El mandatario en asegurar que se lucho por la democracia, presume nuevamente los resultados electorales durante las elecciones del 2 de junio que se llevaron acabo en 2024.
El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una pausa en el diálogo con las embajadas de Estados Unidos y Canadá por sus posicionamientos en contra de la reforma judicial. Durante su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aclaró que las relaciones bilaterales seguirán con ambos países y solo se trata de la suspensión de la relación con sus representaciones diplomáticas. “Como le vamos a permitir al embajador, con todo respeto, esto no es asunto de pleito, pero como le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo, pero no vamos a decirle abandone al país, pero sí tenemos que leerle la Constitución, que es como leerle la cartilla”. El presidente López Obrador aseveró que “está en pausa la relación con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar; pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo”.Abundó que “la relación bilateral con Estados Unidos continúa, pero ojalá haya de parte de ellos una ratificación de que van a ser respetuosos de la soberanía de México, mientras no haya eso, hay pausa con la embajada”. El mandatario nacional sumó a la embajada de Canadá a la pausa, porque, dijo, “tienen que aprender a respetar la soberanía de México, no es cualquier cosa, porque nosotros no vamos a darles consejos allá, a decirles qué está bien y qué está mal”. Manifestó que “si no hay respeto, mientras yo esté aquí, no vamos a permitir ninguna violación a nuestra soberanía, ya me voy a ir, me faltan 30 días, pero mientras esté aquí no lo voy a permitir”. López Obrador condicionó el fin de la pausa con ambos países a que haya un pronunciamiento de que respetan las decisiones de México. Descartó entablar una comunicación directa con el presidente Joe Biden por los posicionamientos de la embajada de Estados Unidos sobre la reforma judicial, por lo que consideró que es para que entiendan que hay cosas que solo atañen al país.
Con 22 votos a favor, y 17 en contra, Morena y sus aliados aprobaron el proyector de Reforma al Poder Judicial planteado en el Plan C de López Obrador La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general, de la mano de Morena y sus aliados, el proyecto de reforma que establece cambios al Poder Judicial, como lo propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador en su Plan C. Con 22 votos a favor, y 17 en contra y en medio de aplausos y tras casi siete horas de debate, los legisladores oficiales aprobaron el proyecto que establece que los ministros, jueces y magistrados sean elegidos por voto popular a partir de junio de 2025. Luego de ser votada en la Comisión de Puntos Constitucionales, la reforma al Poder Judicial será analizada y votada en la Cámara de Diputados en el periodo de sesiones ordinarias que inicia el 1 de septiembre de 2024.
Con el objetivo de realizar una transición municipal clara, ordenada y transparente que garantice a las y los ciudadanos que los servicios continúen sin contratiempos, Cecilia Patrón Laviada y Alejandro Ruz Castro, alcaldes entrante y saliente, encabezaron la instalación de la Comisión de Entrega-Recepción en el Ayuntamiento de Mérida. “Quienes participamos del servicio público sabemos que los gobernantes cambian, pero el gobierno y sus servicios deben continuar sin afectaciones a la gente. Esa será nuestra prioridad, durante este proceso y durante toda nuestra administración”, resaltó Cecilia Patrón. “Venimos con mucho entusiasmo y responsabilidad. Estamos a cinco días de nuestra toma de protesta y a seis días del inicio de la nueva administración que trabajará con energía y dedicación en beneficio de todas y todos los meridanos”, añadió. Por su parte, el Alcalde Alejandro Ruz Castro destacó la importancia de esta comisión para el futuro de la ciudad, porque garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y, lo más importante, la continuación de los servicios, los programas y la atención a las y los meridanos en el proceso de transición. “Cada uno de nosotros tiene el honroso compromiso de representar los más altos intereses de Mérida para seguir siendo una ciudad que marca la pauta en diversos aspectos sociales, culturales y económicos, los cuales nos han hecho un municipio innovador y próspero”, expresó. Asimismo, señaló que la comisión trabajará de manera conjunta para asegurar una transición exitosa y pacífica, beneficiando a la ciudad y sus habitantes, asegurando que la administración entrante tendrá toda la información necesaria para cumplir con la encomienda que recibieron. La actual contralora Martha Elena Gómez Néchar explicó que el proceso tuvo tres etapas que comenzaron con el momento de preparación que incluyó la integración, revisión y registro de la información. En la segunda fase, que es la informativa, se nombró un equipo de transición por ambas partes para conocer el estado de la administración. Finalmente, en esta sesión comienza la formalización en la que se suscriben las actas de entrega-recepción de los servidores públicos obligados y que culminará el próximo 30 de agosto con la firma del documento constitucional a cargo de los alcaldes entrante y saliente. Forman parte de la Comisión de Entrega-Recepción representantes de la sociedad civil, así como integrantes del actual y del próximo Cabildo, y funcionarios del Ayuntamiento 2021-2024.
En un ejercicio inédito que se enmarca en la nueva Ley para regular los Actos y Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública estatal, promovida por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, se realizó la instalación de la Comisión de Transición, encabezada por la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Dolores Fritz Sierra y el Gobernador electo Joaquín Díaz Mena. En evento celebrado en el Salón de los Retratos del Palacio de Gobierno, Fritz Sierra, junto con Díaz Mena, tomaron protesta a los integrantes de la Comisión de Transición, tanto de la administración saliente, como la entrante, cuya presidenta es Lizbeth Basto Avilés, quien es la actual titular de la Secretaría de la Contraloría General del estado. Al reconocer la disposición de todos los funcionarios de la administración pública para llevar a cabo el proceso de transición, el Gobernador electo destacó que el lema de su gestión será Renacimiento Maya, cuyo fin no es empezar de cero, sino de aprovechar lo avanzado para seguir construyendo las bases para el desarrollo de nuestro estado. “Renacimiento Maya significa que los mejores años para Yucatán serán los próximos 6, 12, 18 años, y nos toca continuar una labor en pro de los que menos tienen y, sobre todo, buscar que haya bienestar para las familias de Yucatán”, aseveró Díaz Mena. En su turno, la titular de la SGG recordó que, por primera vez en la historia, este proceso se enmarca en Ley para regular los Actos y Procesos de Entrega-Recepción de la Administración Pública estatal, promovida en este sexenio y cuya publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado fue el pasado 26 de septiembre del pasado año de 2023. “Ley que prevé la instauración de un mecanismo no previsto hasta entonces en ley alguna; y que, atendiendo a su evidente importancia, se aboca a la regulación de los procedimientos de entrega-recepción a los que deberán ajustarse los integrantes de la administración pública estatal”, destacó. Fritz Sierra reiteró que esto permitirá una transición que es y que será parte de las buenas prácticas de gobierno, promotoras indudables de la transparencia, y siempre apegadas a la legalidad y a la certeza jurídica en el ejercicio y destino del presupuesto público. Durante la sesión, se presentó el calendario oficial de las sesiones informativas, cuya primera reunión, con el tema gobernanza, iniciará el próximo 2 de septiembre; posteriormente, se realizará la mesa de salud; administración y finanzas; política social; infraestructura; desarrollo económico y educación y cultura. En este encuentro estuvieron presentes, por la administración saliente, Melba María Poot Ruiz, secretaria técnica de la Comisión de Transición; Roberto Suárez Coldwell, Mauricio Sauri Vivas, Yussif Dionel Heredia Fritz y Jorge Luis Avilés Lizama, como comisionados titulares. Además de José Carlos Puerto Patrón, Lucy Carolina Guillermo Alcocer, Amílcar de Jesús Ac Canché y Carlos Antonio Encalada Lizárraga como comisionados suplentes. Por parte de la administración entrante, estuvieron presentes Omar David Pérez Avilés comisionado y representante común de los comisionados; Dafne David López Martínez, Shirley Edith Castillo Sánchez, como comisionados titulares. También Luis Antonio Hevia Jiménez, Edgardo Gilberto Medina Rodríguez, Lila Rosa Frías Castillo y Janine Patricia Quijano Tapia como comisionados suplentes. Como testigos de este acto y parte de la sociedad civil, acudieron al encuentro, Carlos Alberto Estrada Pinto, rector de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), María Gilda Segovia Chab, presidenta del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inaip); Amenoffis Acosta Ríos, representante del sector empresarial y Hugo Wilbert Evia Bolio Notario Público Número 69.
Al participar en un Foro sobre la Reforma al Poder Judicial, que contó con la presencia de la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Loretta Ortiz Ahlf, el Gobernador Electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, señaló que desde la campaña expuso la necesidad de mejorar el desempeño de la Fiscalía Estatal, ya que, “en Yucatán, por cada 100 delitos, solamente ocho se denuncian, cuatro abren carpeta y sólo uno llega a tener castigo o una sentencia”. “Esto nos habla de que los yucatecos gozamos de seguridad en el Estado, pero confiamos poco en los órganos de impartición de justicia; la gente no acude a poner su denuncia y para esto necesitamos mejorar la calidad de la atención de la Fiscalía hacia los ciudadanos”, afirmó contundente el Gobernador electo. Díaz Mena puntualizó que a partir del primero de octubre, se estará trabajando en estas propuestas específicas: la creación de espacios de Justicia Violeta, para garantizar que no se revictimice a las mujeres que han sido violentadas; digitalización de los expedientes, de manera que los ciudadanos puedan consultar la situación en que se encuentra su expediente y; justicia alternativa, con la creación de centros de atención para filtrar los casos que se puedan solventar a través de la mediación en 16 centros estatales. Al subrayar que Yucatán tiene que caminar en el mismo sentido que la Federación para que “podamos darle al pueblo la justicia que por muchos años ha esperado”, el Gobernador electo enfatizó que “como ha dicho siempre el Presidente, esta transformación que se hizo en el Poder Ejecutivo y que va a continuar con la Dra. Claudia Sheinbaum, tiene que llegar a los otros poderes, de manera tal, que Con el pueblo todo y sin el pueblo nada”. Por su parte, la ministra Loretta Ortiz afirmó estar a favor de la reforma, toda vez que “en el Poder Judicial, ministros, jueces, magistrados somos los que ejercemos el poder a nombre suyo, o sea somos servidores públicos; estamos para servirlos a ustedes o sea no tendríamos ningún poder, si no fuera por ustedes”, resaltando la relevancia de aprobar una elección directa de Ministros, Jueces y Magistrados, así como la reducción de Ministras y Ministros de la Corte, de once a nueve y su duración en el cargo. El diputado federal electo, Jorge Sánchez Reyes (El Gallo), afirmó que esta reforma al poder judicial tiene dos principales aspectos, la austeridad, porque detalló que no pueden seguir los excesos en el gasto público del Poder Judicial, muchas veces hasta onerosos; y el segundo, dijo, democratizar al Poder Judicial, pues afirmó que la gente muchas veces no conoce a sus jueces y magistrados. Finalmente, el Diputado Federal electo, Oscar Brito Zapata, detalló que la reforma representa la reconfiguración de uno de los tres Poderes de la Unión y coincidió “hay que decirlo, un Poder que para muchos es anónimo, desconocido; quienes estamos en el medio político, los abogados, tenemos un poco más de contacto, pero la sociedad en general, como bien dijo Jorge, muchas veces no sabe quiénes son sus jueces, quienes son magistrados”.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Carta Magna, que proponen la extinción de siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJORADU), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH), cuyas funciones pasarían a dependencias del Gobierno Federal o al Inegi. El dictamen destaca en sus transitorios que las economías y ahorros que se generen con la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Aclara que los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad, en términos de la legislación aplicable. Las reformas establecen que las facultades y obligaciones de estos entes públicos se transfieren a diversas dependencias del Gobierno Federal y al Inegi, y se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos. También se extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. El dictamen se aprobó en lo general por 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, y en lo particular, con 22 votos en pro, 16 en contra y cero abstenciones. Se remitió a la Mesa Directiva para sus efectos constitucionales.
Una de las opciones más atractivas que plantea la nueva Reforma de Vivienda al Infonavit es ofrecer casas en renta, para que quienes no poseen un monto de crédito suficiente tengan la posibilidad de comprarlas después de determinado tiempo, platicó el secretario nacional, Rogerio Castro Vázquez, en entrevista radiofónica que ofreció este miércoles a un medio local. “Esta modalidad es para que el trabajador que rente una vivienda la pague poco a poco y eso irlo abonando al ahorro que tiene, para que luego obtenga un crédito que le permita comprarla. La renta de la vivienda no puede rebasar más del 30 por ciento del salario del trabajador y permite en un plazo, de hasta 10 años, si sigues pagando la misma vivienda, y deseas comprarla, adquirirla en propiedad”, indicó el funcionario federal. En ese sentido, Rogerio aclaró que para poder rentar estas casas tendrían que ser parte de las que se construyan directamente por Infonavit, tal y como plantea la Reforma de que el Instituto tenga la facultad de edificar predios y otorgarlos a precios más económicos. Reiteró que esta medida no afectaría a particulares que den sus predios en renta, pues el Infonavit no puede disponer de una propiedad que no es suya, por lo que las casas serían las que el propio Instituto edifique e incluso se podría incluir en esta modalidad aquellas viviendas recuperadas después de un proceso legal. “La Reforma establece que el Infonavit pueda construir vivienda con reglas claras, transparentes, y sobre todo, que se incluya a todos los sectores de la industria. Digamos que desarrollamos un edificio y pondríamos un porcentaje a la venta y otro a la renta” afirmó. El también maestro de profesión explicó que esto viene a subsanar una necesidad que se ha detectado, sobre todo en vista de que actualmente un 20 por ciento de la población renta casa en lugar de comprarla, debido a que no alcanza el crédito y en su mayoría esto afecta a los jóvenes. Estas medidas, dijo Rogerio, reflejan la forma en que el Infonavit se adapta y moderniza al contexto, para ampliar las opciones que permitan a más familias tener un patrimonio. Respecto a la puesta en marcha de este plan, el funcionario comentó que en la Asamblea General y Consejo del Instituto se discutirán las reglas de operación y cuando estén claras se darán a conocer oportunamente.
Los tribunales locales empezarán a subir información de las personas sentenciadas por incumplir su obligación con sus hijos.
Organizaciones de periodistas y comunicadores de Yucatán señalaron la falta de interés de los diputados locales por legislar en la defensa de los derechos y protección de mujeres y hombres que ejercen la profesión del periodismo, ya que la actual legislatura está a semanas de concluir sin considerar la propuesta presentaba en el Congreso del Estado el 7 de junio de 2023. Bajo el lema Periodistas Unidos por una Ley, las agrupaciones denominadas: Asociación de Periodistas 7 de junio, Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Yucatán; Asociación Nacional de Locutores de México, delegación Yucatán, Cronistas Deportivos de Yucatán, Unión de Periodistas Independientes de Yucatán, “Eligio Ancona” y el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C., cuestionaron el actuar de los 25 diputados, y su desinterés por otorgar las garantías y derechos a este sector. Aseguraron que los diputados que están por concluir su periodo no conocieron el proyecto presentado a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo del Estado, pues al parecer el presidente de la Junta de Coordinación Política y Gobierno del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda no permitió que el documento se entregue a los integrantes de las diferentes bancadas. “El 7 de junio de 2023, las agrupaciones de periodistas y comunicadores acudimos al Congreso del Estado a entregar, previo aviso a los diputados, una propuesta, sin que ninguno nos reciba”, expresaron los integrantes de dichas agrupaciones. Ese día, por órdenes de Lozano Poveda, la directora de Comunicación Social, Dalila Magaña instaló una mesa en los pasillos de la sede legislativa, para la firma del documento. Durante un año de esperar una respuesta sobre el destino del documento presentado, y de dialogar por separado con legisladores de diferentes bancadas, nos informaron que no conocen el planteamiento, porque nunca lo recibieron, debido a que Oficialía de Partes, nunca lo turnó. Por ello, no se elaboró la iniciativa, mucho menos se analizó ni se discutió para su aprobación o modificación. La propuesta presentada se integró como resultado de un año de reuniones y siete mesas de trabajo, para escuchar y recabar las opiniones, inquietudes y solicitudes del gremio, donde se llegó a la conclusión de que Yucatán necesita una ley que otorgue derechos y dé protección a periodistas locales.
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