Despenalizar el aborto en Yucatán es un mandato judicial no una discusión moral
El Congreso de Yucatán tiene la obligación de cumplir con la sentencia del amparo 274/2024, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordena despenalizar el aborto en el estado y legislar sobre el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Esto conlleva a que el tema ya no sea una decisión o discusión política o moral, sino un mandato legal. Cumplir con el amparo no es opcional: ya que la Corte ha ordenado al Congreso realizar las modificaciones legislativas necesarias para garantizar la despenalización del aborto, y concluirlo durante el actual periodo de sesiones. No hacerlo implicaría desacato a una resolución judicial. ¿Qué es lo que sucedió? En el año 2021 un grupo de activistas interpusieron un amparo contra la penalización del aborto en Yucatán, caso que llegó hasta la última instancia: la primera sala de la Suprema Corte. Ante esto, la SCJN determinó la inconstitucionalidad de diversos artículos de la Constitución de Yucatán y del Código Penal local donde se criminaliza a las mujeres y personas gestantes por interrumpir el embarazo; debido a que no se ajustan a los parámetros del derecho a decidir y autonomía reproductiva reconocidos en nuestro país y a nivel internacional. CONGRESO DEL ESTADO EN ESCUCHA CIUDADANA. Vale la pena señalar, que, en su resolución, la Corte estableció que al legislar el Congreso Local debería observar parámetros razonables para llevar a cabo un procedimiento de interrupción de embarazo; así como guiarse por los establecidos en otras entidades donde se ha instrumento el derecho a decidir como Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo, donde la legislación contempla esta posibilidad hasta las doce semanas. Hay que acotar que el derecho a decidir no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, por lo mismo, en el caso del aborto forzado el Congreso también está analizando los mecanismos para proteger a este sector frente a situaciones donde se les vea obligadas a abortar sin su consentimiento, o mediante el engaño y/o el uso de violencia; por lo que los diputados inclusive se encuentran evaluando el aumento en las penas para este tipo de casos. Por todo lo anterior, el Congreso del Estado está llevando a cabo una serie de mesas de trabajo con organizaciones de la sociedad civil con diferentes posturas sobre el tema. Ya que en próximos días el poder legislativo de Yucatán estaría sesionando para definir de qué manera armonizará la legislación para acatar la resolución de la Corte.
