En las últimas semanas, Mérida ha sido blanco de bandas criminales dedicadas al secuestro de cuentas de WhatsApp, un delito que afecta tanto a las víctimas directas como a sus contactos cercanos. Los estafadores utilizan estrategias de ingeniería social para manipular a las personas y lograr que realicen depósitos de dinero bajo pretextos como emergencias médicas, accidentes o problemas bancarios.
Modus operandi identificado
Uno de los métodos más reportados involucra cuentas bancarias asociadas a Bancoppel, destacando el número 137320210039233605 a nombre de Karla Guadalupe Franco Vázquez. Este dato llama la atención debido a las reiteradas denuncias presentadas ante las fiscalías, mientras que Bancoppel parece no tomar medidas efectivas al respecto.
Usuarios afectados han señalado que, al intentar obtener información del banco, el personal asegura que la cuenta no existe o se niega a proporcionar datos relevantes, a pesar de que los depósitos realizados llegan efectivamente a la misma. Esta aparente inacción por parte de la institución bancaria ha generado sospechas de complicidad o negligencia.
Llamado a la acción
Ante esta preocupante situación, es fundamental que la ciudadanía actúe de manera coordinada:
Denunciar los hechos: Tanto las personas que sufren el secuestro de sus cuentas de WhatsApp como quienes son engañados para realizar depósitos deben presentar denuncias formales ante la Fiscalía de Yucatán.
Presionar a las autoridades y bancos: La falta de acción por parte de instituciones como Bancoppel solo perpetúa estos delitos. La presión social y mediática puede ser clave para que se implementen medidas más estrictas.
Prevenir el fraude: Es esencial estar atentos a solicitudes inusuales de contactos y verificar la identidad de quien pide ayuda antes de realizar cualquier transferencia.
La creciente ola de fraudes en Mérida no solo refleja un problema de seguridad, sino también la falta de respuesta efectiva de las instituciones bancarias y autoridades. Es necesario exigir acciones contundentes para proteger a la ciudadanía y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
