El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, “El Licenciado”, presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan. La investigación reveló que coordinó el ataque mediante un grupo de mensajería y que respondía a “El R1”, del CJNG. Dos de sus cómplices fueron hallados muertos el 10 de noviembre.
CIUDAD DE MÉXICO.- Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó el dictamen que crea la Ley General para Combatir la Extorsión, un delito que, coincidieron las bancadas parlamentarias, cada vez “pone de rodillas” a más ciudadanos. La Oposición fustigó el abandono y desamparo que supuso la política de “abrazos, no balazos” que impulsó el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque terminó por reconocer el giro que ha alentado la sucesora del tabasqueño, Claudia Sheinbaum. El dictamen aprobado introdujo 15 cambios a la minuta que habían enviado los diputados; entre otros, aumentar la penalidad mínima a 15 años y la máxima a 25, aunque las sanciones podrían llegar a 42 años en caso de que tuviera agravantes. Además de que la extorsión será perseguida de oficio, se homologan criterios y procedimientos penales. En medio de un clima marcado por el miedo que provoca la extorsión en amplios sectores de la población, la bancada de Morena aseguró que se puede demostrar que el delito no será tolerado. “Hoy, las instituciones del Estado Mexicano y dentro de ellas este Senado de la República, tienen la oportunidad de demostrar, sin ambages, que México no tolerará la extorsión en ninguna de sus formas”, prometió el morenista Enrique Inzunza. El legislador sinaloense adelantó que, en el combate a la extorsión, se echará mano de la política social y de la política penal que sea posible y necesaria. “En los Gobiernos de la Cuarta Transformación seguiremos actuando para atender las causas, pero seremos inexorables y severos en combatir los delitos, todos los delitos y en todos los lugares. Esa es la política de la jefa del Estado Mexicano, de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Tanta política social como sea posible y tanta política penal como sea necesaria”, ilustró. La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, celebró el “golpe de timón” que el Gobierno ha dado al combate al crimen organizado. “Un golpe de timón al combate al crimen organizado, que deja atrás esa política de ‘abrazos, no balazos’ que tanto daño le hizo a nuestro País todo el sexenio anterior”, deploró. En el mismo tono se manifestó la priista Carolina Viggiano, quien lamentó que la extorsión hubiese crecido durante el Gobierno de López Obrador. Por voz de la senadora Guadalupe Murguía, la bancada del PAN insistió en que, sin los recursos necesarios, el nuevo ordenamiento naufragará sin remedio. “El artículo noveno transitorio de la minuta, aun con las modificaciones propuestas por las comisiones dictaminadoras, establece que no se incrementará el presupuesto regularizable y que no se autorizarán recursos adicionales, dice, para el presente ejercicio fiscal, lo cual es tal y cual para el 2025”, observó.
Javier Duarte se queda en la cárcel. La jueza que lleva su caso aplazó para el viernes la resolución sobre la petición del ex gobernador de #Veracruz para su libertad anticipada. La Fiscalía General de la República busca impedir su salida anticipada del Reclusorio Norte argumentando un mal comportamiento.
Con el objetivo de fortalecer el combate al abigeato, estableciendo en la ley mayores herramientas punitivas para enfrentar redes delictivas que impactan a la producción local con este ilícito, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado aprobó el dictamen en materia para reformar, derogar y adicionar disposiciones del Código Penal de Yucatán. La propuesta, realizada por el diputado Wilber Dzul Canul y suscrita por la fracción de morena, y las representaciones legislativas del PT y PVEM, fue aprobada por unanimidad de votos y propone, entre otros temas, ampliar el catálogo de artículos de material necesario para la actividad agropecuaria considerados en el robo calificado; así como establecer el agravante en cuanto al robo de estos instrumentos; aumentar el castigo por la alteración de marcas de sangre o de fuego para distinguir el ganado, sin la debida autorización de la persona propietaria, así como aumentar las penas por el robo de ganado tanto mayor, como menor. El dictamen aprobado incluye también aumentar la pena de prisión en caso de aves de corral e incluir el robo de colmenas de abejas con panales, miel o material apícola, aspecto innovador; también se agrega el delito de caza de ganado con sanciones de 1 a 3 años de prisión, cuando el animal resulte con lesiones, daño o alteraciones en la salud. Con estas acciones se busca fortalecer la protección jurídica de la actividad ganadera; armonizar la legislación estatal con criterios federales y de otras entidades federativas; y dar mayor protección a pequeños productores. Con el objetivo de fortalecer la protección de la intimidad, la seguridad y los derechos de las mujeres en el estado, se presentó también un dictamen que reúne cuatro iniciativas orientadas a modificar el Código Penal de Yucatán, con propuestas de la fracción legislativa de morena y las representaciones legislativas del PT, PVEM, PRI y una diputada sin partido, para legislar en materia de acecho, ciberacoso y violación conyugal. La diputada Rosana de Jesús Couoh Chan y el diputado Gaspar Armando Quintal Parra propusieron adicionar la figura delictiva de acecho en el Código Penal del Estado; la diputada de morena Clara Paola Rosales Montiel presentó una iniciativa para modificar la norma penal en materia de ciberacoso y ciberacoso sexual; mientras que la diputada Claudia Estefanía Baeza Martínez propuso reformar los artículos 314 y 351 para garantizar que la violación entre cónyuges o concubinos sea perseguida de oficio, con perspectiva de género. Entre los principales objetivos del dictamen aprobado destaca que se reformule el tipo penal de ciberacoso, cumpliendo con los criterios de la Suprema Corte para garantizar seguridad jurídica; crear el tipo penal de ciberacoso sexual infantil; garantizar la protección de la libertad sexual en el ámbito íntimo y de pareja; y sancionar con mayor rigor delitos contra la libertad sexual y el libre desarrollo de la personalidad, informáticos y cibernéticos, violencia de género y fortalecer la protección a las víctimas, alineando la norma estatal con tratados y acuerdos internacionales como la CEDAW y la convención Belém do Pará. Durante el análisis de este dictamen, la diputada Zhazil Méndez Hernández, del PAN, presentó propuestas de ajuste para precisar la redacción del apartado relativo al delito de acecho, que fue aceptada. El dictamen fue aprobado por unanimidad. Otro proyecto de decreto aprobado fue el que modifica la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley de Fiscalización de la Cuenta Pública, impulsado por el diputado Daniel Enrique González Quintal y respaldado por morena, PT y PVEM, y que tiene como objetivo delimitar la competencia del Tribunal conforme a la nueva normatividad en materia de transparencia y protección de datos; homologar los procedimientos para la remisión supletoria al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares; y fortalecer facultades para crear comisiones internas y reglas claras de renovación y suplencia que incrementan la eficiencia organizativa. Durante el análisis, el diputado Marco Antonio Pasos Tec presentó observaciones relacionadas con la redacción técnica del documento, que fueron incorporadas. El dictamen fue igualmente aprobado de manera unánime. Al concluir, la presidenta de la comisión, diputada Baeza Martínez, instruyó a la Secretaría General distribuir electrónicamente los dictámenes aprobados por correo electrónico institucional, a fin de garantizar su conocimiento a todas las diputadas y diputados, y solicitó la distribución de siete nuevas iniciativas relacionadas con reformas al Código Penal.
La Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los datos y elementos de prueba suficientes para que J.F.E.U. fuera vinculado a proceso por el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, denunciado por negarse a proporcionar la pensión alimenticia en agravio de su hijo menor de edad. Durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación establecieron que los hechos refieren que en el año 2010, el encausado comenzó a vivir en unión libre con la ahora agraviada en Hunucmá, con la que procreó un hijo y tras separarse en 2015, el Juez fijó la cantidad de 300 pesos semanales por concepto de pensión alimenticia en favor del menor. Sin embargo se detectó que no había estado proporcionando la pensión a su hijo desde mucho antes, por lo que el Juez impuso un pago de 10 mil 500 pesos por concepto de adeudo por dos años de atraso, pues únicamente había realizado cuatro depósitos, aunque de igual forma incumplió con su responsabilidad, por lo que fue denunciado y se procedió a su detención. En el desarrollo de la audiencia, ante la Juez Primero de Control del Cuarto Distrito, esta representación social expuso los elementos de prueba reunidos en la carpeta de investigación de la causa penal 82/2024, los cuales fueron suficientes para decretar el citado auto de vinculación a proceso y se otorgara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Por último, se aplicaron medidas cautelares diversas, que incluyen vigilancia y firma periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares (CEMEC), prohibición de salir del Estado y quedar bajo vigilancia por todo el tiempo que dure el proceso.
La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, sostuvo un diálogo abierto y transparente con las familias del fraccionamiento Las Américas reafirmando el compromiso de su administración de impulsar un gobierno cercano que escucha y atiende las necesidades de la población. En atención directa a las inquietudes de las y los vecinos de esa zona, la alcaldesa anunció la conservación de un área verde ubicada en la calle 130 y 132 por 57 y 57B, luego de alcanzar un acuerdo con el Colegio de Médicos Generales de Yucatán para revertir la donación del predio originalmente destinado a este fin. “Con este acuerdo, se garantiza que el espacio permanezca como área verde pública por lo que tendrá ese uso y destino en beneficio de las y los habitantes de esta zona”, expuso. Cecilia Patrón subrayó que este logro es resultado de un ejercicio de diálogo y participación ciudadana que caracteriza el estilo de gobierno municipal. Como parte de los acuerdos, el Ayuntamiento realizará el cambio de luminarias de vapor de sodio a luminarias LED, colocará cuatro sillas confidentes “Tú y yo” en lugares estratégicos del área verde, y colocará una bomba de riego donada por los mismos vecinos quienes se encargarán de darle el mantenimiento a este espacio recreativo que ha sido cuidado con esmero por las familias que habitan a su alrededor. La Comuna también asumirá la construcción del pozo y de la caseta correspondiente. Durante la reunión, vecinos e integrantes del comité vecinal de fraccionamiento las Américas expresaron su reconocimiento a la presidenta municipal por su cercanía, liderazgo y disposición para construir espacios de diálogo, resaltando la importancia de la participación ciudadana como eje rector para una mejor Mérida. La alcaldesa enfatizó que este tipo de acuerdos fortalecen la justicia social y el sentido de comunidad. “Así construimos una mejor Mérida: con cercanía, con trabajo en cada rincón de la ciudad y con acciones que mejoran la vida de la gente y fortalecen la cohesión social”, declaró. Recalcó que el derecho a la ciudad significa que cada meridana y meridano pueda habitarla, moverse, crecer y prosperar en igualdad de condiciones, sin importar dónde viva o de dónde venga. Asimismo destacó que esta resolución es una muestra clara de su compromiso con la participación activa de la ciudadanía, fortaleciendo la confianza entre la comunidad y el gobierno municipal. Finalmente, reiteró la vocación de su administración de continuar cercana a los habitantes y escuchando sus inquietudes con el compromiso de siempre, brindar soluciones que permitan a Mérida avanzar y consolidarse como una ciudad inclusiva, equitativa y participativa, donde los espacios públicos son protegidos y fortalecidos para el bienestar de todas y todos. COMUNICADO
Por presuntamente agredir a un transeúnte con un arma punzocortante, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de A.R.A.S. por el delito de lesiones que tardan en sanar más de 15 días calificadas con ventajas, por los hechos registrados en la localidad de Flamboyanes, en Progreso. El acusado se quedará privado de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra, luego de determinarse la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por los fiscales de litigación. De los hechos contenidos en la causa penal 105/2025 se establece que el detenido caminaba por calles de la señalada comisaría portando un machete, el cual utilizó para agredir a una persona que caminaba en la zona causándoles lesiones en su cabeza. En la audiencia los especialistas de la FGE argumentaron y obtuvieron la vinculación a proceso y la autoridad judicial determinó un plazo de cuatro meses para la realización de la investigación complementaria.
Acusado de agredir a su progenitora, además de dar muerte a dos animales que se encontraban en la propiedad de la víctima, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación en contra de J.L.M.P. por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y crueldad animal (2). Ante los hechos, el indiciado permanecerá privado de su libertad durante todo el tiempo que dure el proceso en su contra, luego de que los fiscales de litigación solicitaran dicha medida cautelar, aprobada por la autoridad judicial. De acuerdo con la información que consta en la causa penal 142/2025 el detenido acudió a un predio ubicado en Kanasín, donde les dio muerte a los animales propiedad de su mamá, para posteriormente agredir a la mujer. En la audiencia los especialistas de la FGE solicitaron la vinculación a proceso por los delitos argumentados, pero esta diligencia fue programada para realizarse el día 18 del presente mes, luego de que el acusado solicitó la duplicidad del tiempo de Ley para resolver su situación jurídica.
Después de ser declarado penalmente responsable del delito contra la imagen personal, D.Z.R. fue sentenciado a 13 años y seis meses de prisión y al pago de casi 400 mil pesos por la reparación del daño, causado a su ex pareja sentimental. Durante el desarrollo del juicio oral, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó las pruebas periciales necesarias para obtener el fallo condenatorio y sentenciar al acusado, quien de acuerdo al Tribunal Unitario 4 de Enjuiciamiento, además deberá otorgar una disculpa pública, recibirá una amonestación, le fueron suspendidos sus derechos políticos, no podrá acercarse a la víctima de manera permanente y deberá participar en programas educativos sobre los derechos de las mujeres. Por concepto de la reparación del daño cometido en el año 2020, D.Z.R. deberá cubrir la cantidad de 37 mil 966.56 pesos; por los delitos contra la imagen personal (2) registrados en el año 2021 el monto es por 78 mil, 327.88 pesos; por la reparación del daño moral y emergente la cantidad es de 60 mil pesos; por el daño material, 70 mil 759 pesos y por los perjuicios 83 mil 450.85 pesos. Cabe recordar que, durante la etapa inicial el caso fue desahogado ante el Juzgado Segundo de Control bajo la causa penal 396/2023, donde se estableció que los hechos ocurrieron entre finales del año 2020 y principios del 2021, cuando el sentenciado divulgó, distribuyó y publicó imágenes y videos íntimos que se grabaron mientras ambos sostuvieron una relación sentimental.
En un procedimiento de juicio abreviado y luego de la anuencia de las partes involucradas, B.U.N.R. y J.D.M.R. fueron encontrados penalmente responsables del delito de homicidio calificado cometido en pandilla y sentenciados a 17 años de prisión, por los hechos ocurridos en una central de autobuses donde perdió la vida una persona. En la audiencia celebrada en el Juzgado del Tercer Distrito Judicial, con sede en Tekax, la Fiscalía General del Estado (FGE) aportó los elementos de prueba reunidos en la causa penal 128/2023, los cuales fueron suficientes para comprobar la participación de los acusados en los hechos denunciados. Además de la pena privativa de la libertad, los sentenciados deberán cubrir el pago por la reparación del daño, recibirán una amonestación pública, le fueron suspendidos sus derechos políticos y, una vez compurgada la sentencia, tendrán prohibido acercarse a la víctima indirecta. Los hechos ocurrieron el 17 de diciembre del año 2023, cuando los sentenciados llegaron a la central de autobuses ubicada en la colonia Centro, en Tekax, con la intención de agredir a la víctima a quien desde momentos antes perseguían. En un momento dado la situación se calmó, pero tras varios minutos los agresores retornaron para dirigirse directamente a la víctima a quien patearon y golpearon con un tubo que J.D.M.R. traía consigo, por lo que las lesiones ocasionadas le provocaron la muerte por un traumatismo torácico cerrado, según determinó la FGE. Antes de finalizar la diligencia judicial se dispensó la lectura y explicación de la sentencia, por lo que las penas mencionadas quedaron en firme.
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