#JusticiaParaAbner Tras una protesta, los padres del menor, que murió durante una clase de natación en el Colegio Williams, se reunieron con las autoridades, pero ¿qué se sabe del caso?
La madrugada de este lunes, Rautel “N” se presentó acompañado por sus abogados, ante la Fiscalía especializada en Feminicidio de Nuevo León. El individio se presentó de manera voluntaria en la madrugada de este lunes 7 de noviembre ante la Fiscalía Especializada en Femincidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León, luego de que tuviera conocimiento de la orden de aprehensión en su contra girada por un juez de la Ciudad de México. Sin embargo, aseguró ante medios de comunicación que él es inocente y no mató a Ariadna, pero decidió presentarse ante las autoridades correspondientes para esclarecer lo sucedido en la noche del 30 de octubre.
A través de programas y acciones que permiten el empoderamiento y protección de las mujeres del Municipio, el Ayuntamiento de Mérida implementa mecanismos participativos e incluyentes que amplíen las oportunidades para que tengan una vida digna y libre de violencias, manifestó el Alcalde, Renán Barrera Concha. Entre los mecanismos participativos e incluyentes de la administración municipal, el Presidente Municipal informó que se implementó el proyecto Juribus que acercará los servicios del Instituto Municipal de la Mujer (IMM) a las mujeres de todas las edades que más lo necesitan. Explicó que esta iniciativa ofrece transporte gratuito, orientación y acompañamiento jurídico a las mujeres en situación de violencia, para trasladarlas a instancias gubernamentales como los juzgados Mercantiles y Familiares del Primer Departamento del Estado de Yucatán, Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Prodennay), el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM) y Centro de Justica para las Mujeres. “En el Municipio trabajamos para brindar protección a las mujeres, con programas y acciones enfocadas a prevenir cualquier tipo de violencia, por esa razón también trabajamos en coordinación con las organizaciones civiles e instancias gubernamentales para fortalecer los mecanismos enfocados a protegerlas”, expresó. En la inauguración de este proyecto, la síndico municipal, Diana Canto Moreno, y los representantes de organizaciones civiles a favor de los derechos de la mujer que integran el Consejo de Colaboración Municipal de las Mujeres, realizaron un recorrido interinstitucional en la unidad móvil Juribus con la finalidad de conocer las instancias de gobierno en materia de justicia que brindan apoyo y atención a mujeres por violencia de género. En el recorrido, acompañaron a Canto Moreno, Yahaira Centeno, subsecretaria de la Secretaría de las Mujeres y la regidora Alice Patrón Correa, además de los funcionarios municipales encargados del IMM. Sobre el tema, Fabiola García Magaña, directora del IMM, explicó que este programa forma parte del departamento de Servicios Especializados de Atención a las Violencias contra las Mujeres, con el objetivo de simplificarles el acceso a la justicia. “No sólo las acompañamos durante el todo el recorrido, sino que, además, les brindamos transporte durante todo el recorrido para que ellas se sientan seguras y tengan la certeza de que tendrán la atención adecuada en las instancias correspondientes para el proceso jurídico que llevan,”, subrayó. Algunas de las asistentes al recorrido, reconocieron la importancia de este programa impulsado por el Alcalde Renán Barrera, porque favorecer que más mujeres del Municipio tengan una vida libre de violencias, apropiarse de sus procesos y ejercer su autonomía con mayor calidad, confianza y certeza. Melba Abraham Achach de Medina, presidenta de la asociación Vida y Familia de Yucatán (VIFAC), mencionó que el contar con este apoyo, se promueve la igualdad de género pues permite que más mujeres tengan la seguridad y confianza de dirigirse a los sitios correctos para continuar con su proceso legal. “Este tipo de recorrido nos amplía más el panorama a nosotras como representantes de las organizaciones que apoyamos a las mujeres en situación de violencia y nos muestra a donde dirigirnos con ellas cuando llegan pidiéndonos ayuda”, destacó. Agregó que el hecho que más mujeres conozcan la existencia de este tipo de apoyo para ellas, les permite ejercer su derecho al libre tránsito y combatir con más fuerza situaciones de violencia por las que atraviesen ellas y sus hijos. “Aunque es un trabajo integral el que hacemos junto con el Ayuntamiento, por ejemplo, en nuestro caso, el traerlas a las dependencias a denunciar y a todo lo que ellas necesitan hacer les da mucho miedo, porque a veces no se cumple con lo que ellas están esperando y eso las hace temer por su vida”, comentó. Por su parte, Ivette Laviada de López, presidenta del Centro de Estudios y Formación Integral de la Mujer S.C. (Cefim), destacó que el conocer de manera vivencial el proceso que se sigue en materia de justicia permitirá a las asociaciones civiles orientar mejor a las mujeres que acuden a ellos en busca de ayuda ante alguna situación de violencia. “La verdad nos agrada mucho que nos den este recorrido, porque en el apoyo que nosotros damos en las organizaciones que trabajamos con mujeres pues nada como poderles decir fehacientemente a donde se pueden dirigir”, dijo. Finalmente, indicó que una mujer vulnerada se siente a veces con mucha inseguridad de asistir a las instancias estatales o municipales porque les da miedo no saber el camino o no saber cómo llegar, por eso el acompañamiento que ustedes le dan es valiosísimo. COMUNICADO
La fiscal capitalina, Ernestina Godoy, dice que hay datos de prueba sólidas para establecer la posible participación de dos personas en el feminicidio de Ariadna.
Resultado de un juicio oral en el que la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes, de la Fiscalía General del Estado (FGE), desahogó las pruebas para acreditar el delito de homicidio, Gabriel “N”. fue declarado penalmente responsable del ilícito y sentenciado a cinco años de internamiento y al pago de un millón 612 pesos en reparación del daño. El caso ocurrió en el año 2018, en la comisaría de Chablekal, cuando el ahora sentenciado tenía 17 años y junto con su padre atacó a golpes a Carlos “N”. En el ataque registrado el 7 de julio del 2018 el ahora fallecido intentó escapar de la agresión de la que era víctima, a bordo de su motocicleta, pero Gabriel interceptó y golpeó en la cabeza con un casco. La victima logró avanzar varios metros con su motocicleta, pero aparentemente perdió el conocimiento por los golpes que le dio con el casco, derrapó y quedó tirado inconsciente en el pavimento. El 18 de julio de ese mismo año, 11 días después del ataque, a causa del traumatismo craneoencefálico severo producido por una fractura en el cráneo, Carlos muere. En el desarrollo del proceso el ahora sentenciado interpuso apelación y amparo para revocar la vinculación en su contra; sin embargo, ésta fue confirmada por la Sala Unitaria Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, lo que derivó en la audiencia de juicio oral en la que fue encontrado responsable.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.A.B.Ch. por los delitos de violencia familiar y lesiones en razón de género, denunciados tras los hechos ocurridos en días pasados en el fraccionamiento Tixcacal Opichén de esta ciudad de Mérida, en agravio de su esposa, por lo que utilizará un localizador electrónico como parte de sus medidas cautelares. En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, el Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial declaró la legalidad en la detención del acusado y a continuación los fiscales de litigación formularon la imputación de los delitos y expusieron los datos de prueba de la causa penal 352/2022 para pedir la vinculación a proceso del encausado, quien solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que el Juez de Control convocó a las partes involucradas para continuar la audiencia inicial el próximo tres de noviembre. Los hechos, reunidos por los especialistas de la Fiscalía, ocurrieron el pasado 26 de octubre, cuando el imputado llegó al domicilio familiar y empezó a ejercer actos abusivos de poder en contra de su esposa quien se encontraba en su habitación, pero ante la agresión física, verbal y psicológica del imputado, solicitó ayuda a los vecinos, quienes llamaron a la policía y momentos después arribó una patrulla y la denunciante les permitió el acceso al domicilio para que pudieran detener al acusado, quien fue trasladado ante la Fiscalía para iniciar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente. La representación social expuso los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control estableció que el imputado acuda periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares, presentar una garantía económica, tiene prohibido salir del Estado sin autorización judicial, no debe acercarse a la víctima, testigos y domicilio donde ocurrieron los hechos, además del citado brazalete electrónico, todas las medidas se mantendrán vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
Por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, en contra de su pareja sentimental, fue detenido Víctor Adrián G. H., de 34 años de edad. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) adscritos a la Policía Estatal de Investigación (PEI), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), ejecutaron la orden de aprehensión contra el sujeto originario del Estado de México y de oficio mesero. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 26 en el domicilio de la pareja, en la colonia Pensiones. De acuerdo con la denuncia, el sujeto golpeó en repetidas ocasiones a la mujer en el rostro y el cuerpo y después le hizo varias cortadas con una tijera, amenazándola de muerte, tras lo cual huyó. En la vivienda estaban los cuatro hijos de la pareja, de 5, 6, 7 y 11 años de edad, quienes presenciaron la agresión a su madre. Los gritos de la víctima pidiendo ayuda alertaron a los vecinos y éstos a su vez a la Policía Estatal. Los elementos le proporcionaron los primeros auxilios y solicitaron una ambulancia de la propia corporación. Los paramédicos atendieron a la mujer y la trasladaron a un hospital. En cuanto al agresor, los agentes y fiscales investigadores de inmediato iniciaron las pesquisas, recabaron indicios, integraron la carpeta de investigación con base en la cual un Juez de Control emitió la orden de aprehensión.} Las cuatro niñas fueron atendidas y representadas por personal de PRODENNAY y quedaron bajo el cuidado de los abuelos maternos.
Acusados del delito de pornografía infantil después de difundir un par de videos de índole sexual de una menor de identidad reservada; C.A.B.S., C.A.Ch.S., W.A.N.E., A.E.A.A. y J.R.P.H. fueron vinculados a proceso tras ser revisadas las pruebas presentadas por fiscales adscritos a la Vicefiscalía Especializada en Justicia para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado (FGE). En el desarrollo de la audiencia celebrada en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes (CEAMA), esta representación social expuso los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación 35/2022, los cuales fueron considerados suficientes para otorgar el auto de vinculación a proceso de los cinco jóvenes, tras los hechos denunciados por la madre de la víctima, por lo que se otorgaron 30 días para el cierre de la investigación complementaria. Cabe precisar que durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación especializados en justicia para adolescentes, expusieron que los hechos ocurrieron entre los meses de mayo y agosto del año 2019, cuando uno de los imputados poseía en su celular dos videos de contenido sexual donde aparecía la víctima, mismos que fueron transmitidos entre ellos sin autorización e infringiendo la ley, por lo que se interpuso la querella correspondiente, misma que derivó en el presente caso. Por último, se establecieron como medidas cautelares para los cinco involucrados, la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial, someterse al cuidado y vigilancia permanente de sus padres, no acercarse a la víctima ni a los lugares que frecuente y no deben contactar a la afectada por ningún medio electrónico o digital durante todo el tiempo que dure el proceso.
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