Yucatán
Con el objetivo de contribuir a la modernización, correcto desarrollo y recuperación de la ganadería apícola mediante la implementación de lenguaje con perspectiva de género, procedimientos vanguardistas acorde a los estándares y a los procedimientos de prácticas sustentables, la diputada de Acción Nacional, Pilar Santos Díaz, presentó una iniciativa en la que se abroga la Ley de Protección y Fomento Apícola del Estado y se cree la Ley de Protección a las Abejas y Fomento Apícola del Estado de Yucatán y a la cual se adhirió la diputada de Morena, Rubí Be Chan. En su exposición de motivos, la presidenta de la Mesa Directiva explicó que el 90% de las y los apicultores en la Península son pequeños productores maya hablantes que cuentan con menos de 60 colmenas, y en su mayoría, son personas de la tercera edad. “Se incluirán los lineamientos que fomenten el manejo de esta actividad a fin de crear buenos hábitos y producir miel con los estándares de calidad que permitan generar un ingreso justo como sustento para todas las familias”, agregó. En asuntos generales, la diputada del PAN, Karla Salazar González, presentó un proyecto de acuerdo, el cual fue admitido por unanimidad, por el que se crea la Comisión Especial de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, a la cual se le dará una segunda lectura en la siguiente sesión. La diputada Salazar González, explicó que esta propuesta surge con el fin de atender específicamente los asuntos que tengan que ver con las niñas, niños y adolescentes dando un espacio para estudiar, analizar y dictaminar los asuntos que velen por sus derechos, se busque el principio rector del interés superior de la niñez, así como el desarrollo de estrategias, planes y acciones en los cuales se busque la protección de la niñez y la adolescencia para que todas las niñas, niños y adolescentes yucatecos crezcan en un entorno de paz y de armonía, pero sobre todo que sepan que sus derechos como persona jurídicas están siendo protegidos. Como parte de los asuntos en cartera, se aprobó por unanimidad el dictamen de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación para modificar la Constitución Política en materia de inclusión del Derecho a la Ciudad. La diputada Carmen González Martín (PAN), destacó que este dictamen es el resultado de un proceso legislativo enmarcado en la pluralidad política, ampliamente deliberativo, construido con base en el diálogo propositivo, los consensos y acuerdos alcanzados, priorizando siempre el interés de todas y todos los habitantes de Yucatán. “Con esto lograremos, cada vez más, mejores leyes que brinden a nuestro estado, las herramientas que les permita a las y los yucatecos tener un marco normativo idóneo para ejercer sus derechos y tener certeza de sus responsabilidades”, expresó. En su turno, en representación de la Fracción Legislativa del PRI, el diputado Gaspar Quintal Parra, explicó que el Derecho a la Ciudad, nos da la posibilidad de habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna. “El reconocimiento del derecho humano a la ciudad significa, para el Poder Ejecutivo y los 106 Ayuntamientos, una labor de elaboración y actualización de sus planes, programas, objetivos, estrategias y metas, a fin de garantizar un modelo de ciudad sustentable que refleje en su imagen, estructura e historia un ordenamiento urbano, producto de la planeación realizada por los grupos sociales que habitan la ciudad, así como esquemas de comunidades con economía y desarrollo propios que garanticen un futuro sustentable para el presente y las generaciones futuras”, puntualizó. A favor, la diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, aseguró que, con esto, se tendrá un nuevo paradigma constitucional para la planeación, diseño, uso, disfrute y gobierno de los asentamientos humanos, los cuales deberán ser democráticos -es decir, no generar exclusión a nadie por motivo alguno-, considerar la relación con el medio ambiente, y privilegiar lo público, lo común, sobre lo privado. “Es un primer paso para cerrar el paso a la especulación financiera inmobiliaria y abrirla a nuevos horizontes democráticos e igualitarios, donde no se desplace ni despoje, sino se use y se disfrute el espacio”, agregó. En la plenaria, los diputados aprobaron el dictamen de la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, para reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Educación del Estado en materia de Menstruación Digna, iniciativa presentada por la diputada Vida Gómez Herrera de Movimiento Ciudadano. Al hacer uso de la máxima tribuna, el diputado Crescencio Gutiérrez González de Nueva Alianza, explicó que la iniciativa que dio origen a este dictamen fue estudiada profundamente por las y los diputados que integran la comisión señalada en párrafo anterior, a fin de obtener un producto legislativo más eficiente en favor de las niñas y mujeres en el estado. “Este dictamen contempla la reforma a diversas fracciones de los artículos 7, 14, 16 y 34, de la Ley de Educación del Estado de Yucatán, abordando el tema del período menstrual desde una perspectiva que contemple el derecho a la dignidad humana, el derecho a un nivel adecuado de salud y bienestar, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la no discriminación y la igualdad de género”, indicó. En su turno, la diputada Vida Gómez Herrera (MC), explicó que de manera muy puntual el dictamen señala que la Secretaría de Educación Estatal deberá considerar acciones inmediatas en la planeación, programación y disponibilidad presupuestal priorizando iniciar en los centros educativos de las comunidades y pueblos indígenas, así como zonas de alta y muy alta marginación para que de forma gradual se vaya garantizando éste derecho para las niñas, adolescentes y personas menstruantes de todo el estado. “Hoy estaríamos diciéndole a las niñas y adolescentes yucatecas, que cuentan con este Poder, que este es su Poder y debe servir empoderarlas; y que sus diputadas y diputados actuarán para garantizar la igualdad de género en el estado, para disminuir la deserción y ausentismo escolar
