Brandon “N” ese declaro culpable de feminicidio y homicidio calificado tras matar a su madre, su padrastro, sus dos hijas y a su esposa.
Al inicio de la audiencia, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos, informó a Rosario Robles, a sus abogados y a la FGR que no se les iba a permitir debatir, sino que resolvería la nueva medida con los elementos que ya se habían aportado anteriormente.
A fin de mantener informada a la familia de la joven María José R.C sobre los detalles y avances de la investigación que se realiza tras los hechos ocurridos el lunes pasado en un predio de Montes de Amé, la Fiscalía General del Estado se reunió este día con su asesor jurídico, quien conoció los detalles contenidos en la citada indagatoria. La FGE prosigue las diligencias correspondientes, por lo que se reunió con el citado asesor, para hacer del conocimiento de los familiares de la víctima, los elementos contenidos en la carpeta de investigación que se integra bajo la causa apenas 141/2021, mismos que permitirán en breve el esclarecimiento de lo sucedido. Cómo se informó oportunamente y en atención al caso la FGE, en coordinación con la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP, han realizado diversas entrevistas, además de recabar indicios en el lugar de los hechos, a lo que se suman imágenes de video obtenidas en el lugar. El conocimiento de la carpeta, forma parte de la transparencia de esta dependencia, con base en una investigación seria y profesional que permita conocer a fondo lo sucedido tras el lamentable hecho. PADRES ACUDEN A DERECHOS HUMANOS Por otro lado, se dio a conocer que esta tarde los padres y familiares de la joven, acudieron a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán para iniciar una queja porque consideran que las investigaciones que realizan las autoridades del caso están llenas de irregularidades y violan las garantías individuales de María.
Tras ser valorados los datos testimoniales, periciales y documentales aportados por la Fiscalía General del Estado (FGE), G.V.U. y C.A.V.U. fueron encontrados penalmente responsables del delito de robo calificado cometido con violencia y en pandilla, denunciado después de los hechos ocurridos en altamar entre los puertos de Santa Clara, Dzidzantún y San Crisanto, comisaría de Sinanché. Durante el desarrollo del Juicio Oral, las partes involucradas aportaron los elementos y datos de prueba que permitieron al Tribunal Primero de Enjuiciamiento otorgar un fallo condenatorio por unanimidad de votos al confirmar la participación de los dos acusados en los hechos denunciados. Conforme a la indagatoria realizada, la cual se desahogó durante su etapa inicial en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial, los fiscales de litigación establecieron que el 30 de enero de 2019, los sentenciados emparejaron su lancha a la embarcación de las víctimas que se encontraba anclada en el lugar, donde hicieron uso de la violencia física, moral y psicológica para apoderarse del motor fuera de borda y otros bienes propiedad de los denunciantes, para después darse a la fuga, motivo por el cual se presentó la denuncia correspondiente, la cual derivó en la causa penal 63/2019. Por último, antes de finalizar la diligencia judicial celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, las partes fueron convocadas para el próximo 27 de octubre, fecha en que se realizará la individualización y lectura de sentencia.
El caso de la joven que murió al caer desde un balcón de los departamentos Elite parece dar un giro, pues el novio de la ahora occisa, “desapareció” después de los hechos y hasta ahora no ha podido ser localizado En publicaciones hechas en las redes sociales por familiares y amigos, piden investigar a Daniel B. quien era novio de María R. C. quien, según las primeras versiones, se habría suicidado tras haber discutido con él. Ahora se sabe, que el domingo, habían acudido al bar Shotimilco siendo acompañados por Erika R. C. quien le habría ofrecido a la fallecida ir a su departamento para que se calme luego del pleito. Fue en ese lugar, en horas de la madrugada, que María José se habría arrojado al vacío, desde el segundo piso, tras tener una crisis nerviosa. Incluso, se dijo que usó una carriola para impulsarse. Sin embargo, a los familiares les parece extraño que Daniel se encuentre desaparecido y su familia se niegue a brindar información de él, además de que el cuerpo de María solo contaba con su ropa interior antes de ser levantado por personal del Semefo. La noche del lunes los amigos de la joven organizaron el velorio en un local cerca del ex rastro y el novio, pues tampoco se apareció. El sujeto es mesero del restaurante La Recova, según reveló, una prima de la fallecida, en su cuenta de Facebook. YA REVISAN VIDEOS La Fiscalía General del Estado avanza en la indagatoria relacionada con los hechos registrados la mañana del lunes en el fraccionamiento Montes de Amé, donde se reportó el deceso de María Jose R. C. De 18 años de edad, quien de acuerdo a la necropsia de Ley del Servicio Médico Forense falleció de politraumatismo. Tras el reporte de los hechos, personal de esta dependencia y de la Policía Estatal de Investigación (PEI) de la SSP procedieron de manera coordinada a realizar diversas diligencias, a fin de recabar pruebas para el esclarecimiento de lo sucedido por lo que al momento no se descarta ninguna línea de investigación. Al momento, ya se cuenta con varios indicios, además del testimonio de varias personas y el análisis de imágenes de video obtenidas en el lugar de los hechos, con lo que se continúa la integración de la carpeta bajo la indagatoria número 141/2021. Con información de ACOM
Tras ser dada de alta por un problema médico, este día se reanudó la audiencia donde la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó a S.V.B.C., el delito de homicidio calificado cometido en pandilla, denunciado después de los hechos ocurridos la semana pasada en el Fraccionamiento Gran Valle de Cholul, donde la acusada, junto con otros dos involucrados que ya fueron imputados, provocaron la muerte del velador J.A.K.N. Conforme a la indagatoria realizada por los especialistas de la Fiscalía, se estableció que los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre cuando el velador fue atacado con un arma blanca y a consecuencia de las heridas recibidas falleció a causa de una anemia aguda postraumática secundaria a herida de arma blanca, tal como dictaminó un perito del Servicio Forense de la FGE, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo y la necropsia de ley. La imputada, junto con los otros involucrados, fueron detenidos momentos después del ataque tras ser señalados por el hijo de la víctima quien presenció lo ocurrido, por lo que se implementó un operativo de búsqueda por las fuerzas de seguridad yucatecas, quienes detuvieron y turnaron a dos de los involucrados ante el Juez de Control donde se les formuló la imputación correspondiente, mientras que la mujer fue trasladada a un nosocomio por un problema de salud que una vez superado permitió continuar con el proceso judicial en el que se le involucra . En la audiencia celebrada este día en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación y expusieron los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación de la causa penal 269/2021 para solicitar la vinculación a proceso de la acusada, quien pidió la ampliación del término legal para resolver su condición jurídica, por lo que el Juez Primero de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo 21 de octubre. Antes de dar por concluida la audiencia, los fiscales expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva oficiosa, la cual fue concedida por el Juez de Control por todo el tiempo que dure el proceso.
Después de valorar los datos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), L.A.E.C. fue vinculado a proceso por el delito de incumplimiento en las obligaciones de asistencia familiar por incumplir con los pagos de manutención de sus cuatro hijos menores de edad. Una vez presentada la denuncia, los especialistas de la Fiscalía iniciaron con la indagatoria que señala que el imputado y la denunciante contrajeron matrimonio y procrearon a cuatro hijos actualmente menores de edad, pero tras la separación el encausado promovió un procedimiento especial de divorcio sin causales en el Juzgado Sexto de Oralidad Familiar, por lo que en 2017 el juez lo condena al pago mensual de 2,800 pesos de pensión alimenticia, cantidad que ha omitido cumplir sin ninguna justificación, por lo que se interpuso la denuncia correspondiente, misma que derivó en la causa penal 246/2021. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación aportaron los datos de prueba y solicitaron se resolviera la situación legal de L.A.E.C., por lo que el Juez Primero de Control, tras valorarlos, decretó el auto de vinculación a proceso y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Por último, se ratificaron las medidas cautelares impuestas durante la audiencia inicial, mismas que incluyen la presentación periódica ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, la prohibición de salir del Estado, someterse al cuidado y vigilancia del citado Centro, así como la prohibición de acercarse al domicilio de la denunciante y a la misma denunciante, medidas que estarán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
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