Policia
El caso de la maestra Guadalupe P. S, quien denunció haber sido víctima de una tortura a manos de elementos de la Policía Municipal del Progreso, la cual le había provocado un aborto, tiene relación directa con las investigaciones del asesinato de un agente de esa corporación pues su esposo sería sospechoso del crimen, según información obtenida por este medio. El agente municipal fue asesinado de un certero tajo en el cuello en la madrugada del 10 de junio pasado. Fue atacado mientras estaba dormido, en la caseta policíaca ubicada en la calle 37 con 112 de la colonia Vicente Guerrero en el poniente de ese puerto. El crimen ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada, el agente estaba de guardia cuando se presume que llegó uno o varios sujetos armados con un cuchillo, el ataque le causó heridas mortales. El policía moribundo alcanzó a pedir ayuda, y cayó en la calle El cuerpo quedó en la esquina junto a la tienda Autoservicio Eben Ezer, donde autoridades realizaron el levantamiento del cadáver. El policía fue identificado como Luis Manuel Pacheco Chuc. El esposo de la maestra denunciante fue detenido como parte de las indagatorias por ese asesinato, y dos días después la señora declaró en calidad de testigo, y fue ahí donde denunció haber sido torturada y por esa razón haber perdido su embarazo de dos meses de gestación, como consecuencia de la “golpiza” que le pusieron. De acuerdo con medios locales, la víctima, G. P. S., y su esposo, R.G.T., fueron detenidos el miércoles 10 de junio en la entrada de su domicilio, por orden de la comandanta M.U.F., quien los señaló como presuntos involucrados en el asesinato del policía Luis Canul P. Ch., en un módulo de la corporación. “No dejaron de golpearme en el vientre, me ahorcaban, me patearon la espalda y me aventaron a la patrulla, no pararon de insultarme y burlarse… yo les suplicaba que no lo hagan, que estaba embarazada, pero me ignoraron, siguieron torturándome”, aseguró la profesora en su declaración. El relato de la mujer que ya forma parte de la carpeta de investigación sobre la muerte del agente, ya tuvo eco incluso en el medio nacional Proceso, pero éste solo difunde las declaraciones de la profesora, pero no aclara en el contexto en que ésta las hizo, al igual que ha sucedido con otras notas que circulan sobre el caso. Tampoco existe hasta ahora una denuncia directa contra algún elemento de la Policía Municipal de Progreso por cometer esos supuestos actos de tortura y provocarle un aborto a la profesora. Ella afirma que jamás le dieron las razones de su detención. No obstante, según su denuncia, por órdenes de una “comandanta” fue golpeada brutalmente para obligarla a confesar su supuesta participación en el asesinato del policía. En el piso, las uniformadas la patearon en el abdomen, lo que le provocó el aborto. Sin embargo, la declaración fue hecha en calidad de testigo del caso, por lo que como se mencionó, no hay una querella formal en contra de la comandanta o algún otro elemento policiaco. Ella no está en calidad de detenida, el esposo sí sería vinculado a proceso por el crimen, si los fiscales logran comprobar su probable participación , aunque cabe aclara que aún no se ha emitido una orden de formal prisión en su contra. Hace unas horas se dio a conocer la versión del alcalde de ese puerto, Julián Zacarías Curi, luego de que en distintos medios informativos se ha dado cuenta de una solicitud de informes detallados sobre presuntos hechos que se imputan a elementos policiacos en Progreso. “Siempre estaremos dispuestos a atender las solicitudes y a resolver las inquietudes de los ciudadanos. Está en curso una investigación para que se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad. No ha habido denuncia o querella alguna, sólo versiones difundidas en redes sociales”, precisó “Con el firme objetivo de que se esclarezcan los hechos a los que se refieren esas versiones, se deslinden responsabilidades y se conozca la verdad, informo que no se ha recibido notificación alguna por parte de la Fiscalía General del Estado de Yucatán o solicitud de información de organismos autónomos, como la Comisión de Derechos Humanos de la entidad. No ha habido denuncia o querella alguna, sólo versiones difundidas en redes sociales”, aseveró el edil porteño. “Desde que se tuvo conocimiento de este caso, se ha hecho una ardua, intensa labor de investigación, siguiendo siempre los procedimientos que marcan las normas; en todo momento he estado al pendiente de los avances de esta investigación, aún en curso, supervisando que se respeten y salvaguarden los derechos de los presuntos involucrados”, aseguró. Por su parte, la maestra, pues no confía en el edil e insiste en que fue torturada, dice temer por su vida y responsabiliza al presidente municipal de lo que le pueda pasar a ella o a su familia.
