El caso ya tiene más de un año, pero retomó nuevamente fuerza en redes sociales, pues una de las involucradas en el atroz crimen que sacudió a toda la comunidad de Sonoyta, ya está libre tras solo pasar 11 meses en reclusión.
Un tiroteo ocurrido en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán, México ha conmocionado al país, luego de que un adolescente de 15 años abriera fuego dentro del plantel, causando la muerte de dos maestras. El ataque, ocurrido el 24 de marzo de 2026, generó escenas de pánico entre estudiantes y docentes, mientras autoridades lograban detener al agresor tras el violento suceso. Las investigaciones apuntan a que el joven ya había mostrado señales preocupantes en redes sociales, con mensajes de odio y referencias a violencia extrema. El caso ha encendido el debate sobre la radicalización digital, el acceso a armas y la salud mental en jóvenes, así como sobre los límites del sistema de justicia para adolescentes en México. Más allá del hecho, lo ocurrido deja una alerta clara sobre un fenómeno que comienza a repetirse.
Un alumno de 15 años fue detenido como presunto responsable del homicidio de dos maestras al interior de la Preparatoria Anton Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas, en Michoacán tras un ataque con arma de fuego que generó conmoción entre la comunidad educativa. #Nacional Mata a balazos a dos maestras dentro de prepa de Michoacán; detienen a estudiante de 15 años LEE👉: https://t.co/lBmBxKROQS pic.twitter.com/K7g8iTcICF — Tribuna de la Bahía (@tribuna_bahia) March 24, 2026 De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron dentro del plantel ubicado en la zona Centro, sobre la calle Francisco Villa. Al arribar al lugar, elementos de seguridad y servicios de emergencia localizaron a dos mujeres con heridas de bala en distintas áreas de la institución, quienes fueron identificadas de manera preliminar como docentes. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó en sus redes sociales que, tras un reporte del C5 Michoacán por detonaciones de arma de fuego en la zona, elementos de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Municipal implementaron un operativo que permitió la detención de un adolescente presuntamente relacionado con los hechos. El menor fue asegurado en el sitio y puesto a disposición de las autoridades competentes, donde se determinará su situación jurídica conforme a la legislación aplicable para adolescentes. Por motivos legales, su identidad permanece bajo reserva. Hasta el momento, no se han esclarecido las causas del ataque. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran el momento en que el joven es detenido a las afueras del plantel y trasladado bajo custodia policial.
Después de ser revisados los datos y elementos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue vinculada a proceso S.O.L. por el delito de fraude específico, tras presuntamente vender una camioneta de la cual no tenía la posesión legal, por lo que permanecerá en prisión como medida cautelar. Al reanudarse la audiencia ante la Juez Primera de Control en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la autoridad judicial consideró suficientemente probatorios los datos de prueba presentados por los fiscales de litigación, por lo que dictó el citado auto de vinculación a proceso en los términos solicitados por esta representación social, otorgando además un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. Cabe recordar que durante la audiencia inicial, los fiscales de litigación lograron establecer que la imputada ofreció intercambiar una camioneta que tenía en su posesión por el auto compacto del querellante, lo cual realizaron el 8 de enero del 2025. Pero cuando la víctima intentó vender la camioneta, ésta le fue retenida, lo que le ocasionó un perjuicio económico, tal como consta en la carpeta de investigación de la causa penal 338/2025. Finalmente, antes de concluir la diligencia, se les recordó a las partes que continuará vigente la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que la acusada permanecerá privada de su libertad hasta esclarecer su participación en los hechos denunciados.
Tras la atención de un reporte y el desarrollo de labores de investigación, fueron detenidas dos personas por su probable participación en un robo con violencia cometido en el fraccionamiento Francisco de Montejo, en Mérida. Los hechos se conocieron luego de que una mujer de 62 años fuera localizada lesionada en la vía pública. De acuerdo con la información recabada, la afectada refirió que, al transitar en su vehículo, otra unidad le cerró el paso y de ella descendieron un hombre y una mujer, quienes presuntamente la agredieron físicamente y le sustrajeron su bolso. Paramédicos de la SSP le brindaron atención prehospitalaria y posteriormente fue trasladada a un hospital para su valoración médica. El vehículo de la afectada quedó bajo resguardo de un familiar. A partir de estos hechos, la SSP activó un trabajo coordinado de análisis mediante el sistema de videovigilancia del C5i y agentes de investigación de campo, lo que permitió identificar y detener a dos probables responsables: R.T.G., de 58 años, originario de Tlaxcala, y C.I.V.M., de 39 años, originaria de Tabasco. La mujer sigue internada en el ISSSTE Susulá debido a la golpiza que le pusieron para quitarle su bolso.
Acusado de agredir sexualmente a una adolescente en la localidad de Poxilá, comisaría de Umán, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.A.A.C. por el delito de violación equiparada, tras los hechos ocurridos entre enero y febrero pasados. Al comenzar la audiencia en el Centro de Justicia Oral de Umán, los fiscales de litigación imputaron el delito y expusieron los datos de prueba reunidos en la causa penal 20/2026 para solicitar la vinculación a proceso del acusado, quien se acogió a la duplicidad del término constitucional, por lo que será en fecha próxima que se defina su condición jurídica. Con relación a los hechos, de acuerdo con la indagatoria realizada por esta representación social, ocurrieron en por lo menos dos ocasiones entre enero y febrero del presente año, cuando el acusado presuntamente aprovechaba cuando se encontraba a solas con la menor para agredirla sexualmente por medio de la violencia. Por último, antes de finalizar la diligencia, se expusieron los argumentos para sustentar la solicitud de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por la Juez de Control del Cuarto Distrito por todo el tiempo que dure el proceso.
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que, tras un reporte recibido a través de la línea de emergencias 9-1-1, se atendió a una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el fraccionamiento Encinos II, del municipio de Kanasín. De inmediato se enviaron unidades de emergencia para brindar atención prehospitalaria y realizar el traslado del paciente a un centro médico, a fin de que recibiera atención especializada. En paralelo, desde el primer momento se activó un operativo de búsqueda para la localización de los probables responsables. Como parte de estas acciones se realizó el análisis de videovigilancia del C5i y de cámaras particulares en la zona, lo que permitió la detención de una persona presuntamente relacionada con el hecho. De acuerdo con información recabada en las primeras diligencias, el caso podría estar vinculado a un conflicto personal previo; esta línea se mantiene bajo verificación por las autoridades competentes. La SSP mantiene coordinación con autoridades ministeriales y municipales para el seguimiento de las diligencias correspondientes. Por tratarse de una investigación en curso, no es posible proporcionar mayores detalles para no comprometer el debido proceso. Se exhorta a la ciudadanía a reportar de inmediato cualquier situación de riesgo o conducta sospechosa al 9-1-1. También está disponible el 089 para denuncias anónimas.
Una vez que fue declarado penalmente responsable del delito de violación, tras las pruebas aportadas por la Fiscalía General del Estado, F.A.C.R. fue sentenciado a 56 años de prisión y 500 UMAS de multa, durante la audiencia de individualización de penas celebrada ante el Tribunal Colegiado Primero de Enjuiciamiento. La Fiscalía obtuvo el fallo condenatorio al presentar las pruebas periciales suficientes que permitieron sentenciar al encausado además de la pena de prisión, al pago de la reparación del daño moral por 100 mil pesos, prohibirle de forma permanente acercarse a la víctima o su domicilio, después de compurgar su pena en prisión. Durante la misma audiencia, el encausado fue sentenciado a participar en programas de prevención de violencia contra las mujeres, le fueron suspendidos sus derechos políticos y no podrá solicitar los beneficios de sustitución de sanciones, por lo que deberá cumplir su pena en prisión. Cabe recordar que el caso fue desahogado durante su etapa inicial bajo la causa penal 08/2024 ante el Juez de Control del Quinto Distrito, donde los fiscales de litigación lograron establecer que los hechos ocurrieron entre los meses de noviembre y diciembre del 2020 en agravio de una joven de 17 años en un predio de la colonia Centro de Tizimín. Antes de finalizar la diligencia, se solicitó y se autorizó la dispensa de la audiencia de lectura y explicación de sentencia, por lo que quedan en firme las penas mencionadas.
Acusados de privar de la vida a una persona en la localidad de Tixcacaltuyub, F. de J. P.Ch., E.H.M.C. y R.M.C. fueron imputados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por el delito de homicidio calificado cometido en pandilla, tras los hechos ocurridos en días pasados y por los que permanecerán bajo prisión preventiva justificada y oficiosa. Durante la audiencia inicial realizada ante el Juez de Control del Quinto Distrito con sede en Valladolid, los fiscales de litigación imputaron el delito y también argumentaron la vinculación a proceso, pero los encausados solicitaron que su situación se resuelva dentro del plazo constitucional, por lo que será en audiencia próxima que se defina su condición jurídica. De los hechos, reunidos en la causa penal 19/2026, se logró establecer que ocurrieron el pasado 23 de febrero, cuando los acusados se apersonaron al predio ubicado en la calle 14 por 23 de la citada localidad, comisaría de Yaxcabá. De acuerdo con la indagatoria, los imputados contaban con un arma de fuego y piedras, con las cuales rodearon a la víctima, M.A.P.C., a quien presuntamente dispararon y arrojaron una piedra, causando su muerte en el lugar de los hechos. Por último, antes de finalizar la diligencia, esta representación social expuso los argumentos para solicitar la prisión preventiva justificada y oficiosa como medida cautelar, la cual fue concedida por el Juez de Control por el plazo de dos años, tiempo durante el cual permanecerán privados de su libertad.
La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.D.CH.M., por el delito de fraude, tras ofrecer sus servicios como mecánico de autos para realizar una reparación, por la que comenzó a pedir diversas cantidades de dinero a lo largo de dos meses sin devolver el vehículo, por lo que fue denunciado. Se estableció en la indagatoria que el 21 de agosto de 2023, la ahora denunciante sufrió una avería en su vehículo Chevrolet Cruize cuando se encontraba en la colonia Amapolita, momento en el que el arriba mencionado se le acercó y le ofreció sus servicios como mecánico. Tras ello, el encausado presuntamente le pidió que trasladara dicho vehículo a su taller ubicado en la colonia Amapola, donde comenzó a solicitar diversas cantidades de dinero bajo el argumento de realizar reparaciones, transcurriendo el tiempo de agosto hasta octubre de ese mismo año, sin que el imputado cumpliera con las reparaciones, ni con la entrega del vehículo, por lo que fue denunciado. En seguimiento a la causa penal 761/2025, en audiencia se formuló la imputación y se argumentó la vinculación; no obstante, la defensa se acogió al plazo de 144 horas y se fijó el dos de marzo para reanudar la sesión correspondiente. En tanto, al imputado se le impusieron medidas cautelares diversas que incluyen firma periódica, garantía económica de seis mil pesos y la prohibición de salir del Estado sin autorización judicial, por todo el tiempo que dure el proceso.
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