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Dan entrada en Congreso a dictamen que acabaría con el reemplacamiento obligatorio

En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por mayoría el proyecto de dictamen por el que se reforma la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, suscrita por el coordinador de la fracción de Morena, Miguel Candila Noh, que plantea que las placas de circulación vehicular deberán ser sustituidas o reemplazadas únicamente por cambio de propietario, de uso o de destino del vehículo o por la pérdida, robo o daño de las placas en este último caso, cuando el deterioro sea tal que dificulte la identificación de éstas.

Así mismo, el costo, monto o precio final al que hace referencia el párrafo anterior, no podrá contener ningún concepto adicional de cobro a la ciudadanía ajeno al valor real de la placa lista para la entrega al ciudadano y para su instalación en el vehículo.

La diputada Díaz Lizama, quien votó en contra, propuso una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para tener una perspectiva de la autoridad competente.

En respuesta, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso estatal, Felipe Cervera Hernández, señaló que el asunto que se estaba discutiendo no era el reemplacamiento, si no cuanto tendría que costarle a las y los yucatecos este procedimiento.

“Lo que se está discutiendo no es cancelar el cambio de placas, lo que estamos discutiendo es cuánto pagará el ciudadano por el emplacamiento o reemplacamiento y considero que debe ser lo justo”, reiteró.

Agregó que esta iniciativa, en ningún momento pone en riesgo la seguridad del Estado, pues no se dejaría de realizar el canje de placas, por lo que insistió en que no se quiera confundir a las y los yucatecos en relación a este tema.

De la misma manera, a propuesta de Alejandro Cuevas Mena (PRD), se plasmó un artículo transitorio para que el Poder Ejecutivo del Estado adecúe el reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad en un plazo que no excederá de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

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