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Sentencian a 21 años de prisión a padrastro violador

En un procedimiento de juicio abreviado, A.M.G.M. fue declarado penalmente responsable de los delitos de violación y abuso sexual, ambos equiparados y agravados, por los que fue sentenciado a 21 años de prisión y  400 días de multa por los hechos ocurridos en la colonia San Antonio Kaua II, de esta ciudad de Mérida, en agravio de una menor de edad e hija de su pareja sentimental. Tras contar con la anuencia de las partes involucradas, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba reunidos en la causa penal 399/2023, los cuales fueron suficientes para confirmar la responsabilidad del acusado y sentenciarlo, además de las penas señaladas, a recibir amonestación pública, la suspensión de sus derechos políticos, al pago de la reparación del daño y se le prohíbe acercarse a la víctima y su domicilio por tres años más después de compurgar su pena en prisión. Los hechos, expuestos ante el Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial con sede en Mérida, ocurrieron entre los meses de enero y diciembre del 2018 en el citado predio, donde el acusado aprovechaba que la madre de la víctima salía a trabajar para agredir sexualmente a la menor, por medio de la violencia física y moral, amenazando con hacerle daño a su mamá y abuela. Por último, antes de finalizar la diligencia, ambas partes estuvieron de acuerdo en que se dispensara la audiencia para la individualización y explicación de sentencia, por lo que quedan en firme las penas mencionadas.

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Otro sujeto que termina vinculado y en prisión por violentar a su mamá en el sur de Mérida

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.R.K.A. por los delitos de violencia familiar y violación a las órdenes y medidas de protección, denunciados tras los hechos ocurridos en agravio de su mamá el fin de semana pasado, en un predio de la colonia San José Tecoh Sur de esta ciudad. De acuerdo con la indagatoria realizada por esta representación social, los hechos ocurrieron el pasado 31 de agosto cuando el imputado se apersonó en el domicilio de su madre a pesar de saber que existe una orden de protección en favor de su progenitora, a quien agredió física y psicológicamente, motivo por el que fue detenido y turnado a la Fiscalía para la integración de la carpeta correspondiente, la cual derivó en la causa penal 338/2024. Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la Juez Primera de Control declaró la legalidad en la detención y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y argumentaron la vinculación a proceso, pero el acusado se acogió a la duplicidad del término, por lo que su situación legal se resolverá en fecha próxima. Antes de concluir la audiencia inicial, esta representación social expuso los argumentos para sustentar la solicitud de prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue concedida por la autoridad judicial por todo el tiempo que dure el proceso.

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A prisión por violar a una menor de 13 años

Tras los hechos registrados en el fraccionamiento Paseo Verde La Joya, M.A.P.G. fue vinculado por el delito de violación equiparada agravada (2), cometido contra una menor de 13 años, luego de la presentación de las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con la causa penal 332/2024, el delito que motivó esta causa ocurrió el pasado 26 de agosto del presente año, cuando el acusado realizó actos lascivos contra la joven, a quien forzó a sostener relaciones sexuales dentro de un vehículo que se encontraba estacionado en calles del mencionado fraccionamiento. En la audiencia realizada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito con sede en Mérida, los fiscales de litigación formularon la vinculación a proceso, misma que fue concedida por el Juez, quien de igual forma determinó un periodo de cuatro meses para la realización de la investigación complementaria. Antes de finalizar la audiencia, se determinó que el imputado deberá permanecer en prisión preventiva justificada como medida cautelar, misma que estará vigente durante todo el tiempo que dure el proceso.

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Imputada y tras las rejas por mentir ante un juez para perjudicar a su ex esposo

Después de ejecutarse una orden de aprehensión a cargo de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) y agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la ciudadana Miriam de los Angeles C.S. fue presentada ante un Juez de Control donde esta representación social le formuló la imputación por el delito de falsedad de declaraciones judiciales e informes a una autoridad y se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. De acuerdo con la indagatoria realizada por los especialistas de la FGE, la acusada buscaba obtener una ventaja ilícita en perjuicio de su ex esposo, a quien le causó un daño patrimonial a pesar de saber que el vínculo matrimonial se encontraba legalmente disuelto desde el año 2004, pero en enero de 2021 comenzó a realizar diligencias ante un juez de lo familiar para obtener una pensión de parte de su ex cónyuge, motivo por el que se presentó la formal querella que derivó en la causa penal 360/2022. Durante la audiencia celebrada ante el Juez Primero de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y argumentaron la vinculación a proceso, pero la acusada solicitó que su situación se resolviera dentro del plazo de las 144 horas, por lo que la autoridad judicial citó a las partes para reanudar la diligencia el próximo cinco de septiembre. Por último, antes de concluir la audiencia, los fiscales de litigación expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva como medida cautelar, la cual fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.

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Le formulan cargos por robar con violencia un expendio de cervezas

La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación al ciudadano A.A.P.N. por el delito de robo cometido con violencia, denunciado tras los hechos ocurridos en días pasados en Tepich Carrillo localidad de Acanceh, donde haciendo uso de la violencia moral se apoderó del dinero de las ventas del día de un expendio de cervezas ubicado en el Centro de la comunidad rural. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Kanasín, los fiscales de litigación establecieron que los hechos ocurrieron el pasado 30 de agosto, cuando el imputado se apersonó al citado expendio que se encuentra a dos cuadras del parque principal de la localidad y bajo amenazas se apoderó de 1500 pesos, para después darse a la fuga. Durante el desarrollo de la audiencia inicial, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y a continuación expusieron los datos y elementos de prueba reunidos en la carpeta de investigación para solicitar la vinculación a proceso del acusado, quien pidió que su situación se resolviera dentro del plazo constitucional, por lo que la Juez de Control del Segundo Distrito convocó a las partes para reanudar la audiencia el próximo seis de septiembre. Antes de dar por concluida la diligencia del día, los fiscales de litigación expusieron argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que tras valorarlo, la Juez de Control estableció que el encausado deberá acudir a firmar periódicamente, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial, debe someterse al cuidado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares y no podrá acercarse a la víctima y al lugar de los hechos por todo el tiempo que dure el proceso.

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UADY firma comodato con el Poder Judicial del Estado de Yucatán

 A través de la firma de un comodato, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) otorga un nuevo espacio al Poder Judicial del Estado de Yucatán, como parte de su compromiso de apoyar las acciones de beneficio para la sociedad yucateca. Durante la signa realizada en el Salón de Rectores del Centro Cultural Universitario, se recordó que en julio de 2018 la UADY y el Consejo de la Judicatura firmaron un primer comodato para otorgar un área que permitió la instalación del Juzgado Séptimo de Oralidad Familiar. El espacio otorgado hace seis años, explicaron, resulta ya insuficiente derivado de las labores que ahí se realizan, por lo que el Poder Judicial del Estado solicitó el apoyo para ampliarlo y se puedan brindar servicios de manera digna. Este nuevo comodato para el área ubicada dentro del Hospital Universitario para Perros y Gatos en la colonia Miraflores de Mérida se suma al firmado en 2018 y ambos tendrán vigencia hasta el 15 de marzo de 2043. Al respecto, el rector de la UADY, Carlos Alberto Estrada Pinto, aseguró que es un gusto colaborar con el Poder Judicial del Estado para cubrir la necesidad que se requiere para los trabajos del mencionado juzgado que con el paso de los años ha ido creciendo. “Después de realizar el análisis y platicar con el doctor Hugo Delfín González, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, se determinó este nuevo espacio que servirá para el archivo y todo el manejo que requieren; esta es una muestra de la voluntad que tiene la Universidad de trabajar con ustedes, en esta y otras áreas de oportunidad con las que contamos”, resaltó. Estrada Pinto enfatizó que, además de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Facultad de Derecho, existen otras escuelas y Unidades de Investigación que pueden brindar apoyo al Poder Judicial para abonar a la atención de los ciudadanos. En su turno, la Magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, María Carolina Silvestre Canto Valdés agradeció la solidaridad de la UADY y sus autoridades para colaborar con los servicios que ellos brindan. “Al cabo de los años, este juzgado tiene más de 700 asuntos iniciados, eso implica que el archivo vaya creciendo, así que este espacio que hoy tienen a bien ceder en comodato permitirá mejorar las condiciones de operación y dar un mejor servicio a los usuarios”, celebró.  En el acto también estuvieron presentes, por parte de la UADY, el director de Asuntos Jurídicos, Jorge Carlos Herrera Lizcano; el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Hugo Delfín González. Por parte del Poder Judicial, el consejero presidente de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura, Álvaro Juanes Laviada; el Magistrado Decimoquinto del Tribunal Superior de Justicia, José Pablo Abreu Sacramento; y la presidenta de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura, Claudia Pedrera Irabien.

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Se hizo pasar por ingeniero y defraudó a su víctima más de millón y medio de pesos

Luego de obtener recursos por poco más de un millón y medio de pesos con base en engaños en perjuicio de su víctima, E.J.M.S. quedó vinculado a proceso por los delitos de fraude y usurpación de profesión, tras los documentos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE). De acuerdo con la causa penal 32/2024 los sucesos iniciaron el día 11 de junio del año 2021, cuando el acusado y la demandante firmaron un contrato para la construcción de un predio en la colonia Castilla Cámara, ya que el primero se presentó como un ingeniero civil; sin embargo, resultó no contar con el título de dicha profesión. De igual forma, la víctima le entregó al imputado diversas cantidades de dinero en varias ocasiones para dicha obra, hasta llegar a la suma de $1,519,470.00, pero el indiciado dejó la construcción sin terminar. En audiencia celebrada en el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito se imputó el delito y ahí mismo, los fiscales de litigación argumentaron la vinculación a proceso, misma que fue otorgada por la autoridad judicial, determinándose un plazo de tres meses para la investigación complementaria. Finalmente, la juez estipuló que el procesado deberá cumplir las siguientes medidas cautelares: quedar bajo vigilancia del CEMC y acudir a firmar de manera periódica ante dicha autoridad, así como la prohibición de salir del Estado.