La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) recibió durante el año 2022, en promedio, ocho solicitudes de servicio al día, que suman un total de 2,793 peticiones de intervención, de las cuales 1,359 fueron canalizadas a instancias correspondientes, 950 fueron integradas como expedientes de gestión y 305 como quejas.
El Presidente de la CODHEY, Miguel Oscar Sabido Santana, presentó ante el Poder Legislativo el Informe Anual de Actividades del año 2022, el cual fue entregado en Sistema Braille, así como de manera digital en lengua maya, a fin de que sea accesible para cualquier persona que desee consultarlo.
En dicho informe, se da a conocer que, en el periodo reportado, el organismo autónomo registró, derivado de las quejas recibidas, un total de 902 hechos violatorios de derechos humanos, clasificados en 65 causas, de las cuales las más recurrentes fueron, en primera instancia, la prestación indebida del servicio público, seguido de detención arbitraria, lesiones, violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad, y amenazas.
En ese sentido, un total de 68 autoridades fueron señaladas como responsables de violaciones a derechos humanos, siendo las corporaciones policiacas estatal y municipales, autoridades educativas y sanitarias, las más señaladas.
Además, fueron dictadas 220 medidas precautorias y cautelares a un total de 60 autoridades, con el fin de evitar la consumación irreparable de violaciones a derechos humanos reclamados o que pudieran causar daños de difícil reparación a las personas afectados.
Es importante señalar que la CODHEY también realizó 57 diligencias relativas al incidente de presentación de personas, para su búsqueda y localización, y presentó 22 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por actos que, además de ser presuntas violaciones a derechos humanos, constituían posibles hechos delictivos.
En el año 2022 fueron emitidas 41 recomendaciones dirigidas a un total de 19 autoridades, de las cuales la mayoría ha sido aceptada. Además, un total de 113 servidores públicos estatales y municipales fueron sancionados, producto de las investigaciones del organismo autónomo.
De forma adicional, se realizaron un total de 256 supervisiones en establecimientos públicos estatales y municipales destinados para la detención preventiva, custodia, aplicación de medidas y reinserción social; hospitales, asilos, albergues, centros de salud y de asistencia social; centros de tratamiento, atención o internamiento de niñas, niños, adolescentes, de personas con discapacidad psicosocial, de personas que viven con VIH o sida y demás en situación de vulnerabilidad.
Se realizaron un total de 9,438 diligencias con el propósito de notificar oficios, ratificar quejas, realizar investigaciones, llevar audiencias de conciliación, emitir Recomendaciones y gestionar su aceptación y/o cumplimiento, entre otros. De igual manera y con el fin de vigilar el respeto y garantía de los derechos fundamentales, se participó como observadores en marchas, manifestaciones y audiencias públicas, así como en las mesas para la Construcción de la Paz.
En el periodo señalado, se firmaron 102 convenios que redundaron en más de 750 actividades con instituciones públicas y privadas, universidades, instituciones educativas, organizaciones de la sociedad civil, empresas y organismos defensores de derechos humanos y en las que fueron capacitadas 48,370 personas.
Asimismo, se signaron acuerdos de colaboración con los 106 Ayuntamientos de la entidad y con quienes se realizaron mesas regionales de trabajo en las cuales se promovió la creación de reglamentos municipales en materia de derechos humanos y la implementación del Protocolo de Actuación diseñado por la CODHEY, para servidores públicos municipales en casos de violaciones cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes.
