Miles de damnificados por «Cristóbal», fuera del Fonden, pide Vila rectificar dictámenes
El Gobernador Mauricio Vila Dosal se reunió con Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal, a quien planteó la urgente necesidad de que los criterios de operación del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) sean mejorados y se adecúen a la realidad que se vive en Yucatán. La idea es que las familias yucatecas afectadas por las tormentas “Amanda” y “Cristóbal” sean apoyadas y puedan recuperarse de sus pérdidas lo antes posible, para lo cual hasta ahora no hay un apoyo seguro de ese Fondo Nacional. En el encuentro, Vila Dosal expuso a Meyer Falcón que, a pesar de las graves afectaciones que las fuertes lluvias e inundaciones ocasionaron, los apoyos del Fonden no consideran a la mayor parte de la población damnificada debido a que las pérdidas en las viviendas y vialidades no concuerdan con lo dispuesto en las reglas de operación de este esquema, pues en ellas únicamente se contemplan daños estructurales originados por otro tipo de desastres naturales, como temblores o huracanes. Por su parte, el secretario federal escuchó atentamente los planteamientos y se ofreció a trabajar de manera coordinada con las autoridades estatales para respaldar a los yucatecos que se vieron afectados por las tormentas tropicales. Acompañado de los directores de los Institutos de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (IMDUT), Aref Karam Espósitos y de Vivienda del estado (IVEY), Carlos Viñas Heredia, Vila Dosal señaló que dichos fenómenos meteorológicos dejaron muchas afectaciones en las viviendas. Sin embargo, prácticamente todas las solicitudes en la materia están siendo rechazadas, pues al no presentar daños estructurales en las casas, son descartadas, dejando sin apoyo a muchos yucatecos que ya contaban con esa ayuda para salir adelante. En ese sentido, el Gobernador indicó que ha solicitado que estas afectaciones puedan entrar en un ámbito que contempla el Fonden como daños menores, donde pueden entregarles entre 6 y 12 mil pesos a cada vivienda para poder hacer sus reparaciones eléctricas, o la restitución de materiales que se hayan humedecido o la recuperación de artículos que hayan perdido, pero, hasta el momento, no se ha recibido respuesta a esta propuesta. De igual manera, Vila Dosal señaló que, tras las evaluaciones a viviendas y vialidades, presidentes municipales de Yucatán han externado que las normas de operación no están hechas para la realidad de esta región del país, lo que les ha ocasionado que se les niegue casi todo el apoyo solicitado para sus municipios. Ante esta situación, se pidió a los funcionarios de la Sedatu su comprensión y mayor sensibilidad ante el panorama que estamos atravesando los yucatecos, a fin de que, de alguna manera, se puedan encontrar los mecanismos para ser apoyados y que las familias vayan recuperando lo que han perdido. OTRO RECORTE En ese marco, también se revisaron los proyectos que se llevarán a cabo, de manera conjunta, en el municipio de Progreso a través del Programa de Mejoramiento Urbano 2020. Al respecto, se informó que, debido a los recortes por parte de la Federación, el presupuesto para este programa en el municipio de Progreso se redujo a 168 millones de pesos, cuando originalmente, se dijo, se destinarían 500 millones de pesos. Cabe destacar que, aunado a esta inversión, el Gobierno del Estado destinó casi 60 millones de pesos para revitalizar la imagen de este puerto y ofrecer atractivos espacios para la recreación de los locales y visitantes mediante la rehabilitación de un tramo del Malecón y la remodelación de la Casa de la Cultura de Progres o y la rehabilitación de calles aledañas a este edificio. En la reunión estuvieron presentes el titular de la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, Daniel Escotto Sánchez; el Jefe de Oficina del Secretario, Jorge Cabrera Jiménez; y de manera virtual se sumaron el coordinador de Gestión Integral de Riesgos de Desastres, Julio Millán Soberanes, los 3 de la Sedatu; y la directora para la Gestión de Riesgos (DGGR) de la Secretaría de Gobernación (Segob), Brisna Beltrán Pulido.
