Yucatán

Comparecerán candidatos y candidatas para ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado

Los diputados y las diputadas de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Gobernación, y de Justicia y Seguridad Pública acordaron en sesión, realizar dos reuniones de trabajo con las candidatas y los candidatos a ocupar el cargo de magistradas y magistrados con el fin de que los aspirantes expongan los motivos por los cuales desean ocupar el puesto. Durante la distribución de los oficios enviados por el Gobierno del Estado en los que presenta las ternas para los cargos, la presidenta de la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, diputada Carmen González Martín (PAN), señaló que las reuniones de trabajo se realizarán el lunes 18 de julio en la sala “Abogada Antonia Jiménez Trava”. En la primera, programada para las 10 horas, comparecerán: María Guadalupe Solís Rivera, Paloma de la Paz Angulo Suárez y Nelvy Guadalupe Sosa Escalante. Posteriormente, a las 11 horas: Sandra Edith Alonzo Mendoza, César Enrique Ferreyro Rosado y William de Jesús Vela Peón. Se informó que cada uno de los comparecientes tendrá hasta 10 minutos para exponer el propósito para ocupar el cargo y, al término de cada exposición, los diputados que así lo consideren podrán realizar cuestionamientos para ampliar y enriquecer la presentación. Las candidatas y candidatos tendrán el mismo lapso (10 minutos) para responder a los planteamientos hechos. Posteriormente, las comisiones sesionaran para analizar y en su caso, aprobar el dictamen.

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Proponen en comisión la elaboración de una nueva iniciativa de la Ley del ISSTEY

En sesión de la comisión especial para la Atención de la Situación del ISSTEY y como parte de las acciones encaminadas al aseguramiento de pensiones de los trabajadores, se instruyó a la Secretaría General elaborar una iniciativa con técnica legislativa que contenga los elementos descritos en las propuestas que han sido presentadas en sesiones anteriores y que suma la coordinación de las fuerzas políticas que integran ésta. El presidente de la comisión, diputado Crescencio Gutiérrez González (Nueva Alianza), dio lectura a una serie de acuerdos a los cuales se llegaron durante las reuniones de trabajo y que forman parte de un avance importante para la elaboración de la iniciativa, entre cuyos acuerdos destaca: la abrogación de la Ley actual de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de carácter estatal. Otro de los puntos, es que quienes ingresen al servicio público y obtengan una pensión con la nueva ley, gozarán de un aguinaldo correspondiente a 40 días. También que las personas que al entrar en vigor la nueva ley estén gozando de una pensión y aquellas que hayan cumplido con los requisitos del artículo 63 de la ley vigente para acceder a una jubilación voluntaria o a una jubilación necesaria, estas serán reguladas por la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado, que se abrogará. “Se incrementa el tope de las pensiones establecido en la propuesta técnica, pasando de $29,250.09 mensuales del 2022, a $43,876.35 mensuales de 2022, lo cual en su momento se incrementará de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor”, agregó. También para las personas públicas en transición, que en el 2022 tengan hasta 23 años de cotización, se les aplicará un porcentaje del salario regulador del 90%, aquellas que tengan 24 o 25 de cotización se les aplicará el mismo porcentaje; a las personas con 26 años de cotización se les aplicará el 91% del salario regulador. A los que tengan 28 y 29 años de cotización se les aplicará el 92% y a los que tengan 29.49 años de servicio se le aplicará el 100% del salario regulador. La misma gradualidad se considerará para los años de servicio para la pensión de jubilación, así como para las cuotas que vienen aportando. Por último, las personas en transición que en el 2022 tengan 29.5 y 29 años cerrados de servicio, podrán acceder a una pensión por jubilación al cumplir 30 años de servicio. Quienes en el mismo año tienen 28 y 27 años de servicio podrán acceder a una pensión por jubilación al cumplir los 31 años de servicio. Quienes en el mismo año tengan 26 y 25 años de servicio, podrán acceder a una pensión por jubilación al cumplir 32 años de servicio. Quienes al mismo año tengan 24, 23 años de servicio podrán acceder a una pensión por jubilación al cumplir los 33 años de servicio. Quienes en el mismo año 2022 tengan 22 y 21 años de servicio podrán acceder a una pensión por jubilación al cumplir los 34 años de servicio. Quienes tengan 20 años de servicio o menos deberán llegar a los 35 años de servicio para acceder a una pensión por jubilación. Cabe mencionar que la nueva Ley entrará en vigor para los nuevos derechohabientes que ingresen posterior a la publicación de esta y las reformas entrarán de manera gradual para los actuales derechohabientes del ISSTEY. Al solicitar la palabra, los diputados integrantes de la comisión reconocieron la disposición y las propuestas que se aportan en las reuniones de trabajo que se han tenido, tanto con los diferentes Sindicatos y el Comité de Expertos que acudió en dos ocasiones para hablar de la situación del Instituto y para conocer las propuestas de las agrupaciones y a su vez emitir las recomendaciones evaluadas por los mismos para afrontar la situación.  

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Envían al Congreso local dos propuestas de terna para magistrados al Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios

En cumplimiento con lo que marca la normatividad vigente en la materia, el Ejecutivo del Estado envió al Poder Legislativo dos propuestas de terna para designar a magistrados para integrar el Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios. Por instrucciones del Gobernador Mauricio Vila Dosal, el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Yussif Heredia Fritz, entregó al secretario General del Congreso yucateco, Adrián Anguiano Aguilar, ambas propuestas integradas, una por María Guadalupe Solís Rivera, Paloma de la Paz Angulo Suárez y Nelvy Guadalupe Sosa Escalante y otra por Sandra Edith Alonzo Mendoza, César Enrique Ferreyro Rosado y William de Jesús Vela Peón. María Guadalupe Solís Rivera es licenciada en Derecho por la escuela Justo Sierra O’Reilly de la CTM y cuenta con varios cursos y diplomados relacionados con impartición de justicia y mediación. Actualmente se desempeña como procuradora de la Defensa de los Trabajadores al Servicio de los Estados y Municipios. Su carrera ha estado vinculada a la Junta local de Conciliación y Arbitraje en temas relacionados con trabajadores. Paloma de la Paz Angulo Suárez es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y tiene una maestría en Economía por la misma casa de estudios. Ha trabajado en diversos despachos jurídicos en las áreas laboral, mercantil, civil y penal. Ha ocupado diversos cargos en la administración estatal y municipal y ha laborado en el IMSS. También se desempeñó como regidora del ayuntamiento de Mérida en el periodo 2012-2015. Nelvy Guadalupe Sosa Escalante es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) y trabaja en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Ha laborado en diversos despachos jurídicos y ha trabajado en el Ayuntamiento de Mérida. Sandra Edith Alonzo Mendoza es licenciada en Derecho por el Centro de Estudios Superiores Justo Sierra O’Reilly de la CTM y cuenta con maestría en Derecho Procesal Laboral por el Centro de Estudios de Posgrado. Trabaja en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y ha laborado en la Auditoría Superior del Estado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, la Fiscalía de Yucatán, el Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa del Estado y en diversos despachos legales. César Enrique Ferreyro Rosado es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Ha desempeñado diversos cargos en la administración estatal y ha sido apoderado legal de diversas empresas. También ha trabajado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). William de Jesús Vela Peón es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Anáhuac Mayab donde también realizó una maestría en Derecho Corporativo. Ha desempeñado diversos cargos en la administración pública de Yucatán y trabajado en notarías públicas y despachos legales privados. También se ha desempeñado como abogado corporativo para varias empresas.

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El Congreso y los ayuntamientos le cierran el paso a los violentadores

Necesitamos mejores funcionarias y funcionarios públicos y ser conscientes que, si una persona no cumple con dar alimentos a su propia familia que es su círculo más cercano ¿cómo creemos que pueda cumplir con su compromiso y promesa de campaña y con sus compromisos y peor aún con la plataforma electoral del partido político que lo postule?, remarcó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Carmen González Martin, en la entrega de Actas de Cabildo en las que se aprueba la reforma constitucional en materia de deudores alimentarios. El presidente de la Asociación de Municipios por Yucatán (AMPYAC), Rafael Montalvo Mata, entregó a la legisladora del Distrito 13 y presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Carmen González Martín, las 46 actas de los municipios gobernados por Acción Nacional en las que aprueban la reforma constitucional en materia de deudores alimentarios. “Hoy nos une al Legislativo, al Ejecutivo y a los Municipios el velar por los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia hacia ellas. Con esta iniciativa sin duda damos un claro paso para que en Yucatán los violentadores no puedan ingresar, ni acceder a candidaturas, mucho menos a los cargos de designación dentro de los órganos de gobierno”, expresó la legisladora González Martín. Agregó que se requiere representantes públicos dignos, “no permitiremos que servidores públicos con antecedentes penales en violencia familiar, delitos contra la intimidad personal, contra la imagen personal, violencia laboral contra las mujeres, violencia obstétrica, violencia por parentesco, violencia institucional, hostigamiento sexual, acoso sexual, abuso sexual, estupro, violación o feminicidio, ni ser deudor alimentario moroso. Por eso los felicito porque no dudaron en someter a consideración de sus cabildos esta importante reforma”. El también presidente municipal de Ticul, Rafael Montalvo Mata, señaló que en las actas entregadas se encuentra representado no solamente la lucha legal, justa e histórica de todas las mujeres, sino que también la voluntad y disposición de todas las regidoras y regidores que votaron a favor de que los ayuntamientos respaldan esta iniciativa del Congreso del Estado. El alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, comentó que tienen mejores resultados trabajando de manera coordinada. “El acceder a un cargo de elección popular debe de ser uno de los filtros más costosos para cualquier persona, en caso de llegar ahí, porque es la sociedad completa la que le está depositando su confianza para que pueda llevar a cabo proyectos, programas, es muy complicado”. Por su parte, la coordinadora de la Agenda de las Mujeres por la Igualdad Sustantiva en Yucatán (AMISY), María Eugenia Núñez Zapata, tras recordar a los íconos del feminismo yucateco Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torres primera diputada y regidora respectivamente, precisó que la reforma constitucional no es casualidad, es un producto de la génesis, “genética feminista que no sólo es para las mujeres sino para los valientes hombres que no se intimidan ante una mujer inteligente y valiente”. En su turno la Secretaria de las Mujeres, María Cristina Castillo Espinosa, dijo que se está haciendo historia en esta Legislatura con todas las iniciativas que han aprobado, como la de 3 de 3 que fue impulsada desde la sociedad. “Quiero agradecer a las alcaldesas y los alcaldes por estar incluyendo no solo en sus cabildos, sino haciendo realidad este apoyo hacia las mujeres”. En la reunión estuvieron, los alcaldes y alcaldesas emanados de Acción Nacional, así como las diputadas y diputados del interior del estado, Manuela Cocom Bolio del 6to distrito, Melba Gamboa Ávila, del distrito 14, así como también Erik Rihani González del distrito 9, Karem Achach Ramírez, del distrito 3, Dafne López Osorio, del distrito 7, Karla Salazar González, del distrito 5, Luis Fernández Vidal del distrito 11 y Raúl Romero Chel del distrito 12.

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Legisladores continúan los trabajos para elaborar una reforma a la Ley del ISSTEY

Como parte de los trabajos para la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley del ISSTEY, a fin de asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores, se llevó a cabo una nueva sesión de la comisión para la Atención de la Situación del Instituto, en donde el presidente de esta, diputado Crescencio Gutiérrez González (NA), instruyó a la Secretaría General la elaboración de una nueva propuesta técnica. En ésta, se abundará sobre las prestaciones derivadas de los planteamientos realizados por los diputados integrantes de la comisión. Durante el desarrollo de esta, el diputado del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, señaló la importancia de realizar más reuniones de trabajo y dedicarle más tiempo al tema, a fin de generar un mayor avance en las comisiones. “Me parece muy productivo que se haga un plan de días para que nosotros nos organicemos también y se avance por bloques de tema para ir aterrizando un proyecto”, dijo. En ese sentido, el diputado Erik Rihani González (PAN), se sumó a la propuesta de desarrollar un plan de trabajo y señaló como ejemplo el trabajo previo que se tuvo en el tema de los jubilados, trabajadores activos y los futuros trabajadores. En su turno, el diputado Jesús Pérez Ballote (PAN), afirmó que con las propuestas técnicas se puede analizar a profundidad toda la información recabada durante las reuniones que se realizaron con los diferentes organismos. Por último, el diputado Rafael Echazarreta Torres (Morena), entregó una propuesta con el fin de abonar y dar certeza a los trabajadores.

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Se integra Mariana Gaber Fernández Montilla como Consejera de la Judicatura de Yucatán

Con motivo de la designación por parte del Gobernador del Estado, Mauricio Vila Dosal, de la Licenciada Mariana Gaber Fernández Montilla como integrante del Consejo de la Judicatura de Yucatán, esta mañana la nueva Consejera se integró al pleno de este órgano de gobierno del Poder Judicial del Estado. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mario Castro Alcocer, dio la bienvenida a la nueva integrante y al mismo tiempo reconoció el trabajo de los Consejeros y Consejeras de este órgano de gobierno, a quienes convocó a continuar trabajando unidos en favor de las ciudadanas y ciudadanos a quienes servimos. Expresó que, en un marco de austeridad, se podrán reorientar gastos y eliminar trámites burocráticos para una mejor impartición de justicia en la primera instancia, que constituye el primer contacto de los ciudadanos con el Poder Judicial. Por su parte, la Consejera Gaber Fernández Montilla agradeció la confianza para ser integrante del pleno y se comprometió a trabajar en beneficio de los ciudadanos. “Es momento de redoblar esfuerzos, trabajar en austeridad y sobre todo humanizando la impartición de justicia; asumo esta responsabilidad con la disponibilidad para trabajar en unidad y hacer equipo, poniendo al servicio de este encargo mis capacidades y experiencia en el servicio público”, apuntó la Consejera. La Consejera Gaber Fernández Montilla presidirá la Comisión de Disciplina del Consejo y será integrante de las comisiones de Administración y Desarrollo Institucional. La nueva Consejera de la Judicatura es licenciada en Administración por el Instituto Tecnológico de Mérida y cuenta con más de 12 años trabajando en el sector público. Además de participar en la sesión de pleno de hoy, la Consejera realizó un recorrido por la sede del Consejo, ubicada en el centro de Justicia Oral de Mérida y fue presentada al personal del mismo. Cabe mencionar que la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que el Consejo de la Judicatura se integra por cinco miembro, de los cuales, además del presidente del Tribunal Superior de Justicia, dos consejeros son nombrados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia; uno más es designado por el Congreso del Estado; y otro por el titular del Poder Ejecutivo. El pleno del Consejo de la Judicatura también está integrado por la Consejera Sara Luisa Castro Almedia y el Consejero Luis Solís Montero designados en el cargo por el Poder Judicial y el Consejero Carlos Alfonso Murillo Ku por el Congreso del Estado.

Mundo

Dan 50 años de cárcel a mujer que tuvo un aborto en El Salvador

Un juzgado de El Salvador impuso una condena de 50 años de prisión a una joven que tuvo un parto en su casa y que inicialmente fue procesada por aborto y condenada por homicidio agravado. Esta es la primera vez que se aplica la pena máxima desde que se penalizó de manera absoluta el aborto en el país. La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto rechazó la decisión judicial y anunció el lunes que apelará el fallo dictado el pasado 29 de junio por un juzgado de San Miguel, 135 kilómetros al este de la capital. “El Estado salvadoreño una vez más continúa ensañándose con mujeres que no han tenido derecho ni condiciones para defenderse”, dijo en un comunicado de prensa Morena Herrera, quien dirige el colectivo que defiende los derechos de las mujeres en El Salvador. De aborto a homicidio agravado La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que los practiquen. De ser encontradas culpables, las penas varían de dos a ocho años. No obstante, en muchos casos el delito cambia a homicidio agravado por el parentesco de la víctima y las mujeres pueden llegar a ser condenadas de 30 a 50 años de prisión. El Ministerio Público informó que la condena de Lesly Lisbeth Ramírez se basó en las pruebas presentadas en el juicio por los fiscales del caso y el dictamen forense que determinó como causa del fallecimiento de la bebé “degüello por herida tipo contuso-cortante producido con arma blanca”. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la joven, que residía en una zona rural del oriente del país, “ocultó su embarazo a los familiares y tuvo un parto extrahospitalario en el que dio a luz a una niña que nació con vida y que, a través del reconocimiento forense, se estimó que tenía entre las 37 y 40 semanas de gestación”. Sin embargo, el colectivo feminista sostiene que la joven que en el ese momento tenía 19 años, un nivel de educación escolar bajo y sin educación sexual integral “desconocía lo que estaba sucediendo en su cuerpo y el 17 de junio de 2020, a las 9:30 de la noche, tuvo una emergencia obstétrica en su casa, sintió deseo de defecar y sin saberlo comenzaba el trabajo de parto”. La joven fue al baño y tuvo un parto precipitado. Los familiares llamaron a emergencias de la policía para que la trasladaran a un hospital, donde fue detenida y acusada inicialmente de aborto. Ramírez es la tercera de siete hermanos de una familia que vive en situación de pobreza extrema que no tiene en acceso a agua potable ni electricidad y subsiste con el trabajo agrícola. Solo cursó hasta el séptimo grado y asumió las tareas del hogar y el cuidado de sus cuatro hermanos menores de edad. Un proceso lleno de irregularidades y prejuicios El colectivo asegura que el proceso jurídico contra la joven estuvo lleno de irregularidades y prejuicios y que el juez no admitió la incorporación de pruebas que demostraban su inocencia. Tampoco “valoró el peritaje social de Medicina Legal que evidencia la violencia de genero a la que Lesly había sido sometida, ni el peritaje psicológico que sugería la realización de un estudio psiquiátrico”. Herrera dijo a la AP que esta sentencia es contraria al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso “Manuela vs El Salvador”. En noviembre de 2020, la CIDH declaró responsable al Estado salvadoreño de violar los derechos de una mujer identificada como “Manuela”, que fue detenida en 2008 y luego de ser condenada a 30 años murió en la cárcel, dejando huérfanos a sus dos hijos. El colectivo afirma que a “Manuela” se le negó atención médica mientras estaba detenida y la CIDH condenó al Estado salvadoreño por el caso y le exigió no perseguir ni criminalizar a las mujeres que enfrentan emergencias obstétricas. Desde diciembre de 2021, el gobierno salvadoreño ha conmutado la condena a nueve mujeres que sufrieron emergencias obstétricas y que fueron procesadas por aborto. El Salvador es uno de los cuatro países de América Latina que prohíben el aborto sin excepciones junto a Nicaragua, Honduras y República Dominicana. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han exigido al Estado salvadoreño derogar la ley que prohíbe la interrupción del embarazo, pero no se ha tenido resultado.

Yucatán

Se integran dos Magistradas y un Magistrado al pleno del Tribunal Superior de Justicia

Las Magistradas María Carolina Canto Valdés y Graciela Alejandra Torres Garma, así como el Magistrado Alberto Salum Ventre se incorporaron el día de hoy al pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Lo anterior, acorde con el decreto publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, que establece su designación por parte del Congreso del Estado por un periodo de quince años contados a partir de la fecha en que rindieron su compromiso constitucional. La Magistrada Canto Valdés y el Magistrado Salum Ventre se integraron a la Sala Colegiada Civil y Familiar que preside la Magistrada Lizette Mimenza Herrera, en tanto que la Magistrada Torres Garma lo hizo a la Sala Colegiada Penal y Civil de este Alto Tribunal cuya presidencia está a cargo del Magistrado Adolfo González Martínez y está integrada también por el Magistrado Mario Israel Correa Ríos. El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Mario Alberto Castro Alcocer, dio la bienvenida a los nuevos integrantes, a quienes convocó a trabajar en unidad, impulsando una justicia de fácil acceso, la cultura del ahorro y la disminución de trámites burocráticos como piezas fundamentales del trabajo judicial. Expresó que el objetivo es lograr un acercamiento de la justicia a las personas, disminuir los obstáculos para que los ciudadanos reciban un servicio de calidad, con una austeridad institucional que permita implementar acciones innovadoras para bien de las y los yucatecos. El presidente reiteró su reconocimiento al esfuerzo diario de los servidores judiciales para servir a la ciudadanía, por lo que el acercamiento y unión con todos los integrantes de la institución será fundamental para lograr una mejor impartición de justicia. “Vamos a emplear los recursos de manera eficiente, generando los cambios que se necesiten para que las personas que buscan justicia reciban un servicio ágil y eficiente, sin pérdidas de tiempo”, reiteró.

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Congreso aprueba financiamiento para transporte eléctrico en Yucatán

Durante el Cuarto Período Extraordinario de Sesiones, los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron por mayoría, los proyectos de decreto de la comisión de Presupuesto, Patrimonio Estatal y Municipal que contiene las iniciativas para solicitar diversos financiamientos encaminados al mejoramiento de la movilidad. El primero sobre la solicitud del Gobierno del Estado para que se autorice contratar en los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023 uno o más financiamientos hasta por $1, 735, 000, 000 para implementar el proyecto “IETRAM y obras complementarias” que constituye inversión pública productiva para la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento o conservación de infraestructura vial urbana y se modifica la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022. En el segundo, la solicitud del Ayuntamiento de Mérida para que se autorice contratar durante el Ejercicio Fiscal 2022 uno o más financiamientos hasta por $350 millones que se destinarán para inversión pública y reformar los artículos 3 y 4 de la Ley de Ingresos del Municipio de Mérida para el Ejercicio Fiscal 2022. Al hacer uso de la voz, el diputado del PAN, Jesús Pérez Ballote, aseguró que en ambos dictámenes lo que se busca es brindar una mejor calidad de vida y movilidad, trayendo consigo importantes beneficios en materia de inversión, infraestructura y servicios públicos para Mérida. En cuanto al IETRAM, el diputado argumentó que es una obra de infraestructura de transporte público de alta calidad que va a conectar, mediante tres rutas eléctricas los municipios de Mérida, Kanasín y Umán, además de que es una innovación en movilidad urbana, único en América Latina traerá beneficios a la población yucateca y detonará el crecimiento económico. Vida Gómez Herrera, diputada de Movimiento Ciudadano, señaló que la principal motivación para ir en favor de las iniciativas fue la coincidencia que tiene con su agenda de trabajo pues en ambos temas se prioriza la movilidad, siendo esta una de las causas que se defienden y promueven tal como se ha demostrado en los tres foros de parlamento abierto en donde se habla del tema. La diputada de Morena, Alejandra Novelo Segura, aseguró que “este trabajo coordinado representa la voluntad política inquebrantable del Gobierno de México, el Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal para complementar las obras de infraestructura y los proyectos estratégicos que se están desarrollando en nuestro estado y en esta región del país”. El representante del PRD, Eduardo Sobrino Sierra, explicó que luego de realizar un análisis a profundidad llegó a la conclusión de apoyar y votar a favor del proyecto tanto del Ayuntamiento como del Gobierno pues se encaminan para acciones que beneficiarán a las yucatecas y los yucatecos. Jazmín Villanueva Moo, diputada de Morena, destacó la importancia del trabajo coordinado entre los gobiernos, estatal y federal y la iniciativa privada en beneficio fundamental de la población, que al final es a quien se debe dar respuesta.

Yucatán

Avanzan trabajos en el Congreso con miras a reforma a la Ley del Isstey

El Comité de Expertos que analiza la situación financiera del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY)-, planteó ayer ante los diputados del Congreso del Estado, dos propuestas para establecer un nuevo sistema de pensiones de las cuales la primera es basado en “cuentas individuales”, similar a las del ISSSTE y el IMSS, y el otro es el de “beneficio definido” que es el que rige actualmente pero cambiando los parámetros para acceder a las pensiones, pero ambos garantizando la no afectación de los derechos adquiridos de los actuales trabajadores. Como se recordará los trabajos tienen por objetivo la elaboración de una iniciativa de reforma a la Ley del Isstey por parte la Comisión del Congreso del Estado que permita asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores estatales tras escuchar y deliberar sobre dichas inquietudes y solicitudes sindicales.   El Comité de Expertos consideró que es necesario reformar la Ley del ISSTEY y que el esquema de pensiones que se proponga sea “un traje a la medida” y respetando los derechos adquiridos de los trabajadores, y que para ello, se tienen que separar tres generaciones de trabajadores: la primera son los pensionados actuales quienes ya tienen derechos adquiridos “y no se les va tocar absolutamente nada, las pensiones se seguirán pagando conforme se les calculó incluyendo sus incrementos”. La segunda, son las nuevas generaciones de trabajadores los cuales entrarán con un nuevo modelo de pensiones “porque el que se tiene actualmente no es viable financieramente”. Y la tercera, es la generación actual que a su vez se divide en dos: los que ya tienen derechos adquiridos, es decir, los que al día de hoy ya se pueden jubilar como está actualmente y “como si no hubiera habido reforma (al ISSTEY); y los que aún no se pueden jubilar, aunque les falte un día, y a quienes se les podrá modificar su sistema de pensiones de manera gradual y “que se le afecte menos a los que ya están más cerca de jubilarse y así cada vez mientras más me falte entonces el cambio empiece a ser cada vez mayor”. El Comité de Expertos integrado por el actuario Roberto Díaz García; la ex secretaria de Hacienda estatal, Elsy Mezo Palma; el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Santiago Pérez Arjona, y el representante del Despacho Ortegón Bolio, Felipe Ortegón Bolio, acudieron por segunda ocasión en este mes a una reunión de trabajo con la Comisión Especial para la Atención de la Situación del Isstey, del Congreso del Estado, ahora para conocer las propuestas que presentaron hace unos días los ocho sindicatos de trabajadores que cotizan ante el Isstey, y que son relativas al rescate de la citada dependencia. Tras escuchar las inquietud y las propuestas de todos los sindicatos se espera que la Comisión inicie los trabajos para plantear una propuesta de iniciativa que permitirá asegurar el sistema de pensiones de los trabajadores del gobierno del Estado.