La Fiscalía General del Estado (FGE) formuló la imputación a J.M.C.C. por el delito de fraude específico, denunciado tras su negativa de cumplir con un pago acordado con los denunciantes a cambio de su asesoría en varios servicios jurídicos.
Tras la denuncia interpuesta, los especialistas de la Fiscalía iniciaron la indagatoria, de la cual se desprende que en mayo del 2010, el encausado se reunió con los denunciantes para contratar sus servicios jurídicos en algunos temas legales que estaba atravesando, por lo que tras pactar el pago a liquidar al concluir los procesos, los afectados representaron legalmente al imputado y cumplieron su parte del acuerdo.
Sin embargo, al pedir el pago establecido y tras varias evasivas, el imputado denotó que desde el principio no estaba dispuesto a cumplir.
Durante la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Oral de Mérida, los fiscales de litigación formularon la imputación del delito y a continuación expusieron los datos de prueba para pedir se resolviera la situación legal del imputado, quien se acogió a la ampliación del término constitucional para definir su condición jurídica, por lo que el Juez Primero de Control estableció que la audiencia se reanude el próximo siete de junio.
Por último, se realizó la exposición de los argumentos para solicitar la imposición de medidas cautelares, por lo que el Juez de Control, tras analizarlo, estableció que el encausado deberá acudir periódicamente a firmar al Centro Estatal de Medidas Cautelares y tiene prohibido salir del País sin autorización judicial, mismas medidas que se mantienen vigentes por todo el tiempo que dure el proceso.
