El 11 de mayo de 2015, el ex gobernador Patricio Patrón Laviada  interpuso una denuncia penal contra Ivonne Ortega Pacheco, y contra Rolando Zapata Bello, y otros posibles involucrados por el presunto devío de millones de pesos de recursos públicos que debieron destinarse al Hospital de Tekax, cuya construcción inició en el sexenio del ex mandatario panista.

Poco antes de dejar el encargo, Patrón Laviada dejó recursos para que la obra se concluyera, más de 30 millones de pesos de ese entonces, (año 2006), pero el hospital no quedó listo  hasta hace diciembre pasado y fue la administración de Andrés Manuel López Obrador la que tuvo que intervenir para que 14 años después, por fin se terminará.

La denuncia fue presentada ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy llamada Fiscalía General de la República.

 El delegado en ese entonces sería el mismo, Juan Manuel León León, quien en una entrevista para medios locales en octubre pasado, dijo que el Gobierno de México no había considerado cambio alguno en la delegación yucateca, y al menos hasta hoy no hay información oficial alguna en el sentido de que en esa dependencia federal haya un nuevo delegado.

  Este medio intentó hablar con Patricio Patrón para corroborar si por lo menos fue llamado a ratificar su denuncia por parte de la Fiscalía, pero no contestó los mensajes.

Sus allegados señalan que anda muy alejado de la política.

Sin embargo, el día que el ex gobernador interpuso la denuncia, escribió en su muro de Facebook: “Después de reiteradas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública del gobierno federal, sin siquiera recibir respuesta, hoy presenté en las oficinas de la delegación de la PGR en Yucatán, denuncia penal por el desvío de recursos para la construcción del hospital de Tekax”.

Pero pues el castigo que pidió el ex mandatario nunca llegó.

El Hospital por fin abrió sus puertas en enero pasado, pero todo parece indicar nunca se investigó el destino de los recursos que dejó Patrón Laviada para terminar la obra que ya tenía un avance importante.

Se esperaba y era predecible que Rolando Zapata Bello, no investigara a Ortega Pacheco, para no afectar la imagen de su partido, pero también parece que la inacción de las autoridades federales y la burocracia administrativa, que por años ha identificó a la antigua PGR, también ayudaron mucho a que las denuncias se vayan al olvido.

OTRA DENUNCIA

Patrón Laviada también denunció en junio del año 2018  un presunto desvío de recursos de la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) por más de 160 millones de pesos, en un modus operandi similar al que empleó el exmandatario veracruzano Javier Duarte de Ochoa en la denominada “estafa maestra”.

 Destacó que el dinero desviado para esos estudios, que además los contratistas nunca entregaron, estaba destinado al tratamiento médico de niños yucatecos y recalcó, los infantes que lo requieren eran nebulizados en cajas de cartón.

Precisó que son 61 las empresas involucradas en la presunta estafa, cuya función al parecer sólo fue la emisión de facturas.

Por citar algunos ejemplos, detalló que a la compañía PV Tempus Steel and Tools S.A. de C.V., dedicada a la comercialización de pescados y mariscos, se le encargó un estudio sobre la epidemiología del talipes (una malformación de los pies) en el estado de Yucatán. Y la importadora Stream Medows Trading Co S.A. de C.V. estudió las incidencias de afecciones maternas.

A Ok Aplicaciones y Más S.A. de C.V., cuyo giro es la fumigación y el control de plagas, se le contrató para revisar el “Panorama actual de la shigellosis, determinándose su impacto, e informar sus efectos y medidas a establecer para su prevención”.

La shigellosis es una infección intestinal causada por la bacteria Shigella, que se transmite por el contacto con heces humanas contaminadas.

Valzur Comercio y Negocio S.A. de C.V., avocada a la programación web, tuvo a su cargo el estudio y diagnóstico de las enfermedades del adulto mayor.

La SSY –abundó– contrató y pagó “de manera atípicamente rápida” estudios sobre la lepra, el mal de chagas, enfermedades pulmonares, violencia familiar y sexual, accidentes de tráfico, patologías auditivas, anorexia y asma.

Resaltó que por cada estudio se pagaron más de un millón de pesos, pero en los contratos no aparece ningún especialista, centro de investigación o universidad, pública o privada, y lo peor es que “en la mayoría de los casos, ni se entregaron”.

De estas denuncias tampoco se ha vuelto a saber  nada y ante esa acusación lo que el entonces gobernador Rolando Zapata Bello, contestó es que las declaraciones de Patricio no correspondían a la realidad y que se pretendía usar el tema de la salud para sacar provecho electoral, ya que se acercaba la elección del 1 de julio a nivel local y federal.