Por unanimidad, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron el proyecto de decreto que contiene las modificaciones a la Constitución Política del Estado, en materia del Derecho Humano a la Buena Administración Pública, con lo cual se tendrá el derecho de exigir a las autoridades una buena administración.
En su mensaje, el diputado de Acción Nacional, Jesús Pérez Ballote, explicó que el objetivo principal es contribuir en la construcción de una sociedad que ejerza sus derechos y se involucre en la vida pública, para continuar avanzando por el camino del desarrollo y bienestar de Yucatán.
“Este derecho humano será pilar en la construcción de mejores gobiernos que tiendan a consolidar con mayor eficacia los principios de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas, tal como la que merecen las yucatecas y los yucatecos”, puntualizó.
Resaltó, que va más allá de un simple enunciado, pues tendrá un impacto significativo en diversos ámbitos como la prestación de servicios públicos de calidad, la generación de políticas públicas, la impartición de justicia y los mecanismos de respuesta de parte de las autoridades.
El Derecho a la Buena Administración Pública es un derecho humano que brinda a la ciudadanía herramientas para exigir que las autoridades cumplan con sus atribuciones y responsabilidades, teniendo un impacto en la calidad de los servicios públicos y los mecanismos de atención y respuesta de los gobiernos hacia los ciudadanos.
Este derecho fundamental de vanguardia solo ha sido reconocido en la Constitución Local de la Ciudad de México, por lo que Yucatán se convertiría en la segunda entidad en incorporar expresamente el Derecho a la Buena Administración Pública en su texto constitucional.
“Este cambio de visión busca empoderar a los ciudadanos, para que las autoridades vayan más allá del mero cumplimiento de la ley y sus obligaciones en cuestión de servicios públicos, para ahora contemplar estándares de calidad y eficiencia que respondan a las expectativas de la gente, lo que sin duda se traducirá en mejores gobiernos”.
Sobre los alcances del reconocimiento del Derecho a la Buena Administración Pública en Yucatán, el panista, subrayó: “el objetivo es contribuir en la construcción de una sociedad participativa que ejerza sus derechos y se involucre en la vida pública, fortaleciendo la democracia y la gobernanza en nuestro estado”.
A favor, la diputada Alejandra Novelo Segura (Morena), expresó que esta iniciativa tiene un alcance significativo, ya que representa un cambio de paradigma respecto a la forma de ejercer la administración pública, implicando que el gobierno, en su actuar, contemple que en el centro de esta acción esté la ciudadanía.
“Con esto iniciará un proceso que debe ser respaldado por todas las personas titulares de instituciones y organismos públicos, para iniciar un cambio en los valores y guías del servicio público, en las que las personas servidoras públicas conozcan la existencia de este derecho, los principios que implica, y cómo en cada oficina puede garantizarse”, agregó.
