Yucatán
El Pleno avala reformas al Código Penal local para incorporar el uso de la IA en los delitos contra la intimidad. En Sesión del Primer Periodo Extraordinario correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional, el Congreso del Estado de Yucatán aprobó hoy el dictamen por el que se modifica la Constitución Política del Estado de Yucatán, en materia de conformación de cabildos, austeridad presupuestal legislativa y cero privilegios de las y los servidores públicos. Entre los principales cambios en el dictamen de reforma constitucional, que armoniza la legislación estatal con las recientes disposiciones federales en materia de organización municipal, destaca el establecimiento de un límite máximo de hasta 15 regidurías por ayuntamiento, además de una presidencia municipal y una sindicatura, con el objetivo de fortalecer la eficiencia administrativa de los cabildos, garantizar una integración más racional de los órganos de gobierno municipal y optimizar el uso de los recursos públicos. En materia de austeridad y responsabilidad en el ejercicio del gasto público la reforma también incorpora un nuevo esquema de disciplina presupuestaria para el Poder Legislativo, al establecer que el presupuesto anual del Congreso del Estado no podrá exceder el 0.70% del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado. Actualmente, el presupuesto del Legislativo estatal no supera el 0.35% del presupuesto estatal. Con esta medida se busca fortalecer una administración responsable de los recursos públicos, privilegiar el gasto eficiente y asegurar que los ahorros generados puedan traducirse en mayores inversiones para obras, infraestructura y servicios en beneficio de la ciudadanía, para poner fin a privilegios y buscar el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Asimismo, incorpora disposiciones que refuerzan el principio de austeridad republicana, al establecer que ninguna persona servidora pública de los poderes del Estado, organismos autónomos o ayuntamientos podrá percibir remuneraciones superiores a las del titular del Poder Ejecutivo Federal, y se prohíbe la contratación con recursos públicos de seguros, prestaciones o beneficios extraordinarios que representen privilegios injustificados, fortaleciendo así la transparencia, la rendición de cuentas y el uso responsable del dinero público. Durante la discusión, la diputada Larissa Acosta Escalante de Movimiento Ciudadano se pronunció a favor del dictamen, mientras que el diputado Gaspar Armando Quintal Parra del PRI, manifestó su postura en contra. De igual forma, las y los diputados aprobaron por unanimidad la reforma a la Constitución Política del Estado en materia de leyes fiscales municipales, con la finalidad de fortalecer la planeación financiera de los ayuntamientos mediante una programación más ordenada para la presentación y análisis de sus iniciativas fiscales. Al presentar la postura a favor, el diputado Germán Quintal Medina destacó que la reforma fortalece la planeación financiera de los municipios y mejora el trabajo legislativo al establecer plazos más ordenados para la presentación de las leyes fiscales municipales. A partir de este cambio, las iniciativas de nuevas leyes de hacienda o sus reformas deberán entregarse al Congreso a más tardar el 15 de octubre, mientras que las leyes de ingresos se presentarán hasta el 15 de noviembre y sólo deberán considerar los montos pronosticados, permitiendo contar con más tiempo para su análisis técnico, jurídico y presupuestario. Con ello se busca que los ayuntamientos elaboren propuestas más sólidas y que el Congreso realice una revisión más exhaustiva, transparente y eficiente de los instrumentos que determinan la recaudación y el ejercicio de los recursos públicos municipales. Por mayoría de votos en lo general y particular, las y los legisladores aprobaron las reformas a la Ley de Gobierno del Poder Legislativo del Estado, la Ley de Gobierno de los Municipios, la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el Decreto 169/2026, para armonizar la legislación secundaria con las recientes reformas constitucionales en materia de conformación de cabildos, austeridad presupuestal legislativa, cero privilegios para las y los servidores públicos y nulidad por intervención extranjera. En materia de integración de los ayuntamientos, el dictamen armoniza la legislación estatal con la reforma constitucional federal y la local previamente aprobada para establecer cabildos más eficientes y acordes a criterios de austeridad. A partir del proceso electoral 2026-2027, los municipios contarán con una Presidencia Municipal y una Sindicatura, ambas electas por mayoría relativa, además de regidurías distribuidas según su población: los municipios de hasta 5 mil habitantes tendrán 3 regidurías, de las cuales 1 será de mayoría relativa y 2 de representación proporcional; los de hasta 10 mil habitantes contarán con 6 regidurías, 3 de mayoría relativa y 3 de representación proporcional; los de más de 10 mil y hasta 250 mil habitantes tendrán 9 regidurías, 5 de mayoría relativa y 4 de representación proporcional; mientras que Mérida tendrá un máximo de 15 regidurías, integradas por 8 de mayoría relativa y 7 de representación proporcional. Con ello se reduce la integración de los cabildos en todos los rangos poblacionales teniendo como límite el parámetro constitucional federal de 15 regidurías, para fortalecer la eficiencia administrativa. Durante la sesión se designó por votación de cédula a la contadora pública María Isabel Barroso Pino como titular de la Unidad de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado de Yucatán, órgano técnico especializado del Poder Legislativo, y se aprobó la propuesta de nombrar al contador público Irving Mayén Flores como titular de la Contraloría Interna del Congreso. Ambas personas rindieron protesta ante el Pleno. Además, se aprobó por unanimidad el dictamen de la Comisión Permanente de Justicia y Seguridad Pública que reforma diversas disposiciones del Código Penal en materia de acecho y delitos cometidos mediante software o inteligencia artificial, con el propósito de fortalecer la protección de las víctimas frente a las nuevas modalidades de violencia digital y garantizar que la legislación responda a los desafíos tecnológicos actuales. La reforma establece penas de seis meses a tres años de prisión y multas de mil a dos mil UMA para quienes utilicen estas tecnologías con fines ilícitos, sanciones que podrán duplicarse cuando se empleen para coaccionar, hostigar o extorsionar a las víctimas. Asimismo, se agravan las penas en delitos como la violación
