Acusado del delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a F.A.A.L. por incumplir con la pensión alimenticia de su hija, quien interpuso la querella.
Tras la denuncia, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria y la integración de la carpeta de investigación correspondiente, de la cual se desprende que el encausado y la madre de la denunciante, actualmente mayor de edad, mantuvieron una relación sentimental y de esa unión procrearon a M.J.A.O.
Posteriormente, en 2008, contrajeron matrimonio civil, para luego en octubre de 2013 promover un procedimiento especial de divorcio en el cual al imputado se le condena a proporcionar el 25% del total de sus sueldos y demás prestaciones que reciba de manera mensual de cualquier centro de trabajo donde labore, vales de despensa, así como seguir cumpliendo con el importe correspondiente al fideicomiso de estudios universitarios de su hija.
Las anteriores obligaciones se cumplieron hasta enero de 2019, cuando un Juez Familiar modificó temporalmente dicho resolutivo para obligar al imputado a proporcionar 10 mil pesos mensuales a favor de M.J.A.O., así como seguir cumpliendo el importe correspondiente al fideicomiso, siendo que hasta la presente fecha, sin causa justificada, ha incumplido con dicha obligación.
La denunciante argumentó que ha tenido que recurrir a sus familiares en busca de ayuda económica para sufragar sus necesidades básicas y los gastos derivados de la carrera universitaria de Odontología que actualmente estudia, por lo que se denunciaron los hechos que derivaron en la causa penal 315/2021.
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y expusieron los datos de prueba para solicitar se resolviera la situación legal del procesado.
El Juez de Control estableció que el imputado deberá presentarse los primeros días de cada mes en el Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y estará sometido a la vigilancia y cuidado del mismo Centro, todas estas medidas estarán vigentes durante todo el proceso.
