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Candidatas al cargo de magistrada exponen motivos para ocuparlo

En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y Justicia y Seguridad Pública, comparecieron las tres candidatas, donde expusieron a los diputados sus motivos para ocupar el puesto de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La reunión se llevó a cabo en la sala de usos múltiples “Consuelo Zavala Castillo” y la cual se desarrolló de tal manera que cada una de las aspirantes contó con un tiempo de 10 minutos para su exposición y posteriormente, hubo sesión de preguntas y respuestas. El orden que se tuvo fue en el mismo en que se presentó el oficio de la terna para el cargo a magistrada. En primera instancia, la Lic. Teresita Anguas Zapata, destacó que, como mujer y profesional, siempre ha trabajado buscando el bien común desde las distintas instituciones en las que ha trabajado desde hace más de 15 años. “De ocupar el cargo como magistrada, estoy consciente que el Estado ha evolucionado aceleradamente en su agenda social, económica, así como de la necesidad de impartir justicia con criterios de derechos humanos, tratados internacionales y perspectiva de género, entre otras, todo esto se conjunta para hacer realidad un estado que incluya a todas y todos”, agregó. En su turno, Adiver González Alpuche, licenciada en Derecho, relató a los diputados una breve semblanza en cuanto a su preparación académica. Expresó los diferentes temas en los que trabajaría, entre los cuales destacó la perspectiva de género, personas con discapacidad y derechos humanos. “Esta será una encomienda personal y que procuraré trasladar de manera amplia al plano institucional, esto en caso de ser designada como Magistrada del Tribunal Superior de Justicia”, expresó. Por último, la licenciada Lizette Mimenza Herrera, destacó que, durante sus 22 años en el servicio público, la prioridad es hacer y ser para servir. Explicó que, con el paso de los años, se ha visto un importante avance en materia de impartición de justicia, presentando sus compromisos en caso de ocupar el cargo. “Mi primer compromiso es dar seguimiento a lo aprobado en el poder Legislativo y Judicial, y continuar con el legado de los excelentes abogados, investigadores e investigadoras dentro del Poder Judicial del Estado en aras de mejorar siempre la impartición de justicia, es momento de materializar con acciones contundentes, claras y precisas el cúmulo de conocimiento que hoy se tiene y que nos permitiría mejorar todo lo que un sistema de justicia demanda”, agregó. Previo al inicio de la reunión, la coordinadora de la Fracción Legislativa de Morena, Alejandra Novelo Segura, dio lectura a un documento en el que informó a los diputados de ambas comisiones que su bancada abandonaría la reunión, pues de acuerdo con la legisladora, es una falta de respeto que el titular del ejecutivo estatal se encuentra de viaje mientras los diputados en reuniones de trabajo. Al término de las comparecencias, la presidenta Carmen González Martín instruyó a la Secretaría General distribuir a todos los diputados la reunión de trabajo realizada y, de igual manera la elaboración de un proyecto de dictamen para su discusión en una sesión posterior.

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Diputados de Morena incurren en falta de respeto y de responsabilidad en el trabajo legislativo: Lozano Poveda

El coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Víctor Hugo Lozano Poveda, señaló que la bancada de Morena en el Congreso del Estado ha dejado de manifiesto la falta de responsabilidad y de respeto a los diputados que integran las comisiones unidas y a las otras seis fuerzas políticas que conforman la LXIII Legislatura y a las tres mujeres profesionales en derecho que acudieron a comparecer como parte de la terna enviada por el Poder Ejecutivo para designar a una magistrada.   En reunión de trabajo de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación y de Justicia y Seguridad Pública, donde comparecieron tres aspirantes al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia, tres diputados de Morena decidieron retirarse de la reunión sin plantear ningún argumento o artículo de alguna ley que justifique su actuar.   “Es una falta de respeto no solo a los diputados sino también para tres profesionales del Derecho, tres mujeres entregadas que comparecieron en atención a la reunión a la que fueron convocadas por estas comisiones del Congreso”, señaló Lozano Poveda.   Señaló que las comparecientes se prepararon para exponer ante los diputados integrantes de la comisión los motivos por los cuales desean ocupar el cargo de magistrada, por lo que insistió que la actitud de los diputados de Morena también fue una falta de respeto hacia ese esfuerzo realizado por las profesionales en derecho.   “Hemos escuchado sus perfiles profesionales, sus planteamientos, sus ideas y en respuesta han tenido el desdén de estos diputados, que han mostrado de nuevo su intolerancia, su radicalización y su partidización. Lejos de querer construir en torno a la calidad de vida de las y los yucatecos para mejorarla, hoy nuevamente se declaran radicales sin un fundamento legal en cuanto al posicionamiento que han expresado”, puntualizó.   Asimismo, el coordinador de la bancada panista invitó a los diputados de Morena a trabajar y hacer las cosas bien por el estado de Yucatán, tal como lo realizan el presidente de la República y el Gobernador del Estado. “Actitudes alejadas de ello solo denotan falta de responsabilidad, de compromiso con la representación que los ciudadanos nos dieron, no nos pagan por abandonar nuestro trabajo, eso también hay que dejarlo muy claro, nos pagan por cumplir nuestra función y por tomar las mejores decisiones”, subrayó.   Lozano Poveda dijo que atender con prontitud los oficios dirigidos al Congreso del Estado por parte de otros poderes, entre ellos el del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien solicitó nombrar a la nueva magistrada con carácter de urgente, no se trata de tiempos que se determinan por capricho, como consideran los legisladores de Morena.   El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso, afirmó que seguirán extendiendo la mano, seguirán llamando al diálogo, pidiendo su contribución incluso cuando se anuncie previamente que el voto va hacia uno u otro sentido de lo que se propone, así sea en contra.   “Seguiremos entendiendo las propuestas que provengan de todas las fuerzas políticas como una manera de construir un mejor Yucatán, independientemente de la radicalización y de las formas con las que se pretende generar una polaridad en nuestro estado. A Yucatán le urge tener buenos legisladores, a Yucatán le urge atender los principios de legalidad que nos garanticen a todos un mejor desarrollo de nuestra sociedad”, expresó.   En cuanto a los viajes del Gobernador al que hicieron alusión los legisladores de Morena en la reunión de trabajo, el diputado Víctor Hugo Lozano expresó que no es motivo de un posicionamiento dentro del trabajo legislativo, es un asunto fuera de lugar.   “Hay claras muestras, datos contundentes de los resultados de los viajes que ha tenido el gobernador Mauricio Vila: somos el 4º lugar en inversión extranjera a nivel nacional, el 3er lugar en tasa de desempleo y siguen viniendo las inversiones a nuestro estado. Esto es porque seguimos generando certeza jurídica y viene una reforma a la ley del notariado que contribuirá en ese sentido”, apuntó.   Agregó que ha sido contundente que cada viaje ha generado anuncios de inversiones y generación de empleos en beneficio de las familias que viven en Yucatán.    

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Este domingo comparecen en Congreso candidatas para ser magistrada del Poder Judicial

Con el fin de recabar mayores elementos para el proceso de designación de la nueva magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado, este domingo 15 se llevará a cabo la comparecencia de las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo Estatal, para que en reunión de trabajo manifiesten los propósitos, razones y motivos para ocupar el cargo. En sesión de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y Justicia y Seguridad Pública, durante el desahogo de los asuntos en cartera, se distribuyó a los diputados integrantes el oficio que contiene la terna de candidatas a ocupar el puesto y se aprobó por mayoría la propuesta para realizar las comparecencias, con el voto en contra de Morena. El proceso se realizará en punto de las 9:30 horas en la Sala de usos múltiples “Consuelo Zavala Castillo”, en donde cada una de las candidatas tendrá para su exposición hasta 10 minutos y, una vez concluida la participación, si las y los diputados lo consideran, podrán formular algún cuestionamiento y se otorgará un tiempo de hasta 10 minutos para cada una, a fin de que respondan en ese mismo lapso. Cabe mencionar que en la terna figuran Teresita de Jesús Anguas Zapata, Adiver del Rubí González Alpuche y Lizette Mimenza Herrera. De igual manera, se aprobó la propuesta realizada por el diputado de Morena, Rafael Echazarreta para que se realice un examen exhaustivo e imparcial de cada una de las candidatas para designar a la nueva magistrada.  

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En una decisión histórica, Colombia aprueba el suicidio médicamente asistido

En una decisión histórica, la Corte Constitucional de Colombia despenalizó el suicidio médicamente asistido (SMA) como uno de los procedimientos para acceder a la muerte digna en Colombia, en el que, a diferencia de la eutanasia, es el paciente quien ejecuta la acción de acabar con su vida. La decisión avala el SMA para los mismos requisitos en los que hoy es permitida una eutanasia: cuando el paciente esté diagnosticado con una lesión corporal o una enfermedad grave e incurable, cuando padezca de intensos dolores físicos o psíquicos por cuenta de ello que sean incompatibles con su idea de vida digna, cuando manifieste expresamente su intención y la asistencia la preste un médico. La decisión se tomó con ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, con votación 6-3. A Lizarazo lo acompañaron Alejandro Linares, Gloria Ortiz, Diana Fajardo, José Fernando Reyes y Natalia Ángel Cabo. En contra, votaron Cristina Pardo, Paola Meneses y Jorge Enrique Ibáñez. La determinación se produjo al estudiar una demanda presentada por Lucas Correa Montoya y Camila Jaramillo Salazar, del Laboratorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DescLAB), en contra del inciso segundo del artículo 107 del Código Penal que penaliza la inducción al suicidio, dando entre 16 y 36 meses de cárcel a quien induzca o apoye a una persona a suicidarse con la intención de poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal grave o incurable. El alto tribunal condicionó ese artículo para dejar en claro que no es delito y que, al contrario, el SMA es un procedimiento constitucionalmente protegido, bajo el argumento de la protección al derecho a la vida digna y a la autonomía de la persona que busca poner fin a su propia vida. La demanda aseguraba que penalizar el SMA vulneró el derecho a morir dignamente, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad al impedir el acceso a una ayuda médica para que las personas que así lo deseen, pueden poner fin a su vida de una manera acompañada y protegida. Algunas personas pueden preferir la eutanasia, unas veces porque no pueden causar su propia muerte y otras veces porque no quieren. En otros casos, las personas prefieren poner ellas mismas fin a sus vidas (suicidio médicamente asistido) y al hacerlo buscan tener la ayuda necesaria para lograrlo de forma segura, acompañada y protegida”, decía la demanda que señala que legalizar el procedimiento, se logra que este sea “transparente, acompañado, protegido y seguro”. Con esta decisión, Colombia se suma a Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Canadá, Australia, España, Alemania y a algunos estados de Estados Unidos donde el SMA es legal. El año pasado, cuando se presentó la demanda, DescLAB tenía documentados 125 procesos investigativos entre 2010 y el primero de agosto de 2021 por el delito de inducción y/o ayuda al suicidio. De esos casos, el 29 por ciento está activo (37 casos) y el restante 71 por ciento está inactivo (88 casos). Y solo uno tuvo captura y condena, mientras que hay tres más en imputación de cargos y uno en acusación. Tras conocerse la decisión, el abogado Lucas Correa señaló que la misma “es un paso decisivo para que nuestro país se consolide como uno de los más avanzados del mundo cuando hablamos del derecho a morir dignamente”. “Con esta decisión de la Corte, las personas en Colombia podrán acceder a una muerte libre, segura y acompañada. El reto será crear una regulación que elimine las barreras de acceso para este nuevo mecanismo y que quien lo decida así pueda ejercer su derecho a una muerte médicamente asistida, ya sea a través de la eutanasia o el suicidio médicamente asistido”, agregó Jaramillo Salazar. La oposición del gobierno Ante la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda al indicar que, en su criterio, no se puede argumentar que la ayuda al suicidio proteja la vida digna, “pues lo cierto es que quien concurra en este delito afecta este bien jurídico”. “El derecho a morir dignamente no implica que las personas no tengan el deber de evitar los riesgos de la salud a otras personas, pues existe un deber fundamental de respeto a la vida ajena, en este punto”, agregó el Ministerio de Justicia hace unos meses al alto tribunal. Para la cartera, la Corte no debía hacer pronunciamiento alguno porque, en su criterio, la demanda presentada por DescLAB asimilaba erróneamente los delitos de inducción al suicidio y el homicidio por piedad y, por tanto, no cumplía con los requisitos para ser estudiada de fondo. La primera (eutanasia) consiste en brindar ayuda efectiva por parte de un profesional médico para poner fin a la vida de la persona, destacando que es el mismo profesional médico quien realiza tal actividad. Diferente situación ocurre en el suicidio asistido, pues es la misma persona quien causa su muerte, ayudado por alguien que le proporciona los medios necesarios para hacerlo; esto puede ser brindando asesoramiento de dosis letales de medicamento”, dijo el Gobierno. Según el Ministerio, el delito de inducción al suicidio se justifica “en la medida en que se tiene que analizar la intervención de terceros en el acto suicida, atendiendo que la vida es un derecho disponible para su titular y solo él es quien decide lo que atañe a su propia existencia”. “En este sentido, cuando nos ubicamos en el tipo penal de inducción o ayuda al suicidio lo que se podría advertir es que existe una barrera legítima, que impide la intromisión por parte del Estado en las decisiones de los ciudadanos, siempre y cuando no se afecten derechos ajenos, y su tipificación respondería al deber de todo ciudadano de no afectar la vida ajena”, señaló el Ministerio, que aseguró que el delito de inducción al suicidio, como está contemplado, no vulnera el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. El Universal

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Avanzan en comisión los trabajos a favor de los derechos de las mujeres en el Estado

En sesión de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, los diputados aprobaron la elaboración del proyecto de dictamen que tendrá en un mismo documento, la modificación de diversos artículos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la adición de fracciones a la Ley de Partidos Políticos del Estado y la reforma y adición de diversas disposiciones de la Constitución Política, Ley de Transparencia y Acceso a la Información, de la Comisión de los Derechos Humanos, del Reglamento de la Ley de la Fiscalía General y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con estas modificaciones se busca que las personas que tengan antecedentes de violencia contra las mujeres, acosadores o deudores alimentarios no sean candidatos a puestos de elección popular o tengan puesto de confianza en alguna dependencia gubernamental. En ese sentido, el diputado Víctor Hugo Lozano Poveda (PAN), expresó que, para presentar un muy buen producto, es necesario hacer extensivo el análisis de este al Instituto de Investigaciones Legislativas del Poder Legislativo y que en conjunto con la Secretaría General presenten el análisis que sustente la legalidad para agilizar la aprobación del dictamen y no perder más tiempo. “Hay que respetar los trabajos de la comisión, el esfuerzo, felicitar a las involucradas y sé que hay diputadas que sin pertenecer a la comisión han estado al pendiente y participando en las reuniones que se han realizado, y eso es de destacarse siempre”, agregó. El diputado del PRI, Gaspar Quintal Parra, coincidió en que se haga un análisis a profundidad y exhaustivo de todas aquellas acciones de inconstitucionalidad en cuanto a la presunción de inocencia y la discriminación. El diputado Rafael Echazarreta Torres de Morena, entregó a la presidenta de la comisión, una serie de propuestas para que se hagan modificaciones en cuanto a diversas palabras y términos a fin de que se presente de manera clara. La diputada de Movimiento Ciudadano, Vida Gómez Herrera, reconoció el trabajo de la comisión y de la presidenta Carmen González Martín (PAN), debido a que, para enriquecer se realizaron numerosas reuniones de trabajo, en las cuales se manifestaba la importancia de esta iniciativa. Para concluir, la diputada Carmen González, agradeció a sus compañeros diputados por la disposición y la entrega para trabajar en estos temas, siempre abonando para que se presente a la sociedad un buen producto legislativo. Como parte de los asuntos en cartera y continuando con el análisis para reformar la Constitución Política, las leyes de Gobierno del Poder Legislativo, de los Municipios y la Iniciativa Popular en materia de accesibilidad en la comunicación oficial, se entregó el cuadro comparativo y la ficha técnica de la misma. Esta iniciativa fue presentada por diputados de la Fracción Legislativa del PRI. Se realizó lo mismo con la iniciativa para expedir la Ley que Regula la Revocación de Mandato en el Estado de Yucatán, presentada por el diputado de Morena, Rafael Echazarreta Torres. Por último, se distribuyó la iniciativa enviada por el Ejecutivo Estatal referente a la modificación de la Ley de Notariado del Estado, la de Hacienda, de Catastro, la Ley Orgánica de la JAPAY, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, del Instituto de Vivienda, de la Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células; y la que crea el Instituto de Seguridad Patrimonial de Yucatán, así como los Códigos de Familia, Civil y de Administración Púbica, para el cual el diputado Echazarreta Torres entregó una propuesta para un parlamento abierto para que se tengan opiniones técnicas y especializadas sobre el tema. De igual manera, la diputada Vida Gómez solicitó a la presidencia de la comisión la elaboración de un cuadro comparativo entre la iniciativa de modificación de la Ley de Notariado del Estado y la presentada por la Fracción Legislativa del PRI, en sesiones pasadas.

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Carlos Pérez Pérez, listo para recibir el reconocimiento “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”

Por sus más de 30 años al servicio y una amplia trayectoria profesional siendo profesor y director en diferentes planteles escolares, Carlos Alberto Pérez Pérez recibirá en sesión solemne el próximo domingo 15 de mayo el reconocimiento “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, por el Congreso del Estado. El profesor recibió esta mañana en la sala de comisiones “Ministro Alberto Pérez Dayán”, de manos de la Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, diputada Pilar Santos Díaz (PAN), en presencia de las diputadas y diputados integrantes de la comisión de Postulación “A la Excelencia Docente del Estado de Yucatán”, Crescencio Gutiérrez González (NA), Melba Gamboa Ávila (PAN) y Luis Fernández Vidal (PAN), la notificación oficial para que asista al acto conmemorativo, el cual se realizará en el marco del Día del Maestro. El presidente de la comisión de Postulación, diputado Crescencio Gutiérrez González, felicitó al profesor Carlos Pérez Pérez quien por su amplia trayectoria será reconocido. “Durante las comisiones hicimos un amplio análisis de las propuestas y de igual manera reconocemos a todas y todos los maestros cuyos nombres también fueron presentados en la terna para designar al recipiendario”, agregó. En su turno, Pérez Pérez, agradeció a los diputados por este reconocimiento y destacó la importancia que tiene el trabajo de los docentes en cada una de las aulas. Asimismo, recordó que, durante la pandemia, al igual que los alumnos y los padres de familia, los maestros se las ingeniaron para sacar adelante su trabajo y continuar con la educación de la población estudiantil. En la entrega de la notificación, se contó con la presencia del secretario general de la Sección 57 del SNTE, Alejandro Chulim Cimé, quien reconoció la labor de los diputados al contar con este tipo de actos, como lo es la entrega de este mérito, pues es una forma de reconocer la labor que a diario desempeñan los maestros, especialmente si este es entregado en su día. Los diputados integrantes de la comisión, Melba Gamboa Ávila y Luis Fernández Vidal, hicieron una extensa felicitación al recipiendario y a los docentes en general y manifestaron y concordaron en que, pese a las condiciones presentadas, como lo fue la pandemia, no se dejó a un lado la educación. Como se informó, este distintivo tiene como objeto reconocer a aquellos que hayan destacado en el ámbito de la docencia por sus acciones, servicios o trayectoria docente ejemplar o sobresaliente o de impulso al desarrollo de la educación del estado que se encuentre en activo. La entrega se realizará el domingo 15 en punto de las 11:30 horas. Breve semblanza Nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, el Dr. Carlos Alberto Pérez y Pérez ha dedicado su vida a la docencia, con más de treinta años de servicio y una amplia trayectoria profesional, fungiendo como profesor y director en distintas escuelas de Yucatán y siempre orientando sus esfuerzos a la investigación, la promoción de la lengua maya y, de igual manera, al rescate y preservación de la historia de la cultura yucateca. Entre el 2014 y el 2016 fue miembro del Consejo Académico Nacional para la Evaluación de la Educación Indígena en México, dependiente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), siendo el único yucateco en haber pertenecido a dicha comisión. Durante los más de dos años que ha durado la pandemia de COVID-19, creó una red de apoyo para los padres de familia y docentes, en la que mediante 50 boletines y más de 100 circulares compartidas de modo virtual logró que la institución educativa a su cargo continuara desarrollando su función académica, de promoción de valores y apoyo a la comunidad.

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El Ejecutivo del Estado envía al Congreso local propuesta de terna para magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán

Como marca la normatividad vigente en la materia y después de haber recibido la notificación correspondiente por parte del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán, el Ejecutivo del Estado envío al Poder legislativo la propuesta de terna para designar a la magistrada que sustituirá en el cargo a Addy Lucelly Cámara Vallejos, a quien se le otorgó el retiro vitalicio en términos de la ley tras acreditar 39 años al servicio del Estado.   La propuesta, que entregó este día, por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el consejero Jurídico del Estado, Yussif Heredia Fritz, al secretario General del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, está integrada por: Teresita de Jesús Anguas Zapata, Adiver del Rubí González Alpuche y Lizette Mimenza Herrera. Teresita de Jesús Anguas Zapata es Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), con especialidad en el Sistema Integral de Justicia Penal para Niñas, Niños y Adolescentes, y Maestría en Administración. Cuenta con formación en las áreas de Administración Pública y Cultura Organizacional; Violencia infanto-juvenil con perspectiva de género y actualmente se desempeña como titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado. Por lo que toca a Adiver del Rubí González Alpuche es Licenciada en Derecho por la UADY y tiene un Doctorado en la misma materia. Se ha desempeñado como coordinadora de servicios internos en el Ayuntamiento de Mérida; proyectista del Consejo Tutelar de Menores Infractores; además de auxiliar jurídico en el Instituto Nacional de Migración. En el caso de Lizette Mimenza Herrera es Licenciada en Derecho, cuenta con una Maestría en Ciencias Penales y una especialidad en ciencias jurídico-penal.   En el servicio público, ha sido Regidora y Directora de Gobernación del Ayuntamiento de Mérida¸ también se ha desempeñado como Directora Jurídica y titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación. Actualmente es vicefiscal de Prevención del Delito, Justicia Alternativa y Atención a Víctimas en la Fiscalía General del Estado (FGE).  

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Aprueban reforma para elevar castigos por violencia familiar y feminicidio contra embarazadas

Con la exigencia de no permanecer inertes ante la alarmante cifra de mujeres agredidas en Yucatán, el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la reforma presentada por la Fracción Legislativa del PRI para elevar las sanciones a quienes ejerzan violencia familiar y cometan feminicidio cuando la víctima esté embarazada. Desde la tribuna del pleno, la diputada priista Karla Franco Blanco mencionó la frase que las mujeres han externado ante el clima de violencia feminicida que impera en el país: “No quiero sentirme valiente cuando salga a la calle, quiero sentirme libre”. La legisladora recordó que la violencia contra la mujer inicia casi siempre desde el noviazgo y continúa hasta el matrimonio, e incluso después de terminada la relación. Este fenómeno, recalcó, somete a la mujer a abusos físicos, patrimoniales, emocionales, psicológicos y sexuales, situación que se agudiza cuando se encuentra embarazada. Por tal razón, señaló que es obligación de las diputadas y diputados generar medidas normativas que no solo disuadan la comisión de delitos contra de las mujeres, sino que, además, las consecuencias de cometerlos tengan una sanción ejemplar. En ese sentido, Karla Franco abundó que la iniciativa del PRI propone aumentar la pena para el delito de violencia familiar, pasando de una mínima de 2 a 3 años y de una máxima de 7 a 8 años. De igual manera, se incluye como agravante que si este delito se comete cuando la mujer curse un embarazo o hasta los 6 meses posteriores al parto, la pena se pueda incrementar hasta en dos terceras partes más de la pena máxima. “El objetivo es claro, que aquél que atente contra la vida e integridad de nosotras las mujeres lo pague con más años de cárcel. Esto, atendiendo a que tristemente los delitos más graves como el feminicidio, muchas veces, tienen como punto de partida indicios de violencia familiar”, sostuvo. En ese sentido, apuntó que la reforma también plantea que en el delito de feminicidio se considere la condición del embarazo de la víctima, y de esta manera pueda acreditarse por las autoridades como una agresión por razones de género. Karla Franco precisó que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las mujeres embarazadas tienen un elevado riesgo de ser víctimas de feminicidio por parte de sus parejas. Además, el 50% de éstas fueron agredidas por primera vez precisamente durante su embarazo. El dictamen aprobado de igual forma contempla que cuando la víctima sobreviva, pero no así su bebé, o éste resulte con afectaciones derivado de un parto prematuro consecuencia de la agresión, se imponga al imputado la sanción por tentativa de feminicidio. Con esto, el agresor podrá ser castigado hasta con 30 años de prisión. “Es necesario reencauzar la política criminal para sancionar de manera contundente a los agresores, ya que una mujer embarazada requiere mayores cuidados y se encuentra vulnerable, tanto física como emocionalmente. Por tal motivo, con esta reforma estaremos expresando de manera enérgica e institucional que tenemos cero tolerancia hacia cualquier tipo de violencia a la mujer”, enfatizó. Cabe mencionar que el dictamen aprobado este día, en el marco de Celebración del Día de la Madre, fue suscrito por otras 13 diputadas y diputados que se adhirieron a la propuesta de la Fracción del PRI desde que se presentó hace unos meses. Karla Franco destacó que requerimos consolidar la transformación de la cultura de la no violencia en contra de la mujer, y que ésta, sólo es posible si miramos con perspectiva de género historias de mujeres cansadas, unas que gritan y otras que lloran por haber sido violentadas, pero sobre todo que exigen justicia.

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Presenta Vila Dosal nueva iniciativa para reformar la Ley de Notariado

Para continuar con la modernización y el fortalecimiento de la función notarial, evitar malas prácticas, combatir la mafia inmobiliaria y los despojos ilegales, sobre todo a los que menos tienen, así como fortalecer la labor de los fedatarios, el Gobernador Mauricio Vila Dosal envió al Congreso local una nueva iniciativa de reforma a la Ley del Notariado del Estado y diversas leyes estatales en materia de fe pública, que permitirá actualizar el marco jurídico de dicha normativa, a fin de garantizar a los ciudadanos una mayor certeza jurídica. La iniciativa, que entregó este día, por instrucciones de Vila Dosal, el consejero Jurídico, Yussif Heredia Fritz, al secretario General del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, busca lograr una supervisión más efectiva en las Notarías Públicas, quitando espacio a la corrupción y previniendo casos de despojo u otras anomalías, lo que resultará en un sistema con mayor seguridad, para que se puedan revisar los trámites. Las prácticas de fraude, por parte de loteros en todo el territorio, es uno de los más graves problemas que se resolverá con la reforma, ya que estos grupos se aprovechaban de los vacíos legales para concretar compras, por precios distintos o contratos fantasmas, abusando de la buena fe de las personas que buscaban vender su patrimonio. La reforma a la mencionada ley propone fortalecer a la Consejería Jurídica en cuanto a las facultades de vigilancia, inspección y sanción a Notarios y aspirantes. Entre las novedades que trae consigo la propuesta, también destacan pruebas psicométricas, aplicadas por los Servicios de Salud del Estado, entre los requisitos para solicitar examen de aspirante y el de Notario Público, el establecimiento de las figuras de asociación entre Notarios Públicos y Permuta de Notarías Públicas. También se prevé la creación de nuevos sistemas informáticos, donde se registren instrumentos notariales y protocolos electrónicos, así como la digitalización de los instrumentos notariales, para que los trámites puedan ser revisados y así evitar malas prácticas. Otras de las novedades contempladas en dicha reforma, es que se promueve la reparación del daño vía la conciliación, protegiendo a las y los yucatecos que realicen algún trámite notarial y evitando las malas prácticas. Estas modificaciones se suman a la reciente reforma de la Ley Notarial, con la que se modernizó este sistema en Yucatán, que se regía por una ley que no se actualizaba desde 1994, con mecanismos antiguos que eran un freno al desarrollo y eran insuficientes para atender a la población.

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Suprema Corte invalida artículo del Código Penal de Yucatán que sanciona el “ciberacoso”

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 243 bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán, relativo al delito de ciberacoso que sancionaba a quien intimidara y asediara a cualquier persona, a pesar de su oposición, por medio de las tecnologías de la información y comunicación, tales como redes sociales, mensajería instantánea, correo electrónico o cualquier otro medio digital; mediante el envío de mensajes de texto, videos, impresiones gráficas, sonoras o fotografías. Al analizar la impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Pleno determinó que el precepto vulneraba el principio de legalidad, en su vertiente de taxatividad —el cual exige que los tipos penales sean claros, precisos y de exacta aplicación— previsto en los artículos 14 de la Constitución General y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en virtud de que la conducta que describía era vaga e imprecisa. El Pleno señaló que, los verbos rectores del tipo penal: “intimidar” y “asediar”, y la omisión de prever la “intención de causar un daño” en la norma, no permitían conocer con suficiente claridad la conducta que se pretendía sancionar. Además, el Pleno entendió que la norma no era razonable, pues exigía que la víctima manifieste su “oposición” al ciberacoso para que se actualice el delito, con lo cual frustraba el propósito del legislador. Los efectos de la sentencia serán retroactivos al 14 de marzo de 2020, fecha de entrada en vigor de la norma invalidada. Se determina pues, válida la acción de inconstitucionalidad 198/2020, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandando la invalidez del artículo 243 bis 12 del Código Penal del Estado de Yucatán, adicionado mediante Decreto 191/2020, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad de 13 de marzo de 2020.