforme a los Artículos 43 fracción II, 67 y 105 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Manzanilla Acevedo, quien fue propuesto por la Universidad Santander y cuenta con formación en transparencia, procesos institucionales y desarrollo administrativo en el Poder Judicial, fue designado para el cargo por mayoría de votos el pasado 15 de diciembre durante la Sesión de Clausura del Primer Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la LXIV Legislatura del estado. Como parte del orden del día de la sesión realizada esta tarde también se hizo de conocimiento, la recepción de diversos oficios y circulares provenientes de los Congresos estatales de Nuevo León, Tabasco, Querétaro y Guerrero. La Diputación Permanente del Congreso del Estado, integrada por el diputado Germán Quintal Medina como presidente; y las diputadas Itzel Falla Uribe y María Esther Magadán Alonzo como secretarias; fue instalada el pasado 16 de diciembre y estará en funciones hasta el 31 de enero de 2026, para dar seguimiento a la labor legislativa durante el actual periodo de receso.
La Fiscalía de Veracruz detuvo al periodista Rafael Lafita León, acusado de terrorismo y encubrimiento contra instituciones de seguridad. La organización Artículo 19 señaló que la detención podría ser una violación a la libertad de expresión, relacionada con su labor periodística y coberturas recientes.
La Comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, Transparencia y Anticorrupción aprobó por unanimidad el dictamen que declara idóneos a los candidatos propuestos para ocupar el cargo honorario vacante en la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán (SEAY). Los perfiles que fueron turnados al Pleno para su análisis, y aprobación en su caso, son: Jesús Armando Manzanilla Acevedo, propuesto por la Universidad Santander; Lic. Elmer Adrián Rodríguez García, propuesto por el Instituto Metropolitano para la Educación y la Tecnología; y Mtro. Abner Isaac Martínez Chiclin, propuesto por la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Durante la sesión, la comisión recibió las comparecencias de los aspirantes, quienes expusieron su trayectoria y motivos para integrar la Comisión de Selección. Martínez Chiclin destacó su experiencia en participación juvenil, ciudadanía y prevención de la corrupción desde el ámbito universitario; Manzanilla Acevedo subrayó su formación en transparencia, procesos institucionales y desarrollo administrativo en el Poder Judicial; y Rodríguez García destacó la importancia de fortalecer la lucha contra la corrupción, la transparencia y la participación ciudadana, subrayando que estos esfuerzos deben estar apegados al pueblo. La Comisión informó que una propuesta fue descartada tras verificarse que no cumplía con los requisitos establecidos en la convocatoria. Con la aprobación del dictamen, el proceso pasa ahora al Pleno del Congreso, que será el encargado de realizar la votación final para elegir al nuevo integrante de la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción.
En el Día Internacional Anticorrupción, el Ayuntamiento de Mérida que encabeza la presidenta municipal Cecilia Patrón Laviada recibió el Reconocimiento a Instituciones y Empresas por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. La alcaldesa reafirma el compromiso con la honestidad, la transparencia y las cuentas claras, siempre de frente a la ciudadanía. Acudieron a la ceremonia María de Guadalupe Guillermo Cordero, directora de Contraloría, y Raúl Alberto Medina Cardeña, titular de la Unidad de Transparencia.
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