Yucatán

Hasta dos años de prisión por derribar árboles sin permiso en Yucatán

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar el Código Penal del Estado, en materia de delitos contra el medio ambiente, para establecer que se impondrá una sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 días multa, a quien derribe dolosamente uno o más árboles urbanos sin previa autorización emitida por la autoridad correspondiente. El producto legislativo también plantea que cuando la conducta descrita resulte cometida a nombre, bajo el amparo o a beneficio de una persona moral o jurídica, a ésta se le impondrá la consecuencia jurídica consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por 2 años, multa hasta por 200 días multa, independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito cometido. En la misma comisión, las y los diputados también avalaron por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar el Código Penal, para establecer un catálogo de delitos susceptibles de ser cometidos por personas morales. En la lista se especifican la conspiración, la evasión de presos, desobediencia y resistencia de particulares, oposición a ejecución de obras y trabajos públicos, violación de sellos, encubrimiento, del peligro de contagio, alteraciones nocivas, delitos en materia sanitaria, delitos en materia de comestibles y bebidas, delitos contra el medio ambiente, ultrajes a la moral pública y a las buenas costumbres, corrupción de menores e incapaces, lenocinio y trata de personas, entre otros. Momentos antes, en la comisión de Cultura Física y Deporte, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para reformar la Ley de Cultura Física y Deporte, para que el Consejo estatal en la materia esté integrado por tres representantes de las asociaciones y sociedades deportivas estatales, debiendo ser por lo menos una la que represente y se dedique exclusivamente al deporte para personas con discapacidad.

México

Pueblo maya de Ch´ol gana amparo para frenar las obras del Tren Maya

El Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Penales Federales de Chiapas otorgó un amparo a los integrantes del pueblo Maya Ch’ol de los municipios de Palenque, Salto de Agua y Ocosingo en este estado, quienes solicitaron este recurso para que se frenaran las obras del Tren Maya en este tramo. A través de un comunicado, se informa que el jueves 7 de mayo, integrantes de esta comunidad indígena solicitaron ante el citado juzgado la suspensión de actividades de la construcción del Tren Maya, al considerarlas un riesgo para la salud frente a la pandemia por el Covid-19. Amparo contra la autoridad federal La demanda es contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Salud; Jorge Alcocer Varela, y el director del Fonatur; Rogelio Jiménez Pons, quienes a través de un decreto firmado el pasado 23 de abril, determinaron la continuación del proyecto del Tren Maya; entre otros proyectos sexenales, a pesar de la pandemia derivada por el Covid-19. Los demandantes señalan en su escrito que: “la continuación del proyecto del Tren Maya en este contexto de la pandemia, violaba su derecho a la salud por el riesgo de contagio por el Covid-19, poniendo en riesgo también el derecho humano principal a la vida. Tras analizar la demanda, la Juez determinó que es “procedente otorgar la suspensión, pues en estos momentos debe darle valor preponderante al derecho a la salud de los aquí quejosos, como integrantes de la comunidad indígena Maya Ch’ol y habitantes de localidades“. “Los trabajos que conlleva tal infraestructura requieren despliegue de diversas actividades que debe realizar un grupo numeroso de personas y en consecuencia las mismas requerirán diversos servicios esenciales y no esenciales en la comunidad; lo cual conllevará un aumento de actividades en sus zonas públicas. Por lo anterior, la juez reconoció que “esta situación de manera indudable potenciarían el riesgo de los habitantes de la comunidad Maya Ch’ol de contraer el virus Covid-19, y en esa misma proporción disminuiría la posibilidad de ser atendidos“. Van por la suspensión definitiva Cabe aclarar que se trata de una suspensión provisional, puesto que la definitiva se resolverá en 14 de mayo próximo. El escrito señala que es importante recordar que de resolverse la suspensión definitiva “aún nos encontraremos en la Fase 3 de la pandemia con lo cual aumenta el riesgo a la salud, por tanto es también necesario decretar la suspensión definitiva como medida de mitigación ante el COVID-19“.

México

Senado disuelve las bancadas del PRD y PES por falta de integrantes

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa, determinó disolver las bancadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Encuentro Social (PES) por falta de integrantes. La senadora de Morena explicó que a través de diversos movimientos en ambos Grupos Parlamentarios sucedidos desde octubre de 2018, la bancada de Encuentro Social, dejó de tener 5 integrantes para quedar en 4. Mientras que el PRD dejó de tener 5 integrantes para quedar en 3; siendo que el mínimo de que marca el reglamento interno del Senado es de 5 legisladores para integrar una bancada. En este sentido, señaló que debido a que el segundo período del segundo año de la actual legislatura finalizó sin que la Presidencia de la Mesa Directiva recibiera alguna comunicación que permitiera subsanar la falta de integrantes, es que tomaba la decisión de desaparecer las bancadas. “Como presidenta del Senado tengo la obligación y responsabilidad de actuar en un marco de legalidad y cumplir con la normatividad aplicable al actualizarse los supuestos normativos ya señalados en relación con la disminución del número de integrantes de los sugeridos grupos parlamentarios, notifico a ustedes que han quedado disueltos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social”, enfatizó en el escrito.

Policia Yucatán

De 6 a 12 años de prisión a quien cause daño por medio de un incendio o explosión

En la Comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron este día por unanimidad el proyecto de dictamen para modificar el artículo 348 del Código Penal del Estado, en materia de daño en propiedad ajena cometido mediante incendio de manera culposa. La iniciativa de Mirthea Arjona Martín (PRI), establece que se le impondrá una sanción de seis a doce años de prisión y el equivalente de 10 a 60 días multa, a quien cause daño por medio de un incendio, inundación o de explosión, independientemente de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos que resultaren cometidos. Antes de finalizar la sesión de la comisión, el coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández (PRI), reconoció el trabajo del cuerpo colegiado y el cuerpo técnico en este y los demás dictámenes que se han abordado, que no han sido asuntos menores sino de gran trascendencia y beneficio para la sociedad yucateca. En el mismo sentido, el presidente de la comisión, Luis Borjas Romero (PRI); así como la diputada del PAN, Kathia Bolio Pinelo, resaltaron la labor de la Secretaría General del Congreso del Estado porque se han tratado temas complejos.

Noticias Yucatán

Yucatecas ya no podrían otorgar el perdón en caso de ser víctimas de violencia familiar

Durante la Sesión de la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad el dictamen de Movimiento Ciudadano que imposibilita legalmente a las mujeres víctimas de violencia familiar otorgar el perdón a sus agresores. La diputada e integrante de la Comisión, Silvia América López Escoffié, aseveró que se trata de un problema recurrente en los juzgados, particularmente las mujeres desisten de la denuncia que han interpuesto y absuelven –mayormente presionadas– a su pareja de los cargos de violencia familiar, situación que pone en riesgo sus vidas, una vez que el agresor queda en libertad. Este dictamen, en términos generales propone modificar el artículo 115 del Código Penal del Estado, e imposibilita a la víctima otorgar el perdón, cuando el delito se relaciona con violencia intrafamiliar. “Muchas mujeres víctimas de violencia se arman de valor y denuncian a sus parejas, pero, por presión de los familiares o del propio victimario acceden darle el perdón; no obstante, al quedar en libertad, la denunciante corre el riesgo de ser nuevamente agredida”, explicó durante su intervención. Sostuvo que esos cambios legales tienen como objetivo fundamental proteger a las mujeres que día a día son violentadas, principalmente por parte de sus parejas sentimentales. “A partir de ahora serán juzgados penalmente por sus delitos familiares, independientemente si la víctima les da o no el perdón”, detalló. Lamentó que cuando un sujeto era liberado “por el perdón de la víctima”, en automático se eliminaba de su expediente el historial delictivo. El dictamen será sometido a votación, y en su caso aprobado, en la próxima Sesión de Pleno que se realice en el Recinto Legislativo. YUCATÁN, PRIMEROS LUGARES EN VIOLENCIA Este dictamen toma especial relevancia, ya que la entidad se ubica en los primeros lugares de la tabla nacional en relación a la violencia hacia la mujer. Los datos disponibles en el Sistema Integrado de Estadísticas sobre Violencia contras las Mujeres (Siesvim) muestran que Yucatán se encuentra sobre el promedio nacional de 66.1% en cuanto al número de mujeres que han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o de discriminación a lo largo de su vida. De acuerdo con el estudio realizado en 2017, el 66.8 por ciento de las yucatecas manifestó haber vivido por lo menos un episodio de violencia. Estos números los confirma la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2016, que ubica a la entidad en la séptima posición a nivel nacional con el mismo porcentaje.

Yucatán

Ante contingencia posponen inicio de proceso electoral 2020-2021 en Yucatán

Diputados aprobaron por mayoría integrar un artículo transitorio a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que, por única ocasión, el proceso electoral 2020-2021 inicie la primera semana del mes de noviembre del año previo al de la elección. Lo anterior, al ser distribuido y analizado por los diputados el escrito del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado (IEPAC), que sugería esas fechas para el comienzo de dicho proceso, por lo que, después de la publicación del Decreto en el Diario Oficial del Estado, deberá ajustar los plazos y términos del mismo. La diputada Silvia López Escoffié (Movimiento Ciudadano), se manifestó en contra del dictamen porque su propuesta de modificación a la mencionada legislación, contemplaba la modificación de los artículos 116 y 189, para establecer, de manera permanente, que los procesos electorales inicien en los primeros siete días de noviembre del año previo de la elección, porque actualmente son largos y costosos. La propuesta técnica del cambio de fecha es que no se tiene certidumbre de qué pasará en los próximos meses, debido a la pandemia de Coronavirus, pero después se podría estudiar si se cambian los plazos de manera definitiva. En el mismo sentido, el diputado Felipe Cervera, indicó que urgía avalar este tema porque también el Congreso estatal se quedaría sin tiempo para legislar en la materia y el IEPAC para aplicar posibles cambios. Originalmente el proceso electoral 2020-2021 estaba programado para octubre de este año, aunque ahora con la modificación iniciará en noviembre próximo.  

México

No existe ninguna iniciativa para que el INEGI “mida” la riqueza de los mexicanos

Ciudad de México. Ante los cuestionamientos del PAN, PRI, PRD y MC a la propuesta del presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar de otorgar mayores facultades al INEGI para medir la concentración de la riqueza, Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena afirmó: “quiero decirles con toda contundencia y con toda seriedad que en el Senado no hay iniciativa alguna para poder ampliar y otorgar nuevas facultades a esa institución”. El también presidente de la Junta de Coordinación Política, de la Cámara Alta, resaltó a los partidos de oposición y grupos empresariales “tampoco hay en el Senado, ninguna iniciativa que esté proponiendo ampliar las facultades del SAT para observar y medir la riqueza, patrimonio o capital de los ciudadanos”. Monreal, subrayó “No hay esas propuestas. Les ofrecemos que cualquier nueva disposición que conforme el nuevo orden económico lo vamos a discutir y lo vamos a consensuar a pesar de que somos mayoría. Vamos a actuar con responsabilidad y prudencia, tratando de que todos los sectores opinen. El diálogo siempre es el mejor camino”. Reconoció el líder de la mayoría en el Senado: “se ha generado confusión y polarización por un manifiesto del presidente de Morena, Ramírez Cuéllar que aun no se ha discutido en las bases del partido y que se refiere a la progresividad fiscal, que en muchas partes del mundo existe y se observa”

Yucatán

Aprueban hasta 5 años de prisión a quien agreda a personal de la salud en Yucatán

En comisión de Justicia y Seguridad Pública, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen para adicionar los artículos 185 Bis y el 358 Bis al Código Penal del Estado, para aplicar sanciones a quien agreda a personal de salud pública o privada. El artículo 185 Bis establece que se aplicará una sanción de dos a cinco años de prisión o hasta 300 días multa al que realice por sí o incite a otros a realizar actos discriminatorios tales como la negación en la prestación de un servicio público o privado, se restrinja la libertad de tránsito o se dañe la integridad emocional y psicológica en contra del personal de salud por razón del desempeño de sus labores. Además, las sanciones se aumentarán hasta en una mitad, cuando los actos descritos se realicen durante una emergencia sanitaria. El artículo 358 Bis determina que cuando el ofendido pertenezca a una institución médica o de prestación de servicios de salud pública o privada para aquellas lesiones que no pongan en peligro la vida del ofendido y tarde en sanar hasta 15 días, se le impondrán a quien la infiera, de uno a tres años de prisión o de 50 a 200 días-multa y de 50 a 100 días de trabajo comunitario. Si la lesión tarda más de 15 días se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 50 a 500 días multa; al igual que cuando las conductas señaladas se cometan durante una emergencia sanitaria o, quien las infiera sea un servidor público, las penalidades del párrafo anterior aumentarán hasta en una mitad más. La diputada Rosa Adriana Díaz Lizama (PAN), respaldó las iniciativas de su partido y del PRI que se unió en un solo dictamen, porque en este momento urge a la ciudadanía, porque han ocurrido hechos lamentables contra enfermeros y médicos. El coordinador de la fracción del PRI, Felipe Cervera Hernández, indicó que este dictamen es para fijar un mensaje claro porque en una circunstancia extrema no se quisiera tener falta de personal médico debido a las agresiones que se están suscitando. En su turno, Manuel Díaz Suárez (PAN) indicó que en cualquier momento se puede tener otra emergencia sanitaria, que incluso se podrían generar después de un desastre natural, como son los huracanes; por ello, continuó, es importante dar protección a los profesionales de la salud, que por desconocimiento o miedo, son agredidos durante estas circunstancias.

México

Diputados avalan reforma que les permite buscar la reelección sin dejar el cargo

La Cámara de Diputados aprobó una reforma que permite a los legisladores reelegirse sin tener que pedir licencia y dejar su escaño o curul para hacer campaña. De manera sorpresiva, sin estar siquiera en el Orden del Día, sin dictamen de las comisiones legislativas y sin la presencia de los partidos de oposición -sólo MC-, la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados del PT, PES y PVEM aprobaron este miércoles reformas secundarias para la reelección de diputados y senadores. Con 254 votos a favor, 20 en contra (de MC) y tres abstenciones, la iniciativa aprobada contiene reformas a seis artículos a la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales (Legipe), y se adicionará un Título Cuarto, para reglamentar la reelección de legisladores. La reelección quedó prevista en la reforma al artículo 59 de la Constitución desde el 2014, por lo que “sólo se trata de algunas precisiones de reglamentación secundaria para la reelección legislativa”, explicó Mario Delgado, líder de los diputados de Morena. Frente a las acusaciones de los partidos de oposición, que calificaron el acto como “un albazo”, Delgado Carrillo argumentó que se hizo de esta manera y en este momento porque “el próximo periodo electoral inicia en septiembre y no se puede modificar la ley tres meses antes, ya que tendríamos el plazo de mayo para modificar este marco”, es decir, cuando los legisladores están ya en receso. La reforma propuesta a la Legipe establece que “la Constitución no impone la obligación de separarse del cargo y ello nos motiva a no considerar como obligatoria la solicitud de licencia para concurrir al proceso electoral”. Señala que queda “a consideración del propio legislador que pretende su nueva elección el separarse o no del cargo para efecto del desarrollo de su estrategia de campaña, pues ésta sí encontrará restricciones”. También contiene que “los diputados electos para la actual legislatura pueden ser postulados por partidos diferentes, por distritos electorales distintos a los que fueron electos, en contra de la reforma a la Constitución, que prevé la reelección como mecanismo para que los legisladores tengan mayor trabajo y compromiso con sus electores”. Se aclara que “esta medida no aplicaría para los senadores, en tanto son electos por entidad y representan el pacto federal” y se añade que no habrá distinción entre los diputados electos por mayoría y los de representación proporcional, con el argumento de que “en ambos casos los candidatos son electos por el voto popular, (y) el Estado no puede marcar diferencia entre el derecho de ser electo para quienes han arribado al Legislativo por un principio determinado”. La propuesta deja “a la libertad de los partidos, sin regulación del Congreso, que puedan definir en sus estatutos restricciones para la reelección, como parte de su propia estrategia, programa o línea política”. Durante la discusión, la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, reprobó que Morena haya sometido el proyecto a votación pese a no haber condiciones y cuando la población está atenta a otros temas. La reelección, acusó la diputada, “está contemplada en la Constitución pero es ventajosa para ustedes de Morena, para las elecciones de 2021, porque como diputados federales podrán reelegirse para el mismo cargo”. El diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, expuso que no existe razón para lo cual haya temor de que diputados de Encuentro Social participen en un proceso de reelección, pese a que esa fuerza política ya no cuenta con registro. “Todos tendrán que someterse al proceso y ninguno tiene asegurada la reelección, los ciudadanos serán quienes decidan”, subrayó. Y agregó que ningún partido tiene garantizado el triunfo de sus candidatos. En su participación, el diputado Carlos Alberto Puente, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) afirmó que “aquí nadie se va a quedar automáticamente. No hay albazo legislativo y la voté a favor para que cada que inicia una legislatura no pasemos por la curva del aprendizaje”. Finalmente y tras 40 minutos de discusión, el diputado emecista Tonatiuh Bravo denunció que el borrador de dicho dictamen se presentó apenas ayer en plena reunión de la Junta de Coordinación Política. “Por eso Movimiento Ciudadano considera que esto es un albazo”, agregó. Y podrán reelegirse hasta diputados que no tienen partido A propuesta del Partido Encuentro Social, las reformas secundarias aprobadas este miércoles para regular la reelección de diputados y senadores incluyeron la posibilidad de que se reelijan los legisladores provenientes de un partido que haya perdido su registro. La propuesta del PES establece que la pérdida de la militancia puede ser por renuncia expresa del militante, por decisión del órgano partidario correspondiente y en función a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además, define que la pérdida del registro del partido político que los haya postulado no es un impedimento para el ejercicio de sus derechos políticos. La diputada Claudia Báez Ruíz señaló que “la aprobación de esta modificación al dictamen es hacer justicia a quienes ganamos nuestras campañas con el voto de la gente, el PES vive, y vamos a demostrarlo nuevamente”. La también diputada del mismo partido, Olga Sosa, aseguró que “el votar por esta reserva no significa que beneficiará en automático a los actuales legisladores, pues estos tendrán que someterse a los procesos internos de sus partidos, lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 13/2019”. La diputada Nayeli Salvatori señaló que el PES “es un caso atípico, nunca se había dado que un partido que tiene representación en la Cámara perdiera su registro; el PES será partido político por segunda ocasión, pues cubrimos todos los requisitos”. Además, añadió, “todos los diputados de Encuentro Social somos de mayoría relativa”. CON INFORMACIÓN DE EL FINANCIERO

Mérida

Por tercera ocasión retiran sellos en gasolinera de Vista Alegre

El Ayuntamiento de Mérida informa que, con total apego a derecho y en acato a la orden de un juez de distrito, la dirección de Desarrollo Urbano procedió el pasado jueves 12 a colocar de nuevo los sellos de suspensión en la gasolinera ubicada en el fraccionamiento Jardines de Vista Alegre, los cuales de nuevo y por tercera ocasión fueron violados por indicaciones del propietario del establecimiento. Cabe destacar que por instrucciones directas del alcalde Renán Barrera Concha, y con base en la orden del juez, la dependencia municipal realizó todos los trámites necesarios que culminaron el jueves por la noche con la colocación de los sellos, que con anterioridad fueron retirados el 28 de febrero pasado. En esta reciente diligencia participaron 11 inspectores de la Dirección de Desarrollo Urbano, junto el departamento de inspección urbana, así como de la Notaría No. 37 del Estado de Yucatán, quienes se presentaron al sitio para llevar a cabo la diligencia ordenada por el juez federal. El fedatario estuvo presente para dar fe pública de que la diligencia realizada por el personal municipal de la Dirección de Desarrollo urbano estuvo apegada a derecho y se realizó en cumplimiento del mandato de un juez de distrito. Una vez desahogada la diligencia, y al haberse negado el encargado del establecimiento a recibir las actas correspondientes, se procedió a la imposición de sellos de suspensión  a la gasolinera. Al momento de que el personal que participó en la diligencia se retiraba del lugar, se registró un intento de agresión por parte de los despachadores de la gasolinera contra la jefa de inspección urbana y de un inspector de Desarrollo Urbano que la acompañaba, cuando abordaban su vehículo para retirarse del lugar. De esta situación también dio fe pública el notario No. 37. Luego de la diligencia, personal de Desarrollo Urbano se mantuvo vigilante de que se mantuviera el estado de suspensión aplicado y ordenado por el juez de distrito y minutos después se constató el nuevo, flagrante desacato a la orden del juez federal al retirar los empleados otra vez los sellos y seguir operando. Cabe señalar que ante este flagrante desacato por parte del propietario de esta gasolinera y el intento de agresión en contra del personal de Desarrollo Urbano por parte de los empleados de la gasolinera, la dependencia municipal tomará las acciones legales que correspondan. Es necesario subrayar que este desacato constituye un delito de orden federal por parte del propietario de la gasolinera, al haber retirado los sellos y, en consecuencia, violar nuevamente el estado de suspensión.