México Policia

“Dando y dando”; este es el audio de la mamá del “Mochomo” negociando su liberación

La Fiscalía General de la República (FGR) detectó, gracias a intervenciones telefónicas, un soborno de varios millones de pesos detrás de la liberación de José Ángel Covarrubias Salgado, “El Mochomo”, presunto responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “La SEIDO (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) tiene autorizadas por un juez competente, intervenciones que señalan el cohecho por varios millones de pesos realizado por diversos individuos cercanos al imputado, a personal del juzgado referido, para que decretara la libertad de dicha persona; motivo por el cual, junto con otras razones legales, se obtuvo el arraigo de Ángel “C”, informó la FGR en un comunicado. María del Socorro Castillo Sánchez, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, fue quien dictó ayer la libertad a “El Mochomo” al argumentar falta de elementos. De acuerdo con la FGR, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, inició ya una investigación por el soborno detectado. “El Mochomo”, identificado como líder de la banda Guerreros Unidos, fue detenido el 24 de junio por la Policía Federal Ministerial (PFM), en el municipio de Metepec, Estado de México, donde fue ubicado después de vivir por varios años oculto en distintas zonas serranas del país, de acuerdo con la Fiscalía. Tras ser consignado ante la jueza Castillo Sánchez, el presunto criminal fue internado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Ayer fue liberado, pero a su salida, volvió a ser detenido por otras acusaciones. La FGR apuntó que la jueza le decretó el auto de libertad tras negar valor a pruebas que se presentaron y que fueron admitidas en 2014, y que eran válidas en el sistema vigente en ese momento; asimismo, la juzgadora no revisó 21 pruebas aportadas entonces. Por lo anterior, la Fiscalía apeló el fallo legal de inmediato, apuntó en el comunicado.

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Conmoción en Colombia por la violación de siete militares a una niña indígena de 12 años

La brutal violación a una niña indígena del pueblo embera-chamí en el departamento de Risaralda (centro de Colombia) por parte de siete militares colombianos ha conmocionado al país cuya sociedad ha expresado un repudio unánime. Los agresores han aceptado los cargos por el delito de acceso carnal abusivo, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice. Al parecer, la menor de 12 años estaba sola, recogiendo guayabas cerca de un campamento militar, cuando los siete uniformados (entre ocho según la víctima) la secuestraron y violaron durante la noche del lunes pasado en el caserío de Santa Cecilia, que hace parte del municipio de Pueblo Rico. Fue la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) quien hizo pública la acusación la mañana del miércoles en un comunicado en el que el gobernador del resguardo Gito Dokabu-embera katío, Juan de Dios Queragama, solicitó a las autoridades la entrega de los militares implicados a la justicia indígena. Es un acto criminal que debe ser castigado con todo rigor por la justicia ordinaria. Pone en cuestión la eficacia disuasiva de prisión perpetua, recién aprobada, y obliga a una revisión de la formación de miembros de las Fuerzas Armadas, enfatizó el senado de Alianza Verde Antonio Sanguino. Este miércoles, el pueblo ancestral embera katio, en el departamento de Risaralda, denunció que una niña de 12 años fue secuestrada y violada por siete soldados del ejército de Colombia. Por medio de un comunicado, el Gobernador Mayor del Resguardo, Gito Dokabú-Embera Katio, denunció el hecho y detalló que los uniformados violaron a la menor indígena el pasado domingo luego de ser secuestrada de la comunidad. ‘Esta no solo ha sido una agresión para nuestra niña y su dignidad como ser humano y como miembro de un pueblo ancestral, ha sido una agresión para todo nuestro pueblo Embera Katio, y un acto que defrauda la confianza que hemos depositado en ellos como representantes del Estado’, recalcó. ‘Exijo como autoridad mayor que los agresores sean entregados para que desde nuestra autoridad y autonomía puedan ser juzgados y una vez paguen su condena bajo nuestra propia legislación, sean juzgados por las leyes de ustedes’, enfatizó. Los uniformados señalados por este crimen fueron identificados como integrantes del batallón San Mateo de Pereira y ya son investigados por el criticado hecho. (Vanguardia)

Mundo

El cementerio más grande de Latinoamérica cava más tumbas por aumento de víctimas del covid-19

Centenares de nuevas tumbas fueron cavadas en el cementerio Vila Formosa de Sao Paulo, el mayor camposanto de América Latina, para albergar al creciente número de víctimas del covid-19. La ciudad brasileña se ha convertido en uno de los principales focos de la pandemia en la región, con casi 222.000 casos confirmados y más de 12.500 muertos.