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Yucatán

En Yucatán blindan mercado inmobiliario contra la mafia inmobiliaria

La seguridad jurídica patrimonial de los yucatecos es un eje central del actual Gobierno del Estado, lo cual se logrará mediante reformas a la norma estatal para que las propiedades no puedan ser motivo de abusos, delitos o especulaciones de la llamada “mafia inmobiliaria” sostuvo el titular del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy); Heide Joaquín Zetina Rodríguez.   La iniciativa busca modificar la Ley que crea el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, el Código Fiscal del estado y la Ley General de Hacienda y con ello crear una oficina que regule y evite transacciones ilícitas.   La propuesta, mencionó el funcionario estatal, es que los avalúos de las propiedades sean certificados y reales en el mercado comercial y que se hagan en apego a la ley y la transparencia y esto es basado en la actuación de los valuadores certificados en el estado.   Con esto, también se combate el lavado de dinero, delito de alto impacto en México.   Las y los yucatecos, precisó el funcionario estatal, que firmen transacciones inmobiliarias estén informados del valor y características del bien inmueble.   Esto, recalcó Zetina Rodríguez, protege a las personas que no tengan conocimiento del mercado inmobiliario, para que no caigan en fraudes.   “También se evitan afectaciones patrimoniales ante expropiaciones, por entidades de gobierno, invasiones, litigios comerciales donde se llega al remate de los bienes.   Tras un análisis exhaustivo de lo que se debe blindar a posibles delitos en la materia es importante evitar que se vuelvan a dar simulaciones en transacciones de compra venta.   Así, explicó, el Gobierno del Estado trabaja para combatir a la delincuencia organizada, a los defraudadores que se aprovechan la ignorancia de sus contrapartes, a los especuladores y a los agentes que regularizan tierras ejidales pagando a propietarios originales un precio y revendiendo inmediatamente a varias veces su valor.   De la misma manera, dijo, a los que venden lotes de inversión que no ofrecen servicios en sus desarrollos y basan su “competitividad” en costos bajos gracias a la evasión de impuestos y regularización barata de tierras.   Agregó que esta norma ya es aplicable en otras entidades del país en total apego a Derecho para beneficio de la ciudadanía.   “Debemos estar muy atentos como sociedad, pues hay muchas presiones de actores inmobiliarios con fuertes intereses en tráfico de tierras, lavado de dinero y fraudes a personas sin conocimientos inmobiliarios, debemos ver bien quien rechaza la iniciativa sin proponer soluciones a la problemática que la originó”, finalizó.  

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México

Senado aprueba que empresas paguen luz e internet por “home office”

El pleno del Senado aprobó la noche de este miércoles las reformas a la Ley Federal del Trabajo para avalar y regularizar en México el teletrabajo, también conocido como home office. El dictamen, avalado con 91 votos a favor, reforma el artículo 311 y se adiciona el Capítulo XII Bis de la Ley Federal del Trabajo. Con esto, los empleadores deberán asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de la electricidad. “Asumir los costos derivados del trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, incluyendo, en su caso, el pago de servicios de telecomunicación y la parte proporcional de electricidad”, indica la minuta de proyecto de decreto. El dictamen también establece que se considerará como teletrabajo a las labores que se realicen en un sitio distinto a las instalaciones de la empresa o centro de trabajo, además de que se utilicen las nuevas tecnologías de información y la comunicación. Las empresas serán las responsables de instalar y dar mantenimiento a los equipos que entreguen a los empleados para que estos realicen sus labores desde casa. Mientras que los trabajadores deberán cuidar y conservar los equipos, materiales y útiles que reciban de sus empleadores, por ejemplo, computadoras o celulares. Asimismo, las compañías deberán de respetar los derechos laborales de los trabajadores que se desempeñen bajo esta modalidad, como tener acceso a la seguridad social, así como el derecho a la desconexión, es decir, que no sean requeridos por sus empleadores fuera de las horas de trabajo. De igual manera, los patrones deberán preservar los datos personales y el derecho a la intimidad de los empleados. Respecto al salario, las compañías no podrán entregar al trabajador que realiza home office un pago inferior al que recibe el trabajador presencial con funciones iguales o similares. (El Financiero)

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México

Le roban a Dulce María su planta de mariguana en San Lázaro

La legisladora priista Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados reportó el robo de una planta de mariguana, que le había regalado el Movimiento Cannábico Mexicano, en las oficinas del Palacio Legislativo de San Lázaro. La Cámara de Diputados también decidió posponer el debate para aprobar el uso legal de esa droga en México, iniciativa que ya cuenta con el aval del Senado de la República.    

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Yucatán

Presentan ante el Congreso local iniciativa de ley a favor de la niñez y adolescencia

A fin de impulsar un mejor cuidado, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, así como su atención integral, el Gobierno del Estado presentó ante el Congreso local una iniciativa de Ley de los Derechos de este sector de la población, la cual, de ser aprobada, contribuirá a garantizar el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.   Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el consejero Jurídico del Estado, Mauricio Tappan Silveira, junto con la directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán (DIF), María Cristina Castillo Espinosa, y el subsecretario de Gobierno y Asuntos Religiosos, Víctor Hugo Lozano, entregó dicha propuesta, con la cual se promueven cambios trascendentales en la legislación sobre este tema.   La iniciativa, además de reconocer a esta parte de la población como sujeta de derecho y regular la competencia de las autoridades locales, conforme a lo establecido por la Ley General en la materia, marca un capítulo nuevo en la historia de Yucatán, al otorgar más y mejores atribuciones al órgano de protección, garantizando el pleno respeto al principio del interés superior de la niñez.   La nueva Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes contribuirá a agilizar la restitución del derecho a una vida en familia y a generar sinergia con el Poder Judicial, pues la Procuraduría, a través de un acta circunstanciada, podrá tener la tutela cuando madre, padre o algún familiar no reclame la custodia.   “Con este avance, niñas, niños y adolescentes podrán ser integrados a una nueva red familiar de forma más ágil, garantizando en todo momento su derecho a una vida en familia”, aseguró el funcionario.   Asimismo, la propuesta plantea la posibilidad de abrir la puerta al modelo de familia de acogida, para brindar cuidado, protección, crianza positiva y promoción del bienestar social del sector por un tiempo limitado, hasta que se pueda asegurar una opción permanente con la familia de origen, extensa o adoptiva, limitando la institucionalización. En segundo lugar, se expone en el documento, se propone que la llamada Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia pase a ser la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, organismo con autonomía técnica y de gestión, para garantizar la protección de estos derechos, coordinar los procesos de restitución de los mismos y seguir su evolución.   La nueva instancia también se encargará de supervisar y certificar a los Centros de Asistencia Social (CAS) públicos y privados, así como a asociaciones que brinden acogimiento a niñas, niños y adolescentes bajo tutela, además de que se llevará un registro de cada uno de ellos.   Tappan Silveira indicó que otro cambio significativo será la transición del Consejo de Protección Integral al Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en Yucatán (Sipinnay).   “Este Sistema será auxiliar de la Procuraduría de Protección, en la transversalización de la política pública de infancia y adolescencia, al coordinar los esfuerzos y acciones de las instituciones públicas y del sector social que lo integren”, sostuvo el consejero Jurídico del Estado. Dicha red también facilitará el involucramiento activo de este sector de la población en las acciones del Gobierno del Estado, pues se invitará permanentemente, a las sesiones del referido organismo, a cuatro representantes de la Red Estatal de Difusores Infantiles: una niña, un niño, una adolescente y un adolescente, quienes emitirán opiniones a tomar en cuenta, haciendo patente su derecho a la participación, detalló el funcionario estatal.   El Sipinnay también se fortalecerá con integrantes de los Institutos Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (Iepac) y Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), así como de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (Ceeav).   “Cabe destacar que todos estos avances cuentan con el aval de la sociedad civil, pues en el Gobierno del Estado estamos convencidos de que es necesario escuchar todas las voces para poder impulsar mejores políticas públicas, en favor de las yucatecas y yucatecos”, puntualizó Tappan Silveira.   Por su parte, la titular del DIF Yucatán agregó que esta nueva Ley es el cimiento de todo lo que se continuará construyendo en la materia, “juntos, sumando esfuerzos entre el Gobierno y la sociedad civil, seguiremos generando las condiciones para que la niñez y adolescencia yucatecas tengan una mejor calidad de vida, y se genere igualdad de oportunidades para su crecimiento y desarrollo”, finalizó Castillo Espinosa.

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Mérida

Aprueban en Comisión del Congreso del Estado el paquete fiscal de Mérida

En la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal, sus integrantes aprobaron por mayoría, con el voto en contra de la diputada de Morena, Leticia Euán Mis, las reformas a la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2021 del Ayuntamiento de Mérida. En los mismos términos, fue avalada las reformas a la Ley de Hacienda y la Ley de Ingresos para 2021 de Motul; así como la Ley de Ingresos para 2021 de Progreso, mientras que las reformas a la Ley de Hacienda de este último municipio no fueron aprobadas por mayoría, con cinco votos en contra y cuatro a favor, por lo que continuará la vigencia de la actual. Sobre este punto, la diputada del PRI, Lila Frías Castillo, indicó que hay mucha incertidumbre sobre el cobro del nuevo derecho sobre vialidad al transporte de carga y “no podemos generar leyes de hacienda que crean incertidumbre jurídica”, por lo que reiteró su postura en contra. Con relación al paquete fiscal de Motul, la diputada independiente, Milagros Romero Bastarrachea, destacó que la Comisión hizo un trabajo responsable, detallado, sin prisa y analizado, porque se hicieron ajustes para que el predial y las estimaciones de recaudación se redujeran de manera significativa, debido a los tiempos actuales, al igual que reconoció al alcalde de dicho municipio por escuchar y entender las propuestas. “Este año para todos los municipios es un momento difícil por los recortes de las participaciones y aportaciones federales que los deja en una situación de vulnerabilidad, pero siempre se puede construir y sumar”, recalcó. En su turno, el presidente de la Comisión, Víctor Sánchez Roca, señaló que de esta forma concluye el análisis, discusión y votación de los 104 paquetes fiscales municipales, ya que dos ayuntamientos no hicieron entrega a tiempo de sus iniciativas y reconoció el trabajo serio del cuerpo colegiado. “Los alcaldes han sido muy responsables por los tiempos que se están atravesando al no proponer cambios en los valores del impuesto predial ni cobros excesivos en los derechos y actualizaciones de los mismos”, indicó. Durante el estudio del paquete fiscal estatal, Sánchez Roca dio lectura a un oficio del Ejecutivo estatal, en el cual detalla que, para las comparecencias programadas para el jueves 10 de diciembre, acudirán la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra; la Secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya; el director de la Agencia de Administración Fiscal, Juan Carlos Rosel Flores; y el director del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, Heide Zetina Rodríguez. Para finalizar, se distribuyeron las fichas técnicas y cuadros comparativos de la iniciativa para modificar el artículo 43 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, para la integración del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres de Yucatán, suscrita por el diputado del PRI, Luis Borjas Romero. Al igual que de la reforma a la Ley general de Hacienda del estado, en materia de servicios que presta el Poder Legislativo, de la cual se solicitó la elaboración del proyecto de dictamen. Cambios en el proceso legislativo En comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, sus integrantes aprobaron por unanimidad modificar diversos artículos del Reglamento de la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, en materia de maximizar los procesos del entorno parlamentario, suscrita por la Junta de Gobierno y Coordinación Política. Entre los cambios destacados, se establece que el orden del día de las sesiones y los documentos se notificarán vía electrónica a las diputadas y los diputados y se podrán a disposición en la Gaceta Parlamentaria, cuando menos 24 horas antes de las sesiones del Pleno y sólo podrá ser modificado por el presidente o la presidenta de la Mesa Directiva antes del inicio de la sesión. Así mismo, los dictámenes para ser tramitados ante el Pleno deberán ser presentados a la Secretaría de la Mesa Directiva o a la Secretaría General, cuando menos 48 horas anteriores a la celebración de la sesión; no obstante, cuando se presente algún tema de carácter urgente o relevante, el presidente o la presidenta de la Mesa Directiva podrá incluir el asunto en el orden del día. De la misma manera, el cuerpo colegiado avaló por unanimidad la Minuta enviada por la Cámara de Senadores que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de México, para que el Presidente de la República pueda ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana. Así como para proceder penalmente contra el titular del Poder Ejecutivo federal, al acusarlo ante la Cámara de Senadores, la cual resolverá con base a la legislación penal aplicable. Por otro lado, se distribuyó la ficha técnica de la Iniciativa por el que se crea la Ley Reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de Yucatán, para regular el procedimiento de desahogo de la Glosa del Informe de Gobierno, suscrita por la fracción del PRI, que contiene 25 artículos y 6 capítulos. En este punto, la coordinadora de la fracción del PAN, Rosa Adriana Díaz Lizama, adelantó que presentará observaciones a la propuesta, al igual que sugirió que se abra un micrositio en la página de Internet del Congreso estatal, como parte del Parlamento Abierto, debido a la importancia y relevancia al ser una Ley nueva. De la misma manera, se distribuyó la ficha técnica y el cuadro comparativo de la Iniciativa por el que se adiciona el párrafo primero del artículo 49, de la Ley General de Hacienda del Estado y se reforman diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, en materia de reemplacamiento, suscrita por el diputado de Morena, Miguel Candila Noh.

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México

Tlaxcala, otra entidad que le dice Sí al “Matrimonio Igualitario”, ya son 22

En Tlaxcala, los diputados locales avalaron una serie de reformas al Código Civil del estado para permitir el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, lo que convierte a Tlaxcala en el estado número 22 en consolidarlo. Ante la presencia de integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Transgénero (LGBT), este martes ocho de diciembre fue aprobada la iniciativa remitida por el diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes para garantizarles el derecho a la unión civil. Sin embargo, los diputados del Partido Encuentro Social Tlaxcala, Luz Vera Díaz y José Luis Garrido Cruz, así como Omar Milton López Avendaño, del Partido Acción Nacional, señalaron que se trataba de una reforma incompleta, en la que no se analizaba el interés superior de la niñez, además de un proceso legislativo con errores, por lo que votaron en contra Pese a ello, fue avalada la propuesta que establece que la promesa de matrimonio es la que se hacen mutuamente dos personas, que constituyen los esponsales.

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Yucatán

Movimiento Ciudadano denuncia al alcalde de Motul por violencia contra regidora

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, así como el total de legisladoras locales, respaldaron una iniciativa ciudadana que tipifica la violencia institucional. También se denunció públicamente un caso de violencia de parte del alcalde de Motul, en contra de una regidora municipal. Las diputadas Milagros Romero Bastarrachea y Silvia América López Escoffié, explicaron que la propuesta agrega a la violencia institucional al catálogo del Código Penal, y además incluye la modalidad dentro de la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia. En términos generales, el servidor público que obstruya las labores de una mujer o ejerza violencia, podría hacerse acreedor de su destitución, días multa, y de 1 a 6 años de prisión. Cabe señalar que esta propuesta cuenta con el aval de las 12 diputadas, de las diversas fuerzas políticas que conforman el Congreso del Estado. VIOLENCIA POLÍTICA EN MOTUL Durante su participación en tribuna, Romero Bastarrachea, reveló el caso de la regidora, Yaline Campos Pech, que ha denunciado haber sido víctima de violencia política y de agresiones de parte del alcalde de Motul, Roger Rafael Aguilar Arroyo, quien no solamente la “ha bloqueado”, sino que también la ha agredido físicamente. Campos Pech, expuso, que desde meses atrás ha solicitado información respecto a unas obras “irregulares”, sin embargo, los datos le han sido negados en reiteradas ocasiones. Incluso, por instrucción directa de Aguilar Arroyo, le prohibieron el acceso al Palacio Municipal, en especial al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, en donde le informaban de subsidios “dudosos”. Ella, desde meses atrás, ha cuestionado presuntos desvíos de parte del edil, la adquisición de un vehículo de segunda mano, la construcción de una clínica pre hospitalaria en un terreno de la familia del alcalde, y el dinero que se invirtió en unas calles recién pavimentadas que ya presentan daños. En todas las solicitudes ha tenido una respuesta nula. Recientemente, el pasado 20 de noviembre, en una sesión de Cabildo, la Regidora intentó exponer su inconformidad respecto a la Cuenta Pública, pero a pesar de la insistencia, nunca se le permitió el uso de la voz, bajo argumentos que no se encuentran en la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán. Lo que evidencia una clara violación a sus derechos como servidora pública. Al ver la negativa, Yaline Campos Pech, al finalizar la sesión comenzó a hablar en voz alta y a exponer una serie de cuestionamientos, Sin embargo, el alcalde se paró de su lugar, y dijo que no quería escucharla, seguidamente otros regidores (hombres) hicieron lo mismo y se salieron de la sala. Ese mismo día, otro Regidor videograbó aquel momento y el presidente municipal apareció nuevamente y agredió físicamente a su compañero que documentaba los hechos a través de su cámara. Luego de un momento de forcejeos, Yaline Campos Pech, intentó grabar la situación, pero Roger Aguilar la empujó con fuerza (al igual que a otro Regidor) en contra de un escritorio. La diputada Romero Bastarrachea, lamentó la situación, y dijo que es imperdonable la presunta actitud y conductas machistas, misóginas y violentas de Roger Aguilar. Agregó que Roger Aguilar, “no solo ha sido señalado por haberse enriquecido rápidamente, por hacer obra publica en terrenos de la esposa, por construir una mansión en tierras ejidales, por ahuyentar a balazos a quien protesta, sino que además, ahora se sabe que es un funcionario machista, que impide el trabajo de sus compañeras. “A todas las regidoras yucatecas, les pido que no callen las violencias de parte de sus compañeros. Los tiempos están cambiando, entre nosotras, sin importar el partido o ideología nos defenderemos, y no nos quedaremos de brazos cruzados”, advirtió. Dijo que todos los días se escucha de casos de violencia, de feminicidios, de violaciones, de mujeres desaparecidas, y no es posible que las autoridades, como Roger Aguilar, que están para resolver estos problemas, sean los principales agresores en las comunidades. Por último, expuso que el caso de la regidora, Yaline Campos Pech, debe ser investigado y visibilizado. Y a solicitud de ella, las autoridades deben brindar medidas cautelares, pues teme quem por levantar la voz, Roger Aguilar tome represalias en su contra.

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México

Aprueba Senado eliminar fuero del Presidente de la República

Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y permite que se le pueda juzgar no sólo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción, electorales y todos los demás ilícitos, como cualquier ciudadano. La minuta aprobada con 89 votos a favor y 23 en contra fue turnada a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente. Se acabó la impunidad, los privilegios que por décadas permitieron a los presidentes de la república en turno cometer todo tipo de corruptelas, actuar como rufianes, como lo hicieron Enrique Peña Neto, Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron senadores de Morena. Mientras que la oposición insistió, sobre todo el PAN, en trata de bloquear el dictamen, que por tercera vez se discutió en el Senado de la República. La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada por primera vez en diciembre del 2018 a la Cámara de Diputados, que la aprobó los términos que el Ejecutivo federal la había enviado, para modificar el artículo 108 Constitucional y 111 constitucionales. Establecía que el Presidente de la República puede ser juzgado por traición a la patria, pero también por corrupción, delitos electorales y otros ilícitos graves. Sin embargo, la oposición en el Senado propuso modificar la minuta y añadir que también los diputados fueran juzgados por los mismos delitos, lo que en realidad no sólo no les quitaba el fuero a los legisladores. La minuta se aprobó con ese cambio y se regresó a diputados, quienes lo rechazaron. “Pablo Gómez resaltó que cómo iban a pasar como la legislatura que no sólo no les quito el fuero a los legisladores, sino que hasta impunidad les dio”. Como no se lograba destrabar la minuta, López Obrador mandó una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero de este año, en la que propuso otra redacción al Artículo 108 Constitucional: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”. La Cámara la aprobó el primero de septiembre pasado y la turno al día siguiente al Senado, pero a propuesta de la senadora del PT, Nancy de la Sierra, se volvió a modificar y así se aprobó en la Comisión que encabeza el morenista Cristóbal Arias. Durante varios días, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal negoció con la oposición, a la que ofreció presentar y aprobar una iniciativa para eliminar por separado, el fuero de los legisladores. Fue necesario votar en contra el dictamen y aprobar luego un voto particular del Morenista Alejandro Peña, para regresar a los términos de la minuta que remitieron los diputados. Aún con el aval de todos los coordinadores, los panistas Damián Zepeda, Julén Rementería y Xochítl Gálvez, argumentaron en contra y sostuvieron que en realidad no se quita el fuero al presidente, ya que para ser juzgado, el Senado debe decidirlo, antes de pasar el caso a las autoridades judiciales. “Que los intereses partidistas y electorales no impidan que se apruebe esta reforma trascendental”, recalcó el senador morenista Héctor Vasconcelos, mientras que su compañero de bancada, Martí Batres resaltó que ahora el presidente de la república podrá ser juzgado por todo tipo de delitos, incluidos los 200 que obran en en el Código Penal Federal”. Recordó que en la Constitución de 1917 se eliminó el delito de cohecho y soborno, además de delitos electorales, que estaba en la de 1957 y el ejecutivo sólo podía ser enjuiciado por traición a la patria, El senador Peña hizo notar que con la reforma aprobada se acaban los privilegios para el Presidente de la República, pero se dejan en la Constitución un procedimiento para evitar acusaciones infundadas, que pongan en riesgo la estabilidad del gobernante durante su mandato. (La Jornada)

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Policia

Logran vincular a proceso a sujeto acusado de violar a una niña en Valladolid

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.J.N.C., por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada, denunciado tras los hechos ocurridos en la localidad de Tixhualactún, comisaría de Valladolid, en agravio de una menor de edad e identidad reservada, por lo que se presentó una denuncia que derivó en la causa penal 63/2020.   De acuerdo con la información reunida en la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el ocho de diciembre del año 2019, en un predio de la calle cinco de la citada localidad, donde el imputado sujetó a la menor y la llevó a una habitación del domicilio, donde presuntamente haciendo uso de la violencia física y moral, cometió el delito. Misma acción que se repitió el pasado nueve de noviembre.   Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Valladolid, tras ejecutarse una orden de aprehensión, los fiscales adscritos formularon la imputación del delito y a continuación presentaron los datos de prueba para solicitar la vinculación a proceso del imputado, quien se acogió a la ampliación del término legal para definir su condición jurídica, por lo que el Juez Primero de Control del Quinto Distrito Judicial estableció que la audiencia continúe el próximo 25 de noviembre.   Antes de concluir la diligencia judicial, los fiscales adscritos presentaron los argumentos para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fue otorgada por la autoridad judicial de manera oficiosa por todo el tiempo que dure el proceso.

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Yucatán

Proponen indemnizar a quienes sufran daños en sus autos por los baches

La fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, integrada por Silvia América López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea, presentaron una iniciativa para crear la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Yucatán, que establece las obligaciones de las autoridades para indemnizar a los particulares en caso de sufrir un percance ocasionado por una actividad administrativa irregular de parte del Estado. Durante su participación en la sesión plenaria, López Escoffié, ejemplificó que en muchas ocasiones, en las calles hay baches que causan averías en los automóviles, sin embargo, las y los conductores no pueden reclamar, pues no hay una ley que los respalde. Situación similar que ocurre con la falta de señalización, el mal estado de los semáforos, entre otros casos. Recordó que en el Diario Oficial de la Federación del 14 de Junio de 2002, fue publicado un decreto que incorporó que “es la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los particulares será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes”. Agregó que de aquella fecha, a la actualidad, 17 entidades federativas en el país han aprobado esta iniciativa, por lo que es necesario que el Congreso Local de Yucatán actualice la legislación y no permanezca en el desacato. DISPOSICIONES La Ley propuesta se compone de 34 artículos, en donde se contempla cómo se harán las valuaciones de los daños, los plazos para pagar, y qué ocurriría si una persona fabrica mal intencionadamente un percance, a fin de cobrar una indemnización. La legislación dicta que son entes públicos obligados los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Yucatán, Ayuntamientos, así como las dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Estatal y Municipales y los Órganos Constitucionales Autónomos. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividad administrativa irregular, aquella que cause daño a los bienes y derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate. La presente ley reglamentaria tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado.

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