En sesión ordinaria, el diputado Esteban Abraham Macari entregó una iniciativa para crear el “Reconocimiento al Mérito Agropecuario del Estado de Yucatán”, a fin de premiar a mujeres y hombres que se hayan distinguido en el ámbito del sector primario, incluyendo la ganadería, agricultura, silvicultura y acuacultura con labores dignas de destacar en beneficio del estado.
“Se propone que el otorgamiento del reconocimiento en cuestión se realice en el marco de la celebración de la Feria de Yucatán, misma que se celebra entre los meses de noviembre y diciembre de cada año, y en la que se exhibe la fortaleza del sector primario de nuestra entidad; con el objetivo de reconocer la importancia del medio rural como primer peldaño de la cadena productiva para el bienestar social, económico y ambiental de la humanidad”, dijo.
En asuntos generales, la diputada Vida Gómez Herrera, ante las y los legisladores hizo uso de la máxima Tribuna para expresar que no se puede ser indiferente ante la reforma que se votó en el Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que extingue 13 de sus 14 fideicomisos.
“La bancada naranja del Senado, de la Cámara de Diputados y de todos los Congresos Locales, estamos para respaldar y defender a las personas trabajadoras que son las que mantienen a este país de pie. Y esto también va para las personas trabajadoras del Gobierno Estatal”, expresó.
En su turno, la diputada Jazmín Villanueva Moo señaló “que marchen los ministros, llevan cuatro sexenios cobijados en su arrogancia y prepotencia, como dice el presidente, penoso que salgan a marchar por dinero y no por más juzgados o un nuevo sistema que elimine la impunidad en México.
Pronto habrá una nueva mayoría y una de las primeras cosas que haremos aquí será retirar el nombre del ministro que tiene una de nuestras salas, y en su lugar fijar el nombre de Benito Juárez y de José María Morelos y Pavón, quienes representan al pueblo”.
El diputado Crescencio Gutiérrez González dijo que “desde esta Máxima Tribuna me solidarizo con las causas y la lucha que emprenden las y los trabajadores del Poder Judicial, ya que su reclamo social tiene fundamento constitucional y como legisladores debemos velar por el respeto irrestricto a nuestro Estado de Derecho y, por ende, a los derechos humanos de todas y todos”.