Despiden familiares entre globos blancos a Jeyco Jacobo, un niño de 3 años de edad asesinado a golpes por la pareja de su madre en Aguascalientes, familia del padre biológico exige justicia.
El robo de un teléfono celular en la colonia San Antonio Xluch y Nocoh fue el motivo de detención de M.D.C., quien en las últimas horas fue vinculado a proceso por el delito de robo con violencia, por lo que portará un brazalete electrónico como medida cautelar por todo el tiempo que dure la investigación. El encausado fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública el pasado 21 de agosto, en calles de la citada colonia, donde momentos antes despojó del aparato telefónico al ciudadano M.A.C.L., a quien se acercó para pedirle la hora y luego agredió físicamente para cometer el ilícito y huir del lugar. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación aportaron datos de prueba que obran en la carpeta de investigación de la causa penal 271/2022, mismos que fueron analizados por el Juez Primero de Control del Primer Distrito, quien decretó la imputación y posteriormente la vinculación a proceso, la cual se efectuó en ese mismo momento. La autoridad judicial resolvió que había elementos suficientes para señalar la probable responsabilidad de M.D.C. en el delito por lo que dictó la vinculación y otorgó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria. En tanto, el indiciado deberá permanecer con brazalete electrónico, se presentará periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial y no podrá acercarse a la víctima y testigos.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) condena los hechos registrados en Valladolid, donde una persona que habría sido detenida por policías municipales le fue amputada una mano. La CODHEY inició de oficio la queja tras conocer el caso a través de notas periodísticas, posteriormente personal de la Delegación de Valladolid acudió al Hospital General de Valladolid donde tomó la comparecencia al afectado y se ratificó la queja. De manera inmediata se solicitaron informes a las autoridades involucradas a fin de esclarecer este gravísimo acto que atenta contra la integridad física y psicológica de la víctima. La CODHEY está en proceso de investigación de los lamentables hechos. Se ha solicitado informes a las autoridades involucradas, así como citado a comparecer a funcionarios que estuvieron en contacto con el afectado, entre otras diligencias. Se exhorta a la autoridad ministerial darle celeridad a la denuncia interpuesta por el afectado, a fin de esclarecer los hechos y poder sancionar a las personas responsables de tan lamentable acto. La Comisión hace un llamado a alcaldes y alcaldesas, regidoras y regidores, así como a las personas titulares de las corporaciones policiacas municipales a estar muy pendientes de la actuación de las y los elementos. Se reitera la necesidad de contar con personal con el perfil y formación policial profesional, a fin de erradicar prácticas que violentan los derechos humanos de las y los habitantes.
Un juez federal decidió vincular a proceso a Jesús Murillo Karam, por lo que será sometido a proceso penal por tres delitos cometidos durante la investigación del caso Ayotzinapa. Los delitos son: contra la administración de justicia, tortura y desaparición forzada. La Fiscalía General de la República lo acusa de fraguar la llamada “verdad histórica” en un cónclave de altos mandos de la Policía Federal y de la propia PGR, entre los que destaca el actual secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, según afirmó la fiscal encargada del caso Lidia Bustamante. Bernardo Cano Muñozcano, exsecretario particular de Tomás Zerón de Lucio, y quien habría grabado los videos en los que se torturó a los detenidos del caso Ayotzinapa, se acogió a un criterio de oportunidad y reveló los detalles del encuentro que sostuvo Murillo Karam con “altos mandos” de la Policía Federal y de la propia Fiscalía. El encuentro habría ocurrido en Iguala, Guerrero, el 7 de octubre de 2014, bajo la dirección del titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, y con la participación del excoordinador antisecuestro de la PGR, Gualberto Ramírez Gutiérrez, actualmente prófugo; del exdelegado de la Policía Federal en Guerrero, Omar García Harfuch; del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; del exdirector de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta; y del exdelegado de la PGR en el estado de Guerrero, José Luis Martínez Pérez.
Por si fuera poco, el imputado Jesús Murillo Karam se sintió mal, pues, dijo, “no he desayunado, por lo que la primera audiencia fue un verdadero desorden, que el juez terminó por suspender.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a L.F.E.A. y A.J.F.C., por el delito de robo calificado contra institución pública, denunciado tras los hechos ocurridos en días pasados en el hospital psiquiátrico ubicado en la colonia Renacimiento de esta ciudad de Mérida. Después de lo ocurrido, se presentó la formal querella y los especialistas de la Fiscalía iniciaron con la indagatoria, de la cual se desprende que los hechos ocurrieron el pasado 17 de agosto, cuando los imputados ingresaron al sitio ubicado en la calle 64 por 69 y 71 de la citada colonia y se apoderaron de un compresor de aire acondicionado y una tubería de cobre, pero al tratar de huir fueron detenidos y se inició la integración de la carpeta de investigación correspondiente, la cual derivó en la causa penal 270/2022. En la audiencia celebrada en el Juzgado Primero de Control del Primer Distrito judicial, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y presentaron los datos de prueba para pedir se resolviera su situación legal, pero pidieron las 144 horas para definir su condición jurídica, por lo que el Juez estableció que la audiencia continúe el próximo 26 de agosto. Por último, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, tras valorarlo, estableció que los ahora imputados deberán presentarse periódicamente ante el Centro Estatal de Medidas Cautelares, estar bajo el sometimiento y vigilancia de dicho Centro, no podrán salir del Estado sin autorización Judicial, no acercarse al lugar de los hechos y portar un localizador electrónico, medidas que estarán vigentes todo el tiempo que dure el proceso.
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