Penas de 6 meses a 3 años de prisión por ciberacoso en Yucatán
En sesión ordinaria, la LXII Legislatura aprobaron por unanimidad modificar y adicionar el artículo X del artículo 74 del Código Penal del Estado, en materia de delitos contra periodistas, con el objetivo incluir agravantes para los delitos cometidos en contra de periodistas; al igual que avalaron otro dictamen para tipificar el Ciberacoso en la misma norma. En materia de aumento de sanciones por delitos cometidos en contra de periodistas, Luis Borjas Romero (PRI) dijo que la libertad de expresión es una pieza clave para el desarrollo democrático de una sociedad, ya que permite promover la libertad en la manifestación de las ideas. Resaltó que los diputados están obligados a rechazar todo tipo de censura, evitar las limitaciones a la labor informativa de la prensa, la radio, la televisión y las nuevas plataformas tecnológicas. “Aumentará la pena hasta el doble cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las leyes en la materia”, aseveró. Con respecto al tema de Ciberacoso, Borjas Romero, mencionó que se adiciona al Código Penal los delitos cibernéticos, con el propósito de regular el uso de las técnicas de la información y la comunicación (TIC), así como coadyuvar en la prevención, erradicación y sanción de todo tipo de violencia, con el fin de promover la cultura de la denuncia. Informó, que este delito se castigará con penas de seis meses a tres años de prisión y de 50 a 200 días-multa y cuando la víctima sea un menor de 18 años de edad, la pena y la sanción establecida se aumentarán hasta en una mitad. A su vez, la promovente de la iniciativa, Paulina Viana Gómez (PAN), señaló que vivimos en la era digital, que ha permitido la facilidad de comunicarnos unos con otros sin importar la distancia, la difusión inmediata de ideas y el acceso oportuno a la información; sin embargo, su uso desmedido no está exento de peligros y riesgos malintencionados. “Es una realidad que como legisladores, nos corresponde entender y atender, para que con base en normas acordes con los tiempos, pueda haber una regulación que proteja la dignidad, la integridad, la libertad y la seguridad de todas las personas”, expresó.
