Yucatán
El Gobierno del Estado presentó el expediente completo del proyecto “Las Dunas”, confirmó que la revisión de la Semarnat y la Profepa ya está en marcha y reiteró que la protección del patrimonio natural de Yucatán prevalecerá sobre cualquier proyecto particular. El Gobierno de Yucatán presentó este miércoles, durante la conferencia mañanera encabezada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena, el expediente completo del proyecto “Las Dunas”, ubicado en Chuburná, Progreso, y fijó una postura clara: la protección de la duna, el manglar y el humedal costero está por encima de cualquier proyecto particular. La secretaria de Desarrollo Sustentable, Neyra Silva Rosado, explicó, con base en la documentación oficial, que los dictámenes estatales obligan a la conservación total de 58 mil 740 metros cuadrados del predio, más de la mitad de su superficie: 55 mil 305 metros cuadrados de humedal costero y tres mil 435 metros cuadrados de Zona Federal Marítimo Terrestre, que deben permanecer libres de ocupación, además de los manglares protegidos por la NOM-022-SEMARNAT-2003. La funcionaria precisó que la Factibilidad Urbana Ambiental (FUA) es un dictamen técnico mediante el cual se analiza la compatibilidad urbana y ambiental de un proyecto. Por su parte, la capacidad de carga es uno de los elementos técnicos que permite determinar la intensidad de desarrollo que puede soportar un predio de acuerdo con sus características territoriales y ambientales. Asimismo, aclaró que la FUA no constituye una licencia de construcción ni autoriza por sí misma la ejecución del proyecto. La autorización en materia de impacto ambiental corresponde al ámbito federal, mediante la Manifestación de Impacto Ambiental, evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La cronología presentada documenta que la aprobación original del expediente corresponde a administraciones anteriores. El dictamen FUA 186/2023 fue emitido en abril de 2023 por la administración estatal anterior. Posteriormente, el Ayuntamiento otorgó la licencia de uso de suelo en febrero de 2024 y, en noviembre de ese año, el Instituto para el Desarrollo Urbano y Territorial (IMDUT) ratificó la factibilidad como parte de un expediente previamente integrado, conservando las mismas condicionantes ambientales. La Semarnat negó una primera Manifestación de Impacto Ambiental en diciembre de 2023 y emitió una autorización condicionada en abril de 2025. La cronología confirma un hecho fundamental: la autorización ambiental definitiva ha sido y continúa siendo competencia exclusiva de la Federación, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ante la preocupación ciudadana, el Gobierno del Estado solicitó formalmente, desde el pasado 25 de julio, a la Semarnat y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) verificar el cumplimiento puntual de las autorizaciones del proyecto y entregó toda la información técnica con la que cuenta. La revisión federal ya está en marcha. La Profepa impuso la clausura temporal total de las obras el 2 de agosto, tras detectar afectaciones a especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT e incumplimiento de condicionantes ambientales, mientras que la Semarnat revisa de manera integral el proyecto y su autorización en materia de impacto ambiental. “El proyecto debe revisarse técnicamente y debe procederse conforme al deber ser. La protección de la costa está por encima de cualquier proyecto particular”, afirmó el Gobernador Joaquín Díaz Mena. El Gobierno del Estado reconoce la legitimidad de la preocupación ciudadana, mantiene seguimiento permanente al cumplimiento de las condicionantes estatales y reitera su plena disposición para colaborar con las autoridades federales y con el Ayuntamiento de Progreso, en el ámbito de sus respectivas competencias. El expediente completo permanece a disposición de la ciudadanía y de los medios de comunicación. El Gobierno del Renacimiento Maya reafirma que la protección del patrimonio natural de Yucatán se garantiza con apego a la ley, sustento técnico, transparencia y plena coordinación con las autoridades competentes.
