La defensa del patrimonio y los intereses de las y los meridanos siempre ha sido y será el factor primordial en cualquier acción que emprenda el Ayuntamiento de Mérida, en apego al estricto cumplimiento de las leyes.
De esta manera, hará valer todos los medios legales a su alcance, sin permitir que intereses particulares estén por encima del interés colectivo.
Así ha sido el actuar del gobierno municipal en el caso del adeudo con el banco Santander, derivado de actos realizados en administraciones distintas a las del partido que está al frente del Ayuntamiento, y en el cual nunca nos hemos negado a cumplir con las obligaciones de pago.
Apegados a lo que marca la ley en estos casos y para evitar posibles afectaciones en los servicios que el municipio debe prestar a sus ciudadanos, desde el 24 enero de 2019 presentamos ante Juzgado 3o. de Distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso, un plan de pagos que fue ignorado por dicha autoridad, motivo por el cual el 11 de agosto pasado el municipio lo presentó de nuevo, incluso actualizado.
De nuevo y por motivos que desconocemos, no hubo resolución sobre el plan de pagos.
Hay que dejar muy claro que la ley establece que cuando un ente de gobierno como el Municipio de Mérida tiene que cumplir órdenes judiciales para pagar alguna cantidad, se debe cuidar no afectar su presupuesto que está destinado a prestar servicios a los ciudadanos.
Queremos ratificar ante todas y todos los meridanos que nosotros hemos cumplido con el puntual y legal seguimiento del caso y que defenderemos el patrimonio ciudadano. No permitiremos que este patrimonio quede sujeto a intereses ajenos al bienestar común.
Con el seguimiento y la presentación de un plan de pagos para cumplir con lo reclamado, el Ayuntamiento de Mérida demuestra su disposición para cumplir sus obligaciones y a la vez no causar afectaciones a los ciudadanos a quienes tiene la obligación constitucional de prestar servicios públicos.
El Municipio de Mérida siempre acatará aquellas decisiones que, apegadas a derecho, permitan por una parte cumplir sus obligaciones legales y constitucionales, y por la otra acatar los fallos o resoluciones judiciales que es lo que se ha hecho al presentar el programa de pagos al tribunal mencionado.
Reiteramos que tenemos total disposición al diálogo, siempre en el marco de la ley y con la única condición de privilegiar en todo momento el interés de quienes habitamos en el municipio.
En marzo de 2011, el Ayuntamiento de la capital de Yucatán firmó un contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias con AB&C Leasing para el municipio, quien posteriormente transmitió los derechos de ese arrendamiento a Banco Santander México, notificándolo a las autoridades correspondientes.
Sin embargo, ese mismo año con el cambio de administración de Mérida, se notificó al banco que no se cubrirían las cuotas del contrato argumentando que el Cabildo no había autorizado la transmisión de derechos por un monto de 588 millones 761 mil 81 pesos con 17 centavos.
A partir de entonces, comenzó una serie de litigios en los que el Ayuntamiento no obtuvo resolución a su favor. En 2014 el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Felipe V Consuelo Soto, condenó al municipio de Mérida a pagar el adeudo al banco, ya que tanto el contrato como la transmisión de derechos eran legales.
