Miguel Ángel Solano Ruiz, conocido como “Capitán Sol”, fue vinculado a proceso por su presunta participación en una red de huachicol fiscal en aduanas marítimas. Una jueza ratificó la prisión preventiva del exmarino, quien permanecerá en el penal del Altiplano. La FGR tendrá seis meses para concluir la investigación complementaria.
El alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y el exalcalde Alexis Nucamendi fueron detenidos este sábado durante un operativo de seguridad realizado en Chiapas 🔎 El Gabinete de Seguridad informó que 21 personas fueron aprehendidas como parte de la Operación Enjambre, entre ellas funcionarios y elementos de la Policía Municipal 🚨 De acuerdo con las autoridades, las detenciones están relacionadas con la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa 👮 El operativo ocurre días después de la detención del entonces director de la Policía Municipal, Jesús Antonio “N”, quien es investigado por la presunta evasión de un detenido ⚖️ La investigación también busca esclarecer si existió alguna responsabilidad de funcionarios municipales en la fuga de Humberto “N”, alias “La Gretel”, ocurrida el pasado 25 de septiembre 📍 Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar la participación de cada una de las personas detenidas y definir su situación jurídica
Entrega edil cámaras corporales a inspectores municipales que garanticen el buen ejercicio de sus funciones. -Los dispositivos permitirán documentar entrevistas y actuaciones realizadas durante las labores de inspección. La presidenta municipal de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, entregó 57 cámaras corporales a inspectoras e inspectores de las áreas de Desarrollo Urbano, Gobernación y de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados, con el objetivo de combatir la corrupción, fortalecer la transparencia y brindar mayor certeza a las y los ciudadanos. “En Mérida queremos una autoridad que actúe de frente, con transparencia y siempre apegada a la ley. Estas cámaras corporales son una herramienta para documentar el trabajo de nuestras inspectoras e inspectores y dar certeza a la ciudadanía. Queremos que cada actuación de la autoridad municipal sea clara, objetiva y pueda ser verificada”, afirmó la edil. En un acto simbólico que tuvo lugar en el patio central del Centro Cultural Olimpo, la alcaldesa destacó que Mérida avanza hacia un modelo de gobierno en el que la actuación de la autoridad pueda ser documentada, verificada y evaluada, utilizando la tecnología como una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana. Explicó que los dispositivos, permitirán documentar entrevistas y actuaciones realizadas durante las labores de inspección, al tiempo que contribuyen a prevenir malas prácticas y posibles actos de corrupción. “Estas cámaras no son para vigilar a nuestra gente; son para dar certeza sobre cómo actuamos como autoridad. Sabemos que la confianza se construye con hechos, y hoy damos un paso más para fortalecerla. Queremos servidores públicos que sepan que su trabajo debe hacerse siempre con responsabilidad, respeto y estricto apego a derecho”, señaló. De las 57 cámaras corporales entregadas 24 fueron para inspectoras e inspectores de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados, 17 para los de Gobernación y 16 para Desarrollo Urbano. Como parte de esta primera entrega recibieron los equipos Silvia Díaz Aké, inspectora de la Secretaría Técnica del Servicio Público de Mercados; Pablo Duperón Gómez, inspector de la Dirección de Gobernación, y Liliana Ariel Arzate Ramírez, inspectora de la Dirección de Desarrollo Urbano. Cecilia Patrón resaltó que esta medida forma parte de las acciones para consolidar un Ayuntamiento cercano, responsable y comprometido con la legalidad. “Agradezco a Silvia, a Pablo y a Liliana, quienes hoy reciben simbólicamente estos equipos, y a todo el personal de inspección su compromiso con un servicio público honesto. Seguimos construyendo un Ayuntamiento cercano, responsable y con cero tolerancias a las malas prácticas porque en Mérida, la autoridad está para servir, y servir bien también significa rendir cuentas claras”, apuntó. La directora de Innovación y Gobierno Inteligente, Lissette Estrada Ortega, explicó que los dispositivos forman parte del Servicio de Comunicación para Control y Monitoreo Remoto Mediante Dispositivos Móviles y cuentan con características diseñadas para el trabajo operativo, entre ellas pantalla táctil de seis pulgadas, cámara de 48 megapíxeles con capacidad de grabación Full HD o superior, conectividad 4G LTE y/o 5G, GPS de alta precisión, memoria RAM mínima de 6 GB, almacenamiento interno de 128 GB y batería superior a 5,000 mAh. Asimismo, cuentan con capacidades de geolocalización, administración remota y resguardo seguro de evidencias digitales, lo que permitirá fortalecer los mecanismos de documentación y seguimiento de las actuaciones realizadas por el personal municipal. Con estas acciones, el Ayuntamiento de Mérida incorpora herramientas tecnológicas a las labores de inspección para fortalecer la transparencia y generar mayor certeza sobre la actuación de sus servidores públicos, bajo la premisa de que cuando la autoridad actúa con legalidad y transparencia, gana la ciudadanía y gana Mérida. En el evento acompañaron a la alcaldesa, el diputado local David Valdéz Jiménez; Edgar Ramírez Pech, secretario municipal; el regidor Juan de Dios Collí Pinto; Lizbet Basto Avilés, coordinadora general de Buen Gobierno; Alfonso Lozano Poveda, secretario técnico de Mercados; Marisol Solís Méndez, directora de Desarrollo Urbano, y Carmen González Martín, directora de Gobernación.
Portal la pone en renta por más de 323 mil pesos A unos días de que Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fuera visto en Suiza por el reportero de Azteca Noticias, Irving Pineda, corre la versión de que el empresario tabasqueño dejó el lujoso recinto. Así lo dio a conocer el periodista Claudio Ochoa, quien señaló este dato al mencionar que la propiedad se encuentra disponible para su renta por 15 mil francos, lo que equivale a poco más de 323 mil pesos mexicanos. De acuerdo con la página Homegate.ch, un portal popular en dicha región, la residencia se ubica “en la codiciada zona de Montagnola–Gentilino” y está diseñada para “aquellos que aprecian el espacio, la luz natural, la privacidad y las hermosas vistas”. Según el reporte de Irving Pineda, quien viajó en búsqueda del empresario y siguió su pista por algunos días, el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, vivía aislado en Lugano en compañía de su esposa, sus dos hijos y “una señora que le ayuda con las labores de la limpieza” en una casa roja de tres pisos, con alberca arriba y un comedor al aire libre; sin embargo, no quiso hacer declaraciones y mostró una actitud agresiva. ¿Cómo es la casa de Amílcar Olán? En la página web de la inmobiliaria se describe a la residencia de lujo como un espacio disponible “inmediatamente” o “de acuerdo a su tiempo preferido”. El inmueble cuenta con 6 habitaciones distribuidas en tres pisos, cuatro baños, elevador, piscina y vistas al lago de Lugano que te brindan “una rara sensación de tranquilidad”. Homegate.ch la describe como “una maravillosa combinación de elegancia, espacio, privacidad e impresionantes vistas sobre el lago de Lugano”. También se observa su vista abierta y panorámica a una zona natural cerca del lago. Cuenta con gimnasio, sauna y techos de 3 metros de altura, así como todos los servicios básicos. “La amplia sala de estar se abre a una terraza soleada, creando el entorno perfecto para disfrutar del entorno tranquilo y las magníficas vistas del lago y el paisaje de Montagnola”, se lee en la información disponible del lugar. En redes sociales, el periodista Claudio Ochoa compartió el enlace directo a la página donde se ofrece la residencia y aseguró que a menos de una semana del escandalo, “Amílcar ya desalojó el departamento en Suiza”. Por su parte, el periodista Manuel López San Martín dio reporte de la renta de la casa durante su programa “Hechos AM”, de TV Azteca, y según lo expuesto por ambos comunicadores, el empresario “agarró sus maletas” y se fue, aunque hasta ahora, el empresario ni su amigo “Andy” López Beltrán han salido en su defensa. Amílcar Olán, ligado a contratos millonarios y corrupción La actual controversia que protagoniza el empresario Amílcar deriva de los señalamientos en su contra sobre supuestos actos de corrupción por presuntamente estar ligado a contratos millonarios durante los gobiernos de la 4T. Asimismo, es señalado de ser parte de una red de tráfico de influencias por su cercanía con “Andy” López. Cabe destacar que hasta el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no ha informado si existe alguna investigación en contra del empresario, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a investigar sólo si existen suficientes pruebas en su contra. “Si la fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de donde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga”, dijo la mandataria federal durante su conferencia de prensa mañanera. EL UNIVERSAL
El diputado Bayardo Ojeda advirtió que si se siguen tolerando los cobros de derecho de piso del grupo La Concordia, que encabeza Jaime Manrique, Mérida corre el riesgo de quedar como Playa del Carmen o Tulum, donde los extorsionadores arruinaron el turismo por las altas cuotas que les cobran a los comerciantes. En un video en vivo, el legislador mencionó que La Concordia extiende sus tentáculos en Ciudad Caucel, Las Américas y Los Héroes, además del centro de la ciudad y tianguis en colonias populares. En un comunicado que ya borraron, La Concordia trató de justificar su ilegalidad argumentando que ellos organizan a los vendedores ambulantes de la ciudad, y que sin ellos eso no sería posible, por lo que insinuaron que son un “mal necesario”. LA CONCORDIA NO ES AUTORIDAD PARA COBRAR Bayardo refutó esta versión, pues La Concordia no es una autoridad para hacer esos cobros, sino que el Ayuntamiento debe organizar un sistema para que los vendedores paguen de manera mensual o bimestral en los módulos que hay en varios puntos de la ciudad. Ahí se les puede dar un tarjetón del Ayuntamiento y los inspectores municipales pueden ir a verificar periódicamente que los vendedores cumplan con la asignación de espacios y que haya orden. También puede intervenir salubridad para verificar la limpieza de los puestos y el manejo higiénico en el caso de los que vendan alimentos. MEDIO MILLÓN AL MES PARA LA CONCORDIA Bayardo Ojeda hizo un cálculo de los ingresos que obtiene La Concordia por extorsionar cada lunes a los vendedores. En Ciudad Caucel hay 400 vendedores, a los que les cobran desde 250 hasta 500 pesos dependiendo del tamaño y del giro. “Si ponemos un promedio de 300 pesos multiplicado por 400 vendedores, nos da una cantidad de 120 mil pesos a la semana, es decir, 480 mil al mes, que no benefician a las arcas municipales, sino a los líderes de La Concordia”, afirmó el diputado. Por ahora hay dos vendedores que ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía y la PEI ya investiga. Sin embargo, Bayardo consideró que eso no va a acabar con el problema de raíz, porque eso no va a detener las extorsiones de La Concordia.
Miguel Sánchez Altamirano, alcalde de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, fue detenido este miércoles 23 de septiembre durante un operativo de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), seguridad federal y estatal. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Miguel Sánchez fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios. Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región. Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra. Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según las investigaciones, desde el gobierno municipal el edil brinda cobertura política y económica al grupo criminal, facilitándoles las cámaras de C2 y alertándolos de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal. Además, el alcalde se encargaba de controlar el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, así como a pequeños y medianos comerciantes establecidos en el municipio. Sus actividades delictivas para la organización criminal no terminan ahí, ya que las indagatorias de las autoridades también permitieron identificar que Sánchez Altamirano compraba armas y controlaba casas de seguridad de Los Cromo para el tráfico de migrantes.
Autoridades aseguraron casi 59 millones de litros de presunto hidrocarburo en San José Iturbide, Guanajuato, en un inmueble de la comunidad de La Fragua. El volumen equivale a cerca de 374 mil barriles o al contenido de 1 mil 966 pipas con capacidad de 30 mil litros cada una. Durante el cateo fueron localizados 10 tanques de almacenamiento, 3 unidades de carga, contenedores y documentación relacionada. Las primeras revisiones indican que el producto presenta características de diésel, gasolina regular y gasolina premium. El secretario de seguridad y paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, reveló que el aseguramiento es resultado de alrededor de 30 días de trabajos de inteligencia coordinados con autoridades federales. La investigación continúa y aún no se puede determinar si el combustible es robado, ingresó ilegalmente al país o fue almacenado y comercializado de manera ilícita.
Fernando ‘N’, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por haber encabezado la red criminal de Los Primos, dedicada al trasiego de combustible robado y al lavado de recursos, fue ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de ser expulsado de Argentina. Luego de haber sido certificado médicamente y que la Fiscalía le cumplimentara una orden de aprehensión en su contra, fue trasladado en un helicóptero al penal del Altiplano, en el municipio de Almoloya de Juárez. Se prevé que sea agendada una audiencia en su contra, en la cual se le formule una imputación formal por su probable participación en una red que hacía pasar millones de litros de diésel por aditivos con la finalidad de evadir impuestos. El sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, estuvo tres horas en el hangar de la Fiscalía General de la República (FGR), tras arribar procedente de Argentina donde fue expulsado, luego de que el gobierno de México se desistió de su extradición. Durante su estancia en el hangar de la FGR, le fue cumplimentada la orden de aprehensión por delincuencia organizada y se le practicaron exámenes médicos. Será puesto a disposición del juez del Centro de Justicia Penal Federal que lo requiere por huachicol fiscal.
El senador Enrique Inzunza negocia ser testigo cooperante en EU tras ser acusado de nexos con Los Chapitos, con quienes habría operado para ganar la elección en ese estado, al igual que se supone que se hizo para que ganara Rubén Rocha Moya.
El Departamento de Justicia de EU acusó al gobernador Rubén Rocha y otros funcionarios por presuntamente estar asociados al Cártel de Sinaloa. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y Enrique Inzunza Cazarez, senador de Morena, entre otros 8 funcionarios o exfuncionarios estatales, fueron acusados formalmente por presunta asociación con el Cártel de Sinaloa y por delitos de tráfico de drogas y conexos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”, apuntó el Departamento de Justicia estadounidense en un comunicado este miércoles 29 de abril. El Cártel de Sinaloa fue designado como grupo terrorista por autoridades de EU el año pasado, al igual que otros cárteles mexicanos. La acusación formal incluye al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como al senador Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Saavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, a/k/a ‘Cholo’, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias ‘Tornado’, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, alias ‘Juanito’, todos señalados por delitos de tráfico de drogas y armas. En tanto, Juan Valenzuela Millán también es señalado por “delitos relacionados con su participación en secuestros de una fuente de la DEA y de un familiar de la fuente que resultaron en sus muertes”. Rendición de cuentas para la seguridad de nuestros pueblos 🇺🇸🇲🇽https://t.co/udTIVwKbKg pic.twitter.com/1kM2yAXuW9 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 29, 2026 ¿De qué delitos es acusado Rubén Rocha por EU? La acusación de Estados Unidos señala que Rubén Rocha y el resto de funcionarios participaron en una conspiración “corrupta y violenta” con el Cártel de Sinaloa, con el fin de importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos. Según EU, los funcionarios protegieron a líderes del Cártel de Sinaloa de ser investigados, arrestados y enjuiciados; además, presuntamente habrían entregado información confidencial de seguridad y del Ejército al cártel para facilitar sus actividades delictivas. Asimismo, el reporte de EU señala que los funcionarios ordenaron a policías estatales, municipales para que protegieran los cargamentos de drogas que son almacenados en México y trasladados a EU. El gobernador Rubén Rocha Moya es acusado en Estados Unidos con los cargos de: Conspiración para la importación de narcóticos Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos Conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. Por esos delitos podría enfrentar una pena de cadena perpetua o hasta 40 años de prisión.
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