“El Bart” narró cómo intentó asesinar a Ciro Gómez Leyva en 2022, diciendo: “Me lo imaginaba en su camioneta con una sábana blanca”. Esta declaración reveló los detalles escalofriantes del plan fallido contra el periodista.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba suficientes para que J.C.U.C. fuera vinculado a proceso por el delito de violencia familiar, denunciado tras los hechos ocurridos en esta capital. En audiencia celebrada en Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito con sede en Mérida, los fiscales de litigación expusieron los datos de prueba reunidos en la causa penal 248/2024, los cuales fueron valorados por la autoridad judicial, quien resolvió decretar la vinculación a proceso del acusado. De los hechos, reunidos en la carpeta de investigación, se establece que ocurrieron cuando el imputado ejerció actos abusivos de poder en contra de su pareja sentimental, registrados el pasado 29 de junio del presente año, mismos que motivaron la denuncia de esta causa. Finalmente, el juez determinó que el presunto agresor deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva por todo el tiempo que dure el proceso y, finalmente, el Juez otorgó un plazo de tres meses para la realización de la investigación complementaria.
Tras ejecutarse una orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General del Estado (FGE), esta representación social formuló la imputación a A.J.H.P. por los delitos de violencia vicaria, privación ilegal de la libertad y sustracción de menores, denunciados tras los hechos ocurridos en abril pasado en la localidad de Temozón. De acuerdo con la denuncia interpuesta, la cual fue judicializada bajo la causa penal 247/2024, el encausado y la denunciante estuvieron casados y tuvieron dos hijos, mismos que ha mantenido alejados de su madre desde el pasado siete de abril. Como parte de los agravios, el acusado ejerció actos intencionales en contra de la mujer con la finalidad de causarle daño, además de impedir que los menores acudan a sus actividades escolares y extraescolares, privándoles su derecho a la educación. En la audiencia realizada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito, con sede en Mérida, la Fiscalía expuso los datos de prueba para pedir la vinculación a proceso del encausado, quien se acogió a la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que la autoridad judicial estableció que la audiencia se reanude el próximo ocho de julio. Los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de prisión preventiva justificada, misma que fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.
Tras ser acusada por ejercer actos abusivos contra su hijo menor de edad, M.J.P.C. fue encontrada penalmente responsable del delito de violencia familiar durante la realización de un juicio abreviado y luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó las pruebas que lograron el veredicto en favor de la víctima. Tras la anuencia de las partes, el Juez determinó que existían los elementos suficientes para dar el fallo condenatorio contra la acusada, por lo que se determinó que la acusada deberá cumplir una sentencia de tres años de prisión. Además, como parte de su sentencia, la imputada deberá pagar la reparación del daño, se le prohíbe acercarse a su hijo o su domicilio, una vez compurgada su sanción, se le condena a una amonestación pública y se le suspenden sus derechos políticos. Cabe recordar que durante la etapa inicial del proceso, esta representación social realizó la indagatoria pertinente de la causa penal 68/2023, misma que permitió establecer que los hechos ocurrieron el 21 de febrero del 2023, cuando la hoy condenada, se encontraba dentro de un domicilio en Jardines de Caucel, al poniente de Mérida, junto a su hijo de 12 años, donde ejerció actos abusivos de poder dirigidos a agredir físicamente al menor.
Joan de 4 años fue raptado y asesinado presuntamente por una de las personas más cercanas a su familia, su madrina de bautizo. Ivonne ‘N’ es la principal sospechosa del crimen, es esposa de un primo hermano del padre del niño.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba suficientes para que J.E.H.D. fuera vinculado a proceso por el delito de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar, denunciado tras incumplir con el pago de la pensión alimenticia de sus hijos. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Umán, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba reunidos en la causa penal 22/2024, los cuales fueron suficientes para que la Juez de Control dictara el citado auto de vinculación a proceso por el delito imputado y se otorgara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe recordar que, durante la audiencia inicial se estableció que la denunciante y el imputado estuvieron casados y procrearon dos hijos, pero tras separarse en 2014, al año siguiente la querellante realizó trámites para obtener el pago de la pensión alimenticia a favor de sus hijos, obteniendo una sentencia por un Juez de lo Familiar, para que el imputado pagara el 40% de su sueldo en beneficio de sus hijos, pero desde el principio el encausado no ha cumplido con la misma, por lo que se procedió de forma penal. Por último, se ratificaron las medidas cautelares otorgadas durante la audiencia inicial, las cuales permanecerán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
Tras ser valorados los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), C.G.E.E. fue vinculado a proceso por el delito de violación agravada, denunciado después de los hechos ocurridos en la localidad de Baca, en agravio de su hija, por lo que permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Al reanudar la audiencia, el Juez Primero de Control valoró los datos expuestos por los fiscales de litigación y consideró que eran suficientes para decretar el citado auto de vinculación a proceso por el delito imputado, otorgando además un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe recordar que, durante la audiencia inicial, los fiscales establecieron que los hechos ocurrieron el día ocho de noviembre del 2022, cuando el imputado tocó de forma lasciva a su hija menor de edad y al día siguiente, haciendo uso de la violencia física y moral, le impuso la cópula, motivo por el que se presentó la formal denuncia que derivó en la causa penal 383/2024. Antes de finalizar la diligencia, fue ratificada la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, otorgada durante la audiencia inicial y la cual se mantendrá vigente por todo el tiempo que dure el proceso, por lo que el acusado permanecerá privado de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.
Por el delito de feminicidio, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.P.G.U., luego de los hechos ocurridos en días pasados en la colonia Emiliano Zapata Sur III de la capital del Estado, por lo que enfrentará su proceso privado de su libertad. En audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito con sede en Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación de los hechos y argumentaron la vinculación a proceso del encausado, quien solicitó que su situación se resolviera dentro del plazo constitucional, por lo que la autoridad judicial estableció que la audiencia se reanude el próximo tres de julio. Los hechos, reunidos por los especialistas de la Fiscalía y que constan en la causa penal 242/2024, ocurrieron el pasado 25 de junio del presente año, cuando el acusado ingresó al domicilio de la víctima, quien era su ex pareja, a quien atacó con un arma punzocortante mientras ella estaba acostada, ocasionándole lesiones que finalmente le causaron la muerte. Por último, antes de concluir la diligencia, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control, por todo el tiempo que dure el proceso.
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