Este 9 de septiembre, la Profepa clausuró de forma total y definitiva la empresa Pecuaria Peninsular, ubicada en Santa María Chi, debido al incumplimiento reiterado de siete medidas correctivas, entre ellas, la descarga directa de sus aguas residuales sin permiso y la omisión en la caracterización de sus lodos.
A partir de la clausura, la Profepa buscará que la granja se enfoque en la reparación de los daños ocasionados en la zona, a través de la elaboración de un estudio de daño ambiental y dando seguimiento al proceso de desmantelamiento y adecuado abandono del sitio.
En atención a denuncias presentadas por organizaciones de la sociedad civil y por las comunidades mayas desde el 2021, la Profepa ha realizado visitas de inspección a granjas porcícolas ubicadas en Yucatán en los municipios Muna, Mérida, Kinchil, Izamal, Tizimín, Santa Elena, Conkal, Cacalchén, Hoctún, Hunucmá, Mayapán, Opichén, Maxcanú, Suma, Sotuta, Progreso, Tekax, Tixpéhual, Abalá y Kopomá. Dentro de estas acciones, Pecuaria Peninsular fue una de las granjas inspeccionadas y a la que se le han impuesto diversas medidas correctivas.
“Este caso es fundamental para la Profepa; conocemos la lucha de años de las comunidades de la zona, quienes han padecido los impactos y las afectaciones a su calidad de vida y a su entorno. Las vecinas y vecinos de esta empresa se han amparado, han hecho denuncias, han buscado la justicia con autoridades de todos los niveles y hoy la Profepa trabaja con ellos para lograr esta clausura definitiva”, afirmó la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
🚨 Clausuramos de forma total y definitiva la granja porcícola Pecuaria Peninsular, en Santa María Chi, Yucatán, por incumplir reiteradamente medidas correctivas y descargar sus aguas residuales sin autorización. ⚠️
✅ Esta acción responde a la lucha de años de las comunidades… pic.twitter.com/xRXboxWV6x
— PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 10, 2025
Para la Profepa atender la problemática sobre los impactos de las granjas de cerdos en la Península de Yucatán es una prioridad. Y atender a las comunidades afectadas y asegurar que se cumpla su derecho al medio ambiente forma parte de nuestro compromiso con la justicia ambiental.
Continuaremos trabajando con el fin de garantizar la protección del medio ambiente y la salud pública, y para evitar violaciones del derecho humano al medio ambiente y para regular de forma efectiva a este sector.
